MADRID.- El grupo Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea aboga por reformar el código penal para endurecer las
penas por delitos económicos, según las propuestas incluidas en el
informe presentado a la Comisión del Congreso que ha investigado durante
un año y medio la crisis financiera y el rescate bancario.
Igualmente, el grupo parlamentario propone la asunción de
responsabilidades penales, civiles y administrativas por los
responsables y copartícipes "en las malas prácticas desarrolladas en la
gestación y explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria".
También solicita que asuman responsabilidades aquellos
que llevaron a cabo actuaciones que "resultaron lesivas para el interés
general", dentro del marco del programa de rescate y reestructuración
del sector financiero.
Según el documento presentado,
el grupo parlamentario considera que la principal causa que desencadenó
la crisis financiera fue la mala práctica que ejerció la banca,
promovida por sus gestores y administradores, que asumieron un excesivo
riesgo sin tener en cuenta criterios de prudencia.
"Y
lo relevante es que estas malas prácticas se dieron de forma
generalizada en todo el sector, incluyendo bancos y cajas de ahorros",
según dice el grupo, que asegura que estas "prácticas perversas" se
acometieron en contra de los intereses de los ahorradores y pequeños
inversores.
Para Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, la crisis también fue fruto de determinadas políticas que
llevaron a cabo sucesivos Gobiernos en España, además de unas prácticas
determinadas del sector bancario "que fueron toleradas por los
organismos supervisores".
En este sentido, critica la
falta de diligencia de las entidades supervisoras, cuya inacción fue
una decisión consciente, y por lo tanto, "tiene implicaciones y
responsabilidades que no han sido asumidas por parte de los mismos y que
deben exigirse".
Al respecto, el grupo parlamentario
advierte de que el nuevo marco regulatorio del sistema financiero
"presenta deficiencias y avanza en la acumulación de poder y autonomía
de las entidades frente al sector público", permitiendo así niveles de
autorregulación que se mostraron como uno de los factores de la crisis.
También alerta de que el sector financiero continúa en la actualidad
desarrollando malas prácticas, contrarias a los intereses de los
pequeños ahorradores e inversores, mientras se avanza a un oligopolio de
entidades sistémicas.
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