BARCELONA.- Desde que Carles Puigdemont decidiera huir a Bélgica hace cuatro meses y
fijar allí una estructura denominada ahora “Espacio libre de Bruselas”,
la gran incógnita ha sido cómo se financia. Las dudas aumentaron cuando
trascendió que el expresident había alquilado una casa en Waterloo por 4.400 euros al mes.
Empresarios amigos, altos cargos de la Generalitat y el PDeCAT sufragan
el grueso de la operación, según diferentes fuentes próximas a
Puigdemont que recoge El País.
Puigdemont vive en Bélgica —primero en Bruselas y ahora en Waterloo—,
al igual que los exconsejeros de Cultura, Lluís Puig; de Salud, Toni
Comín; de Agricultura, Meritxell Serret; y de Enseñanza, Clara Ponsatí.
Desde el primer momento todos han querido recalcar que ni su manutención
ni el coste de la estructura de colaboradores que están con ellos corre
a cargo de la Generalitat.
Ayer mismo Puigdemont reiteró en una
entrevista a Rac1 que su estancia no se paga con dinero público:
“Lo pagamos nosotros personalmente y gente de su bolsillo, de mi
entorno, que pone dinero. Amigos. Hay gente que voluntariamente expresa
su solidaridad haciendo posible el sostenimiento, con las limitaciones
obvias, del Gobierno en el exilio”, dijo.
Fuentes del entorno de Puigdemont, de su partido (el PDeCAT) y de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la formación a la que
pertenecen Comín y Serret, enfatizan que el Gobierno no hallará ninguna
irregularidad en la financiación de su estancia en Bélgica. Estas
fuentes coinciden en señalar que el dinero que llega a Bruselas tiene
cuatro principales orígenes. En primer lugar, el sueldo de diputado que
cobran tanto el expresidente como Comín, que es de 2.800 euros brutos
mensuales.
La segunda vía de financiación, la más importante, viene por las
donaciones de simpatizantes del independentismo, que se canalizan de
diferentes formas. En primer lugar, están los empresarios afines. Desde
el PDeCAT y ERC apuntan abiertamente que el primero y más importante ha
sido Josep Maria Matamala, el amigo íntimo del expresidente que le ha
acompañado en Bruselas desde el primer momento.
Más allá de este empresario gerundense, Puigdemont ha recurrido
también, según las mismas fuentes, a donaciones de algunos altos cargos
de la Generalitat en ejercicio que le han entregado de manera voluntaria
parte de su sueldo. “No se trata de algo generalizado entre todos los
cargos del Govern, pero sí de los más allegados a Puigdemont,
especialmente en el departamento de Presidencia”, señalan estas fuentes,
que no concretan ni los nombres ni la cuantía de los donativos.
Defensa judicial
Los partidos suelen exigir parte del sueldo a sus cargos públicos
para financiarse. Desde Junts per Catalunya aseguran que no se pide a
los diputados del Parlament que aporten dinero para la manutención de
los exconsejeros en el exilio. Algo que, si se hiciera, tampoco tendría
nada de ilegal.
La defensa jurídica de Puigdemont y el resto de los exconsejeros es
el único aspecto que tiene una fuente clara, la tercera vía de
financiación: el PDeCAT confirma oficialmente que se hace cargo de todos
los gastos de la defensa judicial, que no son pocos. Además del abogado
Alfonso Cuevillas, Puigdemont cuenta con apoyo legal en Bruselas.
Y, por último, paralelamente a las aportaciones del PDeCAT, otra
entidad está recaudando fondos, en las llamadas cajas de resistencia, no
solo para los exconsejeros huidos sino también para las familias de los
exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva (Oriol Junqueras y
Joaquim Forn). Se trata de la Associació Catalana per la Defensa dels
Drets Civil, que recoge aportaciones tanto en forma de cuotas mensuales
como de donativos puntuales.
Tanto el entorno de Puigdemont como el PDeCAT dicen estar trabajando
en un plan para dar a conocer los detalles de su sistema de financiación
y, según dicen, “evitar suspicacias”, al tiempo que señalan la
“legalidad” de todas las operaciones.
La puesta en marcha del llamado “Espacio libre de Bruselas”,
dentro del cual figura el llamado consejo de la república o parlamento
“en el exilio”, también implicará una inyección de dinero. La idea pasa
por que funcione como una fundación privada y así pueda recibir
donaciones. Esta estructura, sin poder ejecutivo sobre el Govern, busca
promover el proceso constituyente y trabajar por la internacionalización
del plan separatista, según el documento que la CUP somete hoy
a debate. Está compuesto por tres miembros de Junts per Catalunya, tres
de ERC y uno de la CUP.
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