MADRID.- La ministra de Justicia, Dolores
Delgado, ha anunciado hoy que han "dado el paso" para solventar el
colapso de los juzgados de cláusulas suelo con medidas como imponer
intereses sancionadores a los bancos que acudan a la vía judicial con el
fin de dilatar las devoluciones a los clientes.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que ha
mostrado su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales,
ha destacado la importancia de esta "medida preventiva", en la que ya se
está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta
maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.
También ha reprochado al anterior Ejecutivo de Mariano
Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales
especializadas en litigios hipotecarios, "que no fue debidamente
evaluada" y que ha desencadenado una "avalancha" de demandas.
"Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los
territorios", ha lamentado la ministra, que ha apuntado la puesta en
marcha de refuerzos tanto a nivel de jueces con la incorporación de 150
magistrados, como de los 120 nuevos letrados de la Administración.
Una estrategia de carácter "paliativo" con el que se persigue, ha
dicho, reducir los tiempos de respuesta en expedientes relacionados con
cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, hipotecas
multidivisas y gastos de formalización de una hipoteca.
La diputada de ERC, Carolina Telechea, ha afeado al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) por estar "más preocupado en los lazos amarillos"
que en el fracaso de dicho sistema.
En este sentido,
ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición de
ley para "judicializar menos y establecer medidas alternativas que
ayuden a los ciudadanos".
Estas sedes comenzaron a
funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia
aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de
que meses antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
reconociera la retroactividad para que los afectados por las cláusulas
suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la
contratación.
Desde entonces, tanto sindicatos como
abogados, plataformas de consumidores y partidos políticos han
manifestado su desacuerdo ante un método que, entienden, ha conseguido
saturar las cargas de trabajo de los juzgados de primera instancia.
Precisamente el pasado miércoles, el CGPJ, Justicia y las comunidades
autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña,
Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canaria, Galicia,
Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) coincidían en la necesidad de
mantenerlos a pesar de sus deficiencias.
Para
paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo
en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución, con el fin
de adoptar medidas específicas y buscar soluciones para cada caso.
Seguirán reforzándose las secciones de las Audiencias Provinciales que
ven este tipo de asuntos en segunda instancia, como ya se ha hecho en
Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza,
Barcelona y Badajoz.
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