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sábado, 10 de noviembre de 2018

El Gobierno aprobará este mes su propuesta para eliminar los aforamientos políticos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado hoy que antes de que termine este mes el Consejo de Ministros aprobará su propuesta de reforma constitucional para la supresión de aforamientos políticos.

Sánchez ha hecho este anuncio en el mitin que ha protagonizado ante unas 1.500 personas en un polideportivo de Fuenlabrada (Madrid), tras el acto en el que se ha proclamado a los candidatos del PSOE para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
“Hace un mes y medio largo anunciamos que íbamos a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y antes de que termine este mes esta propuesta de reforma constitucional será llevada al Consejo de Ministros”, ha dicho Sánchez.
La propuesta, que está pendiente del informe del Consejo de Estado, afectará a diputados, senadores y miembros del Gobierno en cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo, según explicó en su día el Ejecutivo.
En su primer gran acto de partido tras su llegada a la Moncloa hace cinco meses, Sánchez ha reivindicado además la reforma de la Carta Magna “para reconocer más derechos y libertades y garantizar la unidad de los pueblos de España” como una de las cinco grandes transformaciones que necesita España, junto con la de la educación, el mercado de trabajo, el sostenimiento del Estado del bienestar y la ecología.
En una intervención de apenas veinte minutos, muy jaleada por los suyos, a los que ha prometido nada más empezar que “en 2019 y después de muchos años de espera no habrá un mausoleo en homenaje al dictador Franco”, Sánchez ha reivindicado como un deber del PSOE la decisión de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy.
“No era fácil, pero en la vida y en la política no hay que mirar el coste o el beneficio sino hacer lo que se debe”, ha defendido.
Tras proclamar con ello “hace cinco meses salió de Moncloa la resignación y entró la esperanza”, ha recordado que tuvo que formar un gobierno “en cuestión de horas” para dar “certidumbre” y “calmar” a la ciudadanía y ha señalado que “eso solo lo puede hacer un partido con experiencia, equipos y generosidad”.
“Acertamos, demostramos que estamos preparados y acertamos en la composición del Gobierno”, ha aseverado entre aplausos, entre otros de la mayoría de sus ministros, sentados en primera fila.
Sánchez ha incidido en que su Ejecutivo es “abierto, no partidista, feminista, paritario, competente, europeísta y progresista” y ha apuntado que además es un gobierno que “aplica el sentido común antes que la propia ideología”, porque “aplicar el sentido común es gobernar para todos, para quien haya votado al PP, a Podemos y a Ciudadanos”.
No obstante, Sánchez ha subrayado que gobierna “desde los valores y principios de la izquierda, de la socialdemocracia y del socialismo democrático” y que, frente a los que reivindican el individualismo él cree que “lo más importante es la sociedad”.
En esa línea ha destacado que los socialistas dicen “sí a un debate sobre una fiscalidad más justa, para que aquellos que tienen más paguen más y los que tienen menos, paguen menos”.
También se ha situado “frente a los que enarbolan la bandera del egoísmo, que es la simiente del odio en Europa”, y ha defendido una Europa “fraternal, solidaria, con todos los seres humanos, vengan de donde vengan”.
A seis meses para la gran cita de las elecciones europeas, municipales y autonómicas, Sánchez ha apostado a que el PSOE ganará las tres y a quien crea -ha dicho- que su trabajo de presidente es difícil y complejo le ha advertido de que “no sabe lo que nos gusta y los que nos pone a los socialistas hacernos cargo de tareas complicadas”.

sábado, 27 de octubre de 2018

El Consejo de Estado informará sobre la supresión de aforamientos en 20 días

MADRID.- El Consejo de Estado elevará al Gobierno su dictamen sobre la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos antes de 20 días, pues el plazo fijado por el Ejecutivo para recibir el informe del órgano consultivo finaliza el próximo 15 de noviembre, según fuentes de esta institución.

