MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este miércoles
que el Gobierno de Cataluña mandará a un representante a la reunión de
la Comisión de Financiación Autonómica que se producirá antes de que
acabe septiembre, previsiblemente la próxima semana, lo que ha sido
demandado en varias ocasiones por la consejera de Castilla y León, Pilar
del Olmo.
Durante su intervención en la sesión de control del Congreso, Montero
ha enmarcado la participación de la Generalitat en este foro en la
normalización de las relaciones institucionales entre Estado y Cataluña.
”Este Gobierno no se va a cansar de trabajar y dialogar para que
efectivamente la situación de Cataluña pueda distender este conflicto”,
ha dicho la ministra.
Montero ha recordado que con este objetivo se ha propiciado la
reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del
próximo 25 septiembre, que hacía siete años que no se reunía.
La asistencia de un representante de la Generalitat de Cataluña
supone un cambio respecto a las reuniones mantenidas en los últimos años
tanto por la comisión de la financiación autonómica como por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a las que, con motivo de la
situación política en Cataluña y el proceso independentista, no asistía
ningún representante catalán.
No obstante, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha matizado
que la presencia del Govern en la Comisión de Financiación Autonómica
será “técnica y no política”. En una conferencia organizada por la
Cámara de Comercio de Barcelona, el conseller ha asegurado que el Govern
enviará a un técnico “a constatar los incumplimientos” en el modelo de
financiación, pero ha advertido: “Se equivoca el Estado si cree que
cambiaremos la autodeterminación por unas décimas más de IRPF o por un
cambio en el Fondo de Suficiencia”.
La decisión de participar en esa comisión de financiación es un mero
gesto de buena voluntad de cara a la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos del próximo 25 de septiembre, en la que Aragonès quiere que
el Gobierno suscriba un “calendario de pagos” de la deuda pendiente con
Cataluña que asciende, según la Generalitat, a 7.607 millones. “La
situación política en Cataluña no podrá empezar a normalizarse hasta que
la gente exiliada o encarcelada por causas políticas no pueda volver a
su país”, ha apuntado Aragonès.
La Comisión de Financiación Autonómica comenzará a “trabajar a nivel
político” para intentar alcanzar un consenso en la elaboración de un
informe con propuestas para la reforma del sistema. De esta forma, la
reunión, que todavía no está convocada, adoptará un perfil “más
político”, en palabras de Hacienda, después del trabajo técnico
desarrollado en los últimos meses por los comités de expertos.
La reforma del sistema de financiación autonómico es un compromiso
adquirido en enero de 2017 por el Gobierno, entonces del PP, con las
comunidades autónomas tras la Conferencia de Presidentes celebrada en
aquellas fechas. Dicho compromiso fijó como objetivo reformar el sistema
a lo largo del año pasado, pero precisamente la situación política
vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas
reuniones del CPFF, han retrasado el proceso, ya que el Gobierno
consideraba imprescindible que Cataluña forme parte del acuerdo.
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