MADRID.- El Consejo de Estado dispone de un mes para elaborar la propuesta de
reforma de la Constitución para limitar el aforamiento de los políticos
que le ha encargado el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el plazo no es
restrictivo, el Ejecutivo espera tener el informe a finales de octubre o
primeros de noviembre, han informado a Europa Press fuentes del
Gobierno.
El jueves de la semana entrante, el Consejo de Estado, el máximo
órgano consultivo del Gobierno y que preside por vez primera una mujer,
la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ha
convocado un Pleno a las 12.30 horas para designar a los miembros de la
comisión de estudio que trabajará en el informe.
El encargo del Ejecutivo consiste en que sea el Consejo de Estado el
que proponga en qué sentido modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la
Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros
del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal
competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su
voluntad es la de restringir el aforamiento al “estricto ejercicio” de
sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados
con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la
sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y
parlamentarios supone un privilegio.
Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de
materializar en el plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a
uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no
corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.
El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en
qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva
redacción de la Constitución.
No es habitual que el Gobierno encargue al Consejo de Estado la
redacción de una propuesta legislativa, sino que lo que suele ocurrir es
que al órgano consultivo le llegue una propuesta previamente elaborada
por el Ejecutivo y que éste le pida opinión, como es preceptivo, al
Consejo de Estado.
Pero en este caso se trata de una reforma, aunque muy limitada, de la
Constitución. Y existe un precedente similar en 2005, cuando el
entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al Consejo de
Estado un estudio sobre la viabilidad de reformar algunos aspectos
concretos de la Carta Magna referidos a la inclusión de la denominación
oficial de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del
Senado, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la
Corona y la integración de España en la Unión Europea.
El Consejo de Estado emitió su informe en 2006, que no fue a ningún
lado, porque la reforma que tenía en mente el presidente Zapatero se
aparcó. El órgano consultivo propuso entre otras cosas delimitar en la
Constitución las competencias de las comunidades, que a su juicio son
superiores a las de los Estados federales.
Como en 2006, este informe encargado por el Gobierno al Consejo de
Estado sobre la reforma de los aforamientos deberá ser aprobado por el
Pleno del organismo antes de que sea remitido al Ejecutivo.
Si el plazo de un mes que el Gobierno le ha dado al Consejo de Estado
para elaborar el informe se quedase corto por la complejidad de la
materia, el órgano consultivo puede, en virtud del artículo 133 de su
reglamento, pedir al Ejecutivo que le conceda más tiempo.
Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma
limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible
tramitar este cambio en tan sólo 60 días.
El Ejecutivo, además, ha
asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la
Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de
los diputados lo pida –y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención–
es obligado proceder a esa consulta.
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