El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros encomendó al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, sin afectar a otros cargos o autoridades.
Según explicó la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, el objetivo de esta reforma es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público".
El Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de la reforma constitucional una vez cuente con el informe del Consejo de Estado y será entonces cuando lo remita al Congreso para que, calcula el Ejecutivo, pueda ser aprobada a continuación en un plazo de sesenta días "si hay voluntad de acuerdo".
La intención del Ejecutivo al encargar el dictamen al Consejo de Estado es que el órgano consultivo "acote jurídicamente el procedimiento" a seguir, en base a los objetivos y directrices que se pretenden abordar en esta reforma.
La Comisión de Estudios del Consejo de Estado, que preside María Teresa Fernández de la Vega -presidenta a su vez del Consejo de Estado- lleva más de un mes analizando la petición del Ejecutivo.
Fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno han explicado que el Ejecutivo dio un mes de plazo al Consejo de Estado para que informara de la reforma constitucional, que, posteriormente, se amplió hasta el 15 de noviembre.
La Comisión de Estudios está presidida por Fernández de la Vega e integrada por los consejeros Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Consuelo Castro, Yolanda Gómez, Manuel José Silva Sánchez y Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona.
Una vez redactado el informe, éste deberá ser aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, antes de que la institución lo remita al Ejecutivo.
El artículo 2.3 de la ley del Consejo de Estado señala que "el Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende".
Añade que "en la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional atenderá los objetivos, criterios y límites señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos".

miércoles, 24 de octubre de 2018

Canarias se convierte en la primera autonomía sin aforamientos

MADRID.- El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias que desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica y modifica el sistema electoral, y que entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Al término del debate, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha intervenido para señalar que el nuevo Estatuto, que ha contado con los votos a favor de PSOE, PP, nacionalistas canarios, PNV, PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos, muestra “la capacidad del sistema democrático de evolución y reforma” porque “modificar” un Estatuto de Autonomía es “modificar nuestro sistema territorial”.
En nombre del Gobierno, Batet ha expresado el “compromiso” del Ejecutivo en la “efectiva aplicación” del Estatuto y ha pedido a las fuerzas que no se han integrado en el consenso que es posible “recuperar el acuerdo” en el desarrollo futuro de la norma.
Batet ha comentado que las reforma del Estatuto de Canarias no cuestiona el modelo constitucional, “lo desarrolla y garantiza su efectividad con un avance en materia de derechos y el refuerzo de la participación en decisiones estatales”. 
“No son reformas para cambiar el modelo, son reformas para mejorarlo y modernizarlo” ha dicho.
Desde la tribuna del Senado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, consejeros y una delegación de sindicatos y empresarios, ha seguido este ultimo debate, en el que los senadores intervinientes de PSOE, PP, nacionalistas canarios y PNV han coincidido en calificar el día de “histórico” por dotar al archipiélago de instrumentos para afrontar los retos futuros.
No obstante, el nuevo Estatuto mantiene un interrogante sobre la reforma del sistema electoral ya que depende ahora de que el Parlamento canario articule, en los próximos meses, un instrumento para su aplicación en los comicios autonómicos de 2019.
En sus intervenciones, la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha valorado que el Estatuto introduce derechos relacionados con la doble insularidad, reconoce la contribución de Canarias a la cooperación y la paz y es “exhaustivo” en el desarrollo de derechos y libertades públicas, “como corresponde a un estatuto moderno del siglo XXI”.
El senador del PSOE Julio Cruz ha subrayado que el Estatuto “cumple con el sueño de los canarios y tiene identidad propia” y se ha congratulado de que en el sistema electoral “la lista regional, con nueve diputados, vea hoy la luz”.
En concreto, el nuevo sistema rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento e incrementa en diez el número de diputados: Nueve de esos escaños extra corresponden a una lista regional y el décimo es para Fuerteventura por estar menos representada.
Mientras, la senadora del PP Auxiliadora Pérez ha subrayado que esta mañana “se culminan tres años de intenso trabajo” para dotar a la comunidad de un Estatuto renovado “capaz de responder a las necesidades del siglo XXI”.
También ha intervenido la senadora de Nueva Canaria (NC) María José López Santana quien ha señalado que se trata de un Estatuto “más social, más democrático y con más cuotas de autogobierno”, que incorpora la renta básica de ciudadanía.
Por su parte, el senador de la Agrupación Herreña Independiente Pablo Rodríguez Cejas ha subrayado que se trata de un texto que reconoce que a Canarias no se le pueden aplicar las mismas soluciones que al resto de territorios.
La senadora del PNV Nerea Ahedo ha dado la bienvenida al Estatuto por lo que supone de acuerdo y consenso y ha agradecido el “empeño” de los canarios por “dar otra dimensión” a las islas.
El senador de Ciudadanos Luis Crisol ha justificado la abstención de su partido en que no se han aceptado ninguna de las enmiendas, y se ha referido en concreto a las que abogan por la independencia de los jueces y de la televisión pública.
No obstante, ha admitido que es un “día histórico” para Canarias por la supresión de los aforamientos, iniciativa que, ha dicho, se debe a su grupo.
Por su parte, Podemos ha retirado sus enmiendas “para no ser un impedimento y un obstáculo” pero han exigido más participación ciudadana y han lamentado que no se haya apostado más por temas como el paro, la pobreza o la corrupción y un cambio en el modelo productivo o lucha contra cambio climático.

