SEVILLA.- Los expresidentes de la Junta Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros exaltos cargos del Gobierno
andaluz, volverán mañana al banquillo de los acusados en la recta final
del juicio del caso ERE, en el que se enfrentan a hasta ocho años de
cárcel por prevaricación y malversación.
Tras diez
meses de juicio llega el momento clave, en el que las partes expondrán
sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22
acusados en la creación y mantenimiento del "procedimiento específico"
con el que del 2001 al 2010 el Gobierno andaluz dio 850 millones en
ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y si sirvió para eludir la
fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.
Será entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción y las
acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias expongan si mantienen su
acusación contra los 22 procesados, por los mismos delitos y con la
misma petición de penas, o si a tenor de lo declarado por los propios
acusados, más de 120 testigos y 9 peritos, introducen cambios.
En sus escritos provisionales, el Ministerio Público y las acusaciones
populares solicitaron 10 años de inhabilitación por prevaricación para
Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el
exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José
Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del
Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Para Griñán, la
exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel
Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por
prevaricación y malversación.
Por los mismos delitos
pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los
exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros
José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los
viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los
exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los
exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco
Sánchez.
Todas las defensas mantienen la inocencia
de sus clientes y piden la absolución, unos defendiendo la legalidad del
sistema -amparándose en normas varias, su conocimiento por el
Parlamento y la inexistencia de alerta del Interventor de riesgo de
menoscabo de fondos públicos- y otros negando su competencia para
decidir cómo se daban las ayudas o "cortar el grifo".
Las partes expondrán primero las conclusiones finales, donde pueden
ratificar las iniciales o introducir modificaciones, aunque
necesariamente para retirar acusaciones o incrementar la petición de
penas, también pueden cambiar el relato de los hechos en el que se basan
en función de lo que consideran acreditado en el juicio.
En caso de cambios por parte de la Fiscalía, algunas defensas pedirán
suspender el juicio para estudiarlos y responder en sus conclusiones, si
bien el tribunal está decidido a cumplir el calendario y acabar el
juicio a finales de noviembre.
Tras las
conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos,
en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen
sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé
que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las
acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno
de los 22 procesados.
Posteriormente será el turno
de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el
tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a
una última palabra.
La mayoría ha adelantado que
seguirán las instrucciones de sus abogados y no es previsible que muchos
hagan uso de este derecho, aunque algunos, como el interventor, podría
decir algo.
Tras ello, el juicio quedará visto para
sentencia en una fecha muy próxima a las elecciones autonómicas del 2 de
diciembre, y el tribunal se retirará a deliberar para dictar un fallo
que tardará meses en conocerse.
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