BARCELONA.- El titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado este jueves que se registre la sede de Òmnium Cultural y el domicilio y despacho en el departamento de Presidencia, en el Palau de la Generalitat,
de uno de los investigados por posibles pagos relacionados con el
referéndum del 1 de octubre.
En el marco de estas diligencias, el juez
ha ordenado la detención como investigado de Antoni Molons, el que fuera secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat con el expresidente fugado Carles Puigdemont. En el curso de la tarde, ha quedado libre acusado de malversación y desobediencia.
Los registros se enmarcan en las investigaciones, en una pieza
secreta, del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye
la causa relativa a la organización del referéndum, que fue declarado
ilegal por el Tribunal Constitucional. Molons es un alto cargo del Govern que ya declaró anteriormente sobre las campañas de publicidad
para animar a participar en el referéndum que había sido suspendido. En
concreto, fue el encargado de concertar la publicidad del 1-O, cuyo
concurso fue declarado desierto tras la renuncia de las dos firmas que
optaban a la concesión, Carat España y Focus Media.
Ante los agentes de la Guardia Civil, Molons afirmó entonces que fue Jordi Turull, como conseller de Presidència, quien autorizó el contrato marco de la campaña “Civisme”, que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros
y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y
el referéndum sí se emitió en los medios públicos de la Generalitat.
Según la Guardia Civil, este anuncio sobre las vías supuso un coste de 277.804 euros.
Sobre el anuncio, Molons alegó durante el interrogatorio que desconocía quién lo creó, aunque detalló que le llegó desde la Consellería de Presidencia
y que la persona que le dio el mensaje de la campaña de “Civisme” fue
Turull, aunque no le entregó ningún documento digital sobre la campaña
ni instrucciones de cómo llevarla a cabo, ya que esas instrucciones
“fueron verbales”, según las fuentes.
En total, las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre
el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros,
según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto
Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos
cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin
tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el
registro de catalanes en el extranjero.
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer abrió una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar la consulta.
Fuentes de Òmnium, mientras tanto, han explicado que los agentes “están secuestrando” en su sede “el correo electrónico de los trabajadores y cambiando contraseñas”, además de mantener retenidos en una sala a siete trabajadores.
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