BARCELONA.- La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ha recibido
esta mañana en audiencia a los 17 juristas que han redactado un borrador
de Constitución catalana, a partir de las aportaciones de la sociedad
civil. "No es la Constitución, según sus impulsores, sino una
herramienta de debate", afirman en el preámbulo del documento.
El texto, extraparlamentario y sin ninguna validez jurídica, porque
sus impulsores la han elaborado por iniciativa propia, sin ser un
encargo oficial, ya que sería recurrida e impugnada, define a Cataluña
como una "república ciudadana y participativa".
"Cataluña se constituye
en Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico y de derecho",
afirma el artículo número
Cataluña -según el texto- sería una república presidencialista , con
un presidente que sería a la vez jefe de estado y de gobierno, y que
será elegido por designación directa en unas elecciones cada cinco años
en circunscripción única.
El Ejecutivo mantendrá el nombre de
Generalitat de Cataluña y sus miembros serán consellers, como hasta
ahora. Sería en principio un sistema unicameral, con un parlamento que
saldría de otras elecciones donde se tendrían en cuenta las comarcas
como circunscripciones. La capital del Estado sería Barcelona. Y al
Valle de Arán se le reconoce como entidad nacional singular dentro de
Cataluña y se proclama su derecho a la autodeterminación.
El catalán sería la lengua oficial (donde el aranés será la lengua
oficial en Arán) y el castellano tendría un régimen especial, sin ser
oficial. Un Estado además que no tendría un ejército y que sería
aconfesional. Y que además contempla, según la Carta Magna de
Constituïm, la doble nacionalidad.
Son 148 artículos, en los que también se regula la figura del
referéndum. El presidente de la República podría convocar uno a
iniciativa propia y tendría la obligación de hacerlo, si: lo pide el
Parlamento, cuando lo solicite la Sindicatura Electoral al tramitar una
iniciativa ciudadana, cuando lo haga la sala de gobierno del Consell
Superior de Justicia, o cuando lo reclame un mínimo del 25% de los
plenos municipales que representen un mínimo de un 25% de la población
que ha de ser consultada.
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