domingo, 30 de septiembre de 2018

El Consejo de Estado tiene un mes para elaborar su propuesta de reforma sobre los aforamientos

MADRID.- El Consejo de Estado dispone de un mes para elaborar la propuesta de reforma de la Constitución para limitar el aforamiento de los políticos que le ha encargado el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el plazo no es restrictivo, el Ejecutivo espera tener el informe a finales de octubre o primeros de noviembre, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno.

El jueves de la semana entrante, el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno y que preside por vez primera una mujer, la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ha convocado un Pleno a las 12.30 horas para designar a los miembros de la comisión de estudio que trabajará en el informe.
El encargo del Ejecutivo consiste en que sea el Consejo de Estado el que proponga en qué sentido modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al “estricto ejercicio” de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.
Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de materializar en el plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.
El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución.
No es habitual que el Gobierno encargue al Consejo de Estado la redacción de una propuesta legislativa, sino que lo que suele ocurrir es que al órgano consultivo le llegue una propuesta previamente elaborada por el Ejecutivo y que éste le pida opinión, como es preceptivo, al Consejo de Estado.
Pero en este caso se trata de una reforma, aunque muy limitada, de la Constitución. Y existe un precedente similar en 2005, cuando el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al Consejo de Estado un estudio sobre la viabilidad de reformar algunos aspectos concretos de la Carta Magna referidos a la inclusión de la denominación oficial de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del Senado, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona y la integración de España en la Unión Europea.
El Consejo de Estado emitió su informe en 2006, que no fue a ningún lado, porque la reforma que tenía en mente el presidente Zapatero se aparcó. El órgano consultivo propuso entre otras cosas delimitar en la Constitución las competencias de las comunidades, que a su juicio son superiores a las de los Estados federales.
Como en 2006, este informe encargado por el Gobierno al Consejo de Estado sobre la reforma de los aforamientos deberá ser aprobado por el Pleno del organismo antes de que sea remitido al Ejecutivo.
Si el plazo de un mes que el Gobierno le ha dado al Consejo de Estado para elaborar el informe se quedase corto por la complejidad de la materia, el órgano consultivo puede, en virtud del artículo 133 de su reglamento, pedir al Ejecutivo que le conceda más tiempo.
Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días. 
El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida –y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención– es obligado proceder a esa consulta.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Rivera celebra y se atribuye la propuesta de Sánchez de acabar con los aforados

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado este lunes la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, una propuesta que ha atribuido a la fortaleza de Cs y, sobre todo, a la presión de la sociedad, que "está harta de privilegios".

"No les puedo esconder mi satisfacción", ha dicho Rivera a los periodistas en el Congreso y ha destacado que, "después de 40 años, los privilegios de los políticos y la justicia se van a acabar".
Ha saludado que Sánchez haya cambiado de opinión, porque "hasta hoy mismo ha estado bloqueando las votaciones de su partido en diferentes comunidades autónomas", como Andalucía, Madrid o Castilla y León.
"Ya sea por la presión de Ciudadanos (...), ya sea por las encuestas, en las que parece que empieza a flojear el Gobierno y subir Ciudadanos, sea por lo que sea, me alegra que se vea forzado a cambiar de criterio", ha dicho.
Para el presidente de Cs, la votación de mañana en el Congreso de una moción de su grupo sobre la supresión de los aforamientos políticos va a ser "histórica", porque se decidirá si se inicia una reforma constitucional.
Según ha subrayado, "mañana algunos se van a hacer el harakiri judicial, algunos que han tenido el trato de favor en los aforamientos en el Supremo, en tribunales especiales, van a ver cómo pierden ese privilegio".
Y después, ha añadido, el siguiente paso es que el PSOE desbloquee también la Ley electoral para que haya listas abiertas y todos los votos valgan igual, vote a favor de la ley de Cs de limitación de mandatos y no se resista a la supresión de las diputaciones provinciales.
"En una nueva era el bipartidismo se resistía a hacer cambios. La fortaleza de Ciudadanos en la oposición y, sobre todo, la presión de la sociedad española, que no aguanta más, les obliga a rectificar incluso sus programas y sus criterios", ha destacado Rivera.

Sánchez anuncia una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que propondrá al Congreso una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos.

