MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras y otro en materia de lucha contra el fraude fiscal que transpone la Directiva antielusión.
Al
término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el pasado lunes el Gobierno
presentó el plan presupuestario y este viernes, solo cuatro días más
tarde, empieza a cumplir con los compromisos que se adquirían en ese
documento y a demostrar la voluntad del Ejecutivo de avanzar por la
senda que se ha marcado.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos,
750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3
millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea,
servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a
partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno espera
recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
Por su lado, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente
se someterán a la tributación del 0,2% las acciones emitidas en España
de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000
millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Quedan
fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la
privada, y los derivados. Se trata de una medida que proponen e impulsan
10 países de la UE. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones
por esta nueva figura tributaria.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno ha anunciado la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales,
el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios
y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un
millón) y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el
fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.
El resto de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de cara a 2019 se incluirán en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado,
dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya
existentes, por lo que no es necesario aprobar textos normativos
específicos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el cálculo de los ingresos que se obtendrán con la llamada "tasa Google" es "prudente" e, incluso, un 20 % inferior a la que en su día previó el Gobierno del PP.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha explicado que los 1.200 millones de euros que la Agencia Tributaria calcula que recaudará con el nuevo impuesto sobre servicios digitales son una estimación "prudente" y "adecuada".
De
hecho, ha apuntado que en su día el propio Gobierno del PP calculó que
con un impuesto similar se ingresarían 1.500 millones de euros, 300
millones más de lo previsto por el actual Ejecutivo en el anteproyecto
de ley aprobado hoy.
La norma que regula el nuevo impuesto sobre servicios digitales contempla un gravamen del 3 % que se aplicará a las multinacionales tecnológicas que
facturen al menos 3 millones de euros en España y 750 millones en el
resto del mundo para garantizar que no afecte a las pymes.
El anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y transposición de la Directiva antielusión incluye un mayor control de los titulares y saldos de las cuentas nacionales y extranjeras en criptomonedas, así como la obligación de informar de las operaciones realizadas en monedas virtuales.
El anteproyecto aprobado este viernes en Consejo de Ministros contempla asimismo sanciones de hasta 150.000 euros para
quienes vendan o distribuyan software de doble uso con el que se
ocultan ventas y servicios en las operaciones con consumidores finales,
según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra ha destacado que la Ley recoge una batería de medidas contra las nuevas formas de fraude, para luchar contra los comportamientos inadecuados de
las multinacionales que hacer planificaciones fiscales "agresivas" y
para lograr un sistema fiscal más resdistributivo y justo.
Ha añadido que habrá 200 nuevos funcionarios en la Agencia Tributaria (AEAT) para dar cumplimiento a las medidas incluidas en el anteproyecto.
Respecto
a la recaudación prevista, ha asegurado que la estimación de 828
millones de euros es conservadora, teniendo en cuenta que el anterior
Ejecutivo del PP cifraba en 1.000 millones los ingresos derivados de
cada una de las leyes que hizo contra el fraude.
Montero ha destacado otras medidas incluidas en el anteproyecto como el refuerzo del control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de "una lista negra" de operadores que no están autorizados.
Asimismo, la norma habilita al Gobierno para actualizar y ampliar la lista de paraísos fiscales y prohíbe las amnistías fiscales, que son "un agravio para los consumidores cumplidores", ha dicho Montero.
La
Ley traspone también la directiva europea antielusión para que las
multinacionales tributen en los países en los que generan valor y evitar
que trasladen beneficios a territorios con una baja tributación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario