Esta semana, el Tesoro lanza varias emisiones de Deuda Pública al
mercado, una parte este martes, otra el jueves. La primera se traducirá
en la emisión de Letras a corto plazo y la segunda en diversas
colocaciones a plazos medios y largos. La primera todavía se beneficiará
de los tipos de interés negativos mientras las emisiones a tres años o
más están mostrando en las últimas emisiones una cierta tendencia
alcista. De hecho, las Obligaciones a 10 años en el mercado secundario
se están colocando ya en torno al 1,50% o ligeramente por encima, como
posiblemente suceda este jueves en el mercado primario o de emisiones.
La posición de endeudamiento del Estado no es precisamente
confortable en la medida en que ronda o supera el 100% del PIB cuando en
el inicio de la crisis la deuda del sector público representaba menos
del 40% del PIB. Estamos ahora en una posición bastante menos cómoda
que hace diez años y con la lamentable experiencia de haber dejado
transcurrir tres años con la economía en expansión, con avances del 3%
del PIB anual o superiores y sin que ello haya sido aprovechado para
recortar en alguna medida el alto grado de endeudamiento público.
Si en una etapa de crecimiento sólido como la que estamos atravesando
todavía (aunque en trance de debilitarse, quizás a corto plazo) y con
tipos de interés sumamente bajos, algunos de ellos incluso negativos,
el país no consigue domesticar la deuda, el riesgo futuro es bastante
inquietante ya que los costes financieros de la deuda y un menor grado
de disponibilidad de recursos debido al menor crecimiento del PIB pueden
ocasionar una espiral de muy difícil gestión, con aumentos adicionales
de deuda y crecientes dificultades para afrontar los compromisos del
gasto público.
Este es el horizonte al que por desgracia se enfrenta el país en el
corto y medio plazo. Las especulaciones que circulan estos días en
medios económicos señalan que la economía se está debilitando por
diversos motivos, buena parte de ellos llegados del exterior, como la
subida de los precios energéticos, los riesgos ya más que latentes de
guerra comercial, la menor actividad económica en la zona euro y, para
dentro de unos meses, el seguro desmontaje de la política monetaria
fuertemente expansiva que el BCE ha estado desarrollando durante estos
últimos años y que a partir de la mitad del año 2019 quizás se traduzca
en las primeras subidas de tipos de interés, a imitación de lo que ya
está haciendo desde hace varios meses la Reserva Federal de Estados
Unidos. Todos estos factores van a dificultar la continuidad del
crecimiento económico español en el inmediato futuro.
Ante tal estado de cosas, la política económica que desarrolle el
Gobierno español no debería ir orientada a una expansión del gasto y de
la fiscalidad, como ya se hizo en etapas anteriores, con el impacto ya
conocido. Lo que pide ahora el manejo de la economía es estímulo más
que endurecimiento fiscal y, en paralelo, gasto público controlado y a
ser posible orientado hacia una mejora de la competitividad de la
economía que permita contrarrestar las señales de debilidad que empiezan
a ser cada vez más inquietantes.
(*) Periodista y economista
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