MADRID.- PP y Ciudadanos bloquean la vía
parlamentaria por la que el Gobierno pretendía evitar que los restos de
Francisco Franco acaben en la Almudena, tal y como quiere la familia.
Ambos grupos van a solicitar la ampliación de los plazos para la
presentación de enmiendas a la ley de memoria histórica que se está
tramitando en el Congreso a partir del decreto con el que el Gobierno
reguló la exhumación del dictador.
El Ejecutivo
pretende usar una enmienda a ese texto para dejar claro que el cadáver
del golpista no puede acabar en un lugar público en el que pueda ser
enaltecido. El plazo para la presentación de enmiendas al articulado
terminaba este martes, pero PP y Ciudadanos van a solicitar la
ampliación de al menos una semana, según ha adelantado Vózpopuli y han confirmado ambas formaciones a eldiario.es.
"Cerramos plazo de totalidad la semana pasada. Estamos
aún estudiando las enmiendas al articulado, solo lleva una semana",
explican fuentes del partido de Alber Rivera: "Nosotros presentaremos
enmiendas en la línea del informe de expertos que desoyó Sánchez",
señalan esas fuentes, que explican que "aún están trabajando en su
redacción. En el caso del PP, solo ha pedido desbloquear dos asuntos
y ninguno de ellos es la ley de memoria histórica.
Una vez que las proposiciones o los proyectos de ley son admitidos a
trámite, se abre un periodo para la presentación de enmiendas de dos
semanas –lo mismo sucede con de los decretos que convalida el Congreso
pero que siguen la tramitación como proyectos, como el caso de la
exhumación de Franco–.
A partir de ahí, los grupos pueden solicitar
prórrogas semanales para la presentación de enmiendas (primero a la
totalidad y luego al articulado). La Mesa del Congreso las valida –en
este caso con la mayoría de PP y Ciudadanos en ese órgano, hay
iniciativas que llevan congeladas desde 2016–.
El
Gobierno aprobó el decreto para la exhumación de Franco el pasado 24 de
agosto y aceptó que se tramitara como proyecto de ley para que otros
grupos pudieran introducir modificaciones a la ley de memoria histórica.
Los independentistas, por ejemplo, quieren aprovechar la tramitación
para pedir la nulidad de los juicios del franquismo y las sentencias
como la de Lluís Companys.
El Congreso convalidó el
decreto el 15 de septiembre y ahora el Gobierno quiere enmendar su
propio error de no haber dejado claro en el texto que los restos del
dictador deben permanecer en un lugar en el que no pueda ser
enaltecido: "La Ley de memoria histórica albergará las modificaciones necesarias para que el objetivo se cumpla", expresó la vicepresidenta, Carmen Calvo.
El Gobierno estudia ahora las fórmulas con las que evitar que el
cadáver del dictador acabe en la cripta de la catedral de la Almudena,
que es el lugar escogido por sus nietos. Inicialmente el Ejecutivo
aseguró que no podía hacer nada por evitar que los restos acabaran en
ese lugar por tratarse de un espacio privado de la Iglesia y ser el
designado por la familia Franco. Sin embargo, el Ejecutivo se muestra ahora partidario de dar la batalla.
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