MADRID.- La Audiencia Nacional investiga adjudicaciones de contratos a la empresa pública española de seguridad y defensa Defex a cambio de supuestas comisiones en cinco países, entre ellos Arabia Saudí, donde se indagan once contratos millonarios de armas y munición.
Según han informado hoy fuentes de la investigación, que lleva el juez José de la Mata, en esta causa se han abierto varias piezas separadas, cada una relativa a un país donde supuestamente Defex consiguió contratos a cambio de sobornar a funcionarios públicos de esas naciones.
Se trata de Angola -la pieza más avanzada, donde ya hay 27 procesados-, Egipto, Brasil, Camerún y Arabia Saudí. Según las fuentes, la mecánica de las comisiones era común en todos ellos y las mordidas a los funcionarios se pagaban mediante sociedades instrumentales, en ocasiones en forma de contratos de consultoría.
En el caso de Arabia Saudí se investigan once contratos con el país árabe de armas y munición realizados desde 2005 hasta aproximadamente 2014, para lo que el juez De la Mata ha expedido varias comisiones rogatorias a otros países.
En cuanto a Camerún, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción indagan contratos para comprar a Defex material de seguridad como patrulleras y radares, en el caso de Egipto material para dotar de seguridad a zonas turísticas como pirámides y en el de Brasil material pesado destinado a obras en un puerto de ese país americano.
La investigación de los contratos con las autoridades egipcias se abrió, según otras fuentes consultadas, a partir de una denuncia de la propia Defex, empresa pública que figura como investigada pero también, en el caso de la pieza de Angola, como acusación particular contra los exdirectivos que supuestamente conocían de los sobornos.
Esta pieza principal de Angola es la que se encuentra más avanzada y el juez ya procesó en julio a 27 personas por el presunto desvío de decenas de millones de euros en comisiones ilícitas de contratos con el gobierno del país africano obtenidos por Defex en junio entre 2008 y 2011.
En su auto de procesamiento, De la Mata les atribuye delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal.
Entre los procesados figuran José Ignacio Encinas, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán).
Concretamente se indagan contratos firmados por Defex y la Policía Nacional angoleña, uno de ellos de junio de 2008 de suministro de equipamientos y material policial por 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones y el beneficio obtenido de casi 94 millones.
De la Mata afirma que los procesados destinaron a Defex sólo una parte del beneficio y el resto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla.
Los otros dos contratos investigados en esta pieza principal, pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación, son el suministro de material policial por la vista del Papa en 2009 de casi 2 millones de euros, y el suministro de inhibidores en 2011 que costó otros 2 millones.
Además del pago de las dádivas, De la Mata cree que los empleados de Defex querían enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, cargando "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".
El juez señala como pieza fundamental de esta estructura criminal a García Paesa, que se ocupó de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".
