BARCELONA.- La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) ha pedido hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) que
se persone ante el Tribunal Supremo (TS) en la revisión a la sentencia
que obliga a los bancos a asumir el impuesto de las hipotecas "para
defender los derechos de los consumidores y la ciudadanía".
En su escrito, la PAH pide la personación de la Fiscalía General ante
el TS en los recursos que vayan a resolverse en las próximas semanas,
"para defender los derechos de consumidores y ciudadanía en general,
garantizando el castigo y la sanción pública de los abusos bancarios
cometidos durante décadas por las entidades financieras responsables de
la mayor crisis económica de la historia reciente".
La PAH explica a la FGE que la plataforma está
"escandalizada" por la decisión "sin precedentes" adoptada por el
Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo para revisar la sentencia favorable a los consumidores.
La plataforma compara esta decisión del Supremo con la de no haberse
reunido "para estudiar la validez de la legislación hipotecaria"
española "que ha sido sistemáticamente refutada y modificada por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".
En
sus alegaciones al FGE, la PAH afirma que "no es la primera vez que
desde el TS emanan sentencias o acuerdos que después son rectificados
por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido o
actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo,
intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del
abuso".
"La decisión de suspender la tramitación de
los recursos, hasta reconsiderar la decisión adoptada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso, adoptada por el Presidente de la
Sala, genera una enorme alarma social, y cuestiona y erosiona gravemente
la apariencia de independencia e imparcialidad de la que deben estar
imbuidas las decisiones judiciales", alega la PAH.
La plataforma también argumenta que el Ministerio Fiscal tiene por
misión "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción
del interés social".
Para la PAH, "la enorme
repercusión económica y social" alegada por el TS para reestudiar la
sentencia "exige la intervención del Ministerio Fiscal en defensa de los
derechos de los ciudadanos" y por eso le pide que "se persone ante los
procedimientos pendientes de recurso ante el Tribunal Supremo sobre
gastos hipotecarios y abusos bancarios, en cumplimiento a sus propias
directrices recogidas en la Circular 2/2018 de protección jurídica de
los consumidores y usuarios".
El Tribunal Supremo acordó ayer convocar un pleno para el próximo 5 de noviembre para revisar la sentencia.
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