Según ha explicado, la reforma podría entrar en vigor en solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Parlamento.
El presidente, que ha apelado a la "altura de miras" de los grupos parlamentarios para que apoyen su propuesta, ha hecho este anuncio en un acto de balance de los cien primeros días de gestión de su Ejecutivo, en el que ha estado arropado por casi todos sus ministros y dirigentes del PSOE.
Tras insistir en que la supresión de los aforamientos supondría "seguir avanzando" en la senda de la "ejemplaridad" que demanda en la actualidad la sociedad española, Sánchez ha reivindicado que ese espíritu de ejemplaridad ha caracterizado a su Gobierno desde el primero momento, así como la presentación de su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sociedad Civil


Sánchez, además, ha apelado a la sociedad civil: al mundo de la empresa, la cultura, el tercer sector, la ciencia y la innovación para que le ayuden a "ganar una década perdida" en España por la crisis económica y la gestión que hizo de ella el Gobierno del PP.
En un acto de balance de sus cien días de Gobierno, al que han acudido líderes empresariales, miembros del mundo de la cultura y otros representantes de la sociedad civil, Sánchez ha defendido que a todos ellos les une ese "anhelo por ganar una década tras haberla pedido y por construir un país comprometido con la justicia social y la convivencia".
Al acto han acudido el presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez; el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el de Telefónica, José María Álvarez Pallete; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell.

También, la actriz Concha Velasco, el escritor Lorenzo Silva y los polifacéticos "los Javis", además de casi todos los ministros del Gobierno y diputados, senadores y miembros de la Ejecutiva del PSOE.
Sánchez ha reivindicado que "mucho de lo bueno que ha pasado" en España ha sido gracias a la sociedad civil y ha incidido en que "la mejor España se construye desde la suma de voluntades".
Tras declararse "plenamente consciente de los desafíos y las circunstancias" en que desempeña su labor, ha dicho también que no se va a "rendir" en su empeño de hacer que España siga avanzando.
"No me voy a rendir, seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto a medio plazo, que no se quede en la coyuntura", ha afirmado.

Ley Mordaza


Por otro lado, Sánchez ha apostado que "derogarán" la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como 'ley Mordaza'. "Vamos a avanzar en derechos, derogando la 'ley Mordaza' porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", ha dicho.
En su discurso en la Casa de América, Pedro Sánchez no ha especificado plazos ni el alcance de la derogación de una ley de 2015, d aprobada durante la mayoría absoluta del PP, que cuenta con el rechazo frontal de Podemos y de otros partidos de izquierda y nacionalistas, muy críticos con la norma impulsada por el entonces ministro del Interior, el 'popular' Jorge Fernández Díaz.
El pasado 31 de mayo, durante el debate en el Congreso de la moción de censura planteada a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno prometió trabajar para derogar algunos artículos de la 'ley mordaza'. Es la misma tesis que defendió el 26 de junio la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que insistió en el "compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez de avanzar en la derogación de los artículos más lesivos.
Por entonces el Grupo Parlamentario Socialista estaba a la espera de una reunión con los miembros del Gobierno para determinar si el Ministerio del Interior se planteaba reformar esa norma 'motu proprio' o dejaba el trabajo al Congreso. En todo caso, Lastra puntualizó que se haría "de la mano de los grupos".
Existen dos propuestas para reformar o derogar la citada norma: una del PSOE, que propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992; y otra del PNV, que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992. Los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que vieron reforzado su protección, apoyan la norma aunque aceptando que existe margen de mejora en su articulado.
Al ser una norma orgánica, no basta con recabar más votos a favor que en contra, sino que es imprescindible reunir la mayoría absoluta en ambas cámaras (176 diputados en el Congreso), con la particularidad de que en el Senado es el PP quien dispone de mayoría absoluta.
Si se opta por la vía del proyecto de ley del Gobierno, el proceso podría ralentizarse aún más ya que sería preciso redactar un anteproyecto de ley y someterlo a examen previo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, y luego empezar todo el procedimiento parlamentario desde el principio: toma en consideración, plazos de presentación de enmiendas, prórrogas, ponencia, etcétera.
La aprobación definitiva en marzo de 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana contó con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición. Se puso fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto sufrió numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013, con aspectos en un principio muy polémicos.
La norma establece 44 razones por las que alguien puede ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000. El procedimiento que regula los expedientes sancionadores es una de las cuestiones más polémicas que diferentes plataformas, partidos políticos e inclusos representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado solicitan revisar.

lunes, 19 de marzo de 2018

Condenados por el GAL y las 'tarjetas black', entre los pensionistas del Congreso

MADRID.- El Congreso suprimió las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena fase de ajustes por la crisis económica, pero en la actualidad todavía hay más de un centenar de exdiputados y exsenadores que, como aquel año ya habían generado el derecho a cobrar estas cantidades para complementar sus propias prestaciones, continúan recibiendo un pago mensual de las Cortes Generales; en el 45% de los casos, esa cifra supera incluso los mil euros al mes.

En concreto, el derecho a mantener estas pensiones se conservó para los que ya podían hacerlo el 13 de diciembre de 2011. Se trata de exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que al jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de pensiones. El Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que lleguen a la pensión máxima.
Según los datos de la Cámara Baja, hay 111 exparlamentarios que siguen percibiendo este complemento de pensión. Dos de ellos cobran más de 3.000 euros. Se trata del navarro Jaime Ignacio del Burgo, que ocupó durante 27 años escaño en el Congreso o el Senado por UPN y por el PP, y de Pablo Castellano, que tuvo asiento en la Carrera de San Jerónimo durante 16 años, primero con PSOE y luego con IU. Ambos se embolsan 3.010,15 euros al mes.
La siguiente que más cobra es la abogada Cristina Almeida, quien fue diputada de Izquierda Unida durante once años, y percibe 2.709,14 euros mensuales. Además, hay once exparlamentarios que cobran un complemento de entre 2.000 y 2.500 euros y 17 a los que el Congreso abona entre 1.500 o 2.000 euros todos los meses.
Uno de ellos es Guillermo Galeote, diputado socialista entre 1977 y 1993, que tuvo que dimitir como responsable de finanzas del partido en 1991 por el 'caso Filesa', vinculado a la financiación irregular del PSOE. Cobra 1.839,33 euros mensuales.
Hay otros 19 exparlamentarios cuyo complemento está en una horquilla que va de los 1.000 a los 1.500 euros. Es el caso, por ejemplo, del que fuera líder de los 'guerristas' en Madrid, José Acosta, que percibe 1.098,74 euros mensuales. Acosta tuvo escaño en el Congreso durante 29 años (1979-2008) y fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas 'black' de Caja Madrid.
El listado se completa con 21 exdiputados o exsenadores que reciben entre 1.000 y 500 euros mensuales, otros 32 cuya cuantía oscila entre los 100 y los 500 euros y ocho que cobran menos de cien euros al mes del Congreso.
Entre los beneficiarios también aparece el expresidente de Caja Castilla-Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, que fue diputado del PSOE entre 1989 y 1999 y que fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable por manipular las cuentas de la entidad. El Congreso le abona 247,99 euros al mes.
En 2011 también se decidió que los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permitiera cobrar la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos osus hijos menores de 25 años, pudieran solicitar a las Cámaras la concesión de una ayuda económica, de carácter graciable, y por la cuantía y con las condiciones que éstas decidan.
Este complemento de ingresos, que se cobra en doce mensualidades y cuya cuantía se revisa cada mes de septiembre, aún lo perciben 46 exdiputados o senadores.
La mayoría de ellos (15) perciben entre 500 y 1.000 euros, 13 reciben entre 1.000 y 1.500, cinco entre 1.500 y 2.000 y sólo tres superan esa cifra. Además, hay ocho que perciben un complemento de entre 100 y 500 euros y dos otro inferior a los cien euros.
Entre los que aún lo cobran figura Ricardo García Damborenea, que fue secretario general de los socialistas vizcaínos, diputado entre 1982 y 1989 y que acabó siendo condenado por colaborar con los GAL. En concreto, se le castigó con siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. Cobra al mes 2.050 euros.
Además, en la actualidad hay 72 viudas que se benefician de esta ayuda. De ellas, la mayoría (28) reciben entre 500 y 1.000 euros al mes. Con una prestación de entre 1.000 y 1.500 euros hay 17, otras ocho perciben entre 1.500 y 2.000 y tres superan esa cifra. Por debajo de los 500 euros hay 16, una de las cuales no llega a los cien euros mensuales.
Tampoco está ya vigente el sistema por el que el Congreso mantenía dado de alta en la Seguridad Social a los exparlamentarios que, en el momento de su cese, hubieran cumplido 55 años y carecieran de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena.
El alta en la Seguridad Social duraba hasta que completara el periodo de cotización necesario poder cobrar pensión de jubilación. Ya sólo queda uno en esta situación, Manuel J. Cabezas Enríquez, exparlamentario del PP y exalcalde de Orense.