MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción estudia pedir el interrogatorio de la actual
gerente nacional del PP, Carmen Navarro, