Un reciente informe enviado por el
gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha
habido malversación de dinero público en la organización y celebración
del referéndum del pasado 1 de octubre.
Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la
Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no
ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal
Montoro.
La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa
el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de
participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición,
malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo
construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos
van cayendo.
Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final,
sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la
extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro
consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara
Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.
El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido
dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones
que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de
"consultas electorales" había sido destinada por parte
de la Generalitat a organizar el 1-O.
Los altos cargos del Govern lo
habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del
Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo
tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo
el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a
partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.
De los otros cuatro presuntos
delitos, diferentes juristas han venido
sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo
ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos,
personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con
el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado
emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
Mena
y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un
punto de vista concluyente desde una mirada muy distante
ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a
Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los
delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada
Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que
emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.
Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso
que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial
que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo
catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo,
fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán
que juzgar también este caso.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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