MADRID.- Facua ha criticado que la decisión anunciada este
viernes por el Tribunal Supremo sobre convocar un Pleno de 31 miembros
para confirmar o anular la jurisprudencia recogida en la sentencia, que
este jueves dictaminaba que eran los bancos los que debían abonar el
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas
de préstamo con garantía hipotecaria, genera incertidumbre para los consumidores.
La asociación ha recordado que el Supremo determinó en 2013 que no se podía recuperar lo defraudado con la cláusula suelo por “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”, pero que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) fue quien finalmente dictó una resolución que protegía a los consumidores.
“Ahora, el Tribunal Supremo pretende hacer uso de un argumento
similar al que fue rechazado por el tribunal europeo. La asociación no
entiende que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que
previamente había resuelto con una sentencia firme”, ha señalado Facua
en un comunicado. “Esto es un escándalo y huele muy mal“, ha lamentado el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
Según explica en una nota el presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, se
ha tomado esta decisión por tratarse la decisión conocida ayer de un
“giro radical” en la jurisprudencia y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”.
Por su parte, el Comité de Dirección de Adicae Servicios Jurídicos y la Junta Directiva Nacional de esta asociación, “reunidos de urgencia ante el fiasco incomprensible de los cambios de criterio del Tribunal Supremo español”,
ha convocado una rueda de prensa para esta tarde “frente el abandono
por parte del Supremo de la protección de los consumidores, dictada tan
claramente ya por las Directivas Europeas, y cuyas arbitrariedades ha
corregido la Unión Europea”.
La asociación prevé anunciar “las actuaciones que ha organizado para
este sábado y la semana próxima en toda España, anticipando que no
variará su plan de Asambleas informativas y la interposición de 60
demandas colectivas frente a otras tantas entidades en relación a la
cláusula abusiva de imposición de los gastos de formalización de
hipotecas”.
La Asociación Española de la Banca (AEB) considera que la sentencia
del Supremo tendrá efectos a partir de la fecha de publicación. Su
portavoz, José Luis Martínez Campuzano, ha explicado que la legislación actual cuestiona la retroactividad de la decisión
del TS porque, cuando una sentencia en firme anula una norma general, surte efecto desde el día en que se ha publicado. Por ello, los bancos sólo deberán pagar el impuesto sobre las hipotecas constituidas desde la publicación del fallo.
Campuzano ha recordado que se trata de una sentencia de carácter
tributario, que no entra en la relación entre bancos y clientes, sino
que afecta a la relación entre contribuyente y Hacienda.
El Tribunal Supremo ha anunciado este viernes que revisará si continúa aplicando el criterio conocido, por lo que ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.
Según han informado fuentes jurídicas, la paralización no implica la suspensión de la reciente doctrina, que continuará siendo la vigente hasta que el pleno, compuesto por 31 jueces, se reúna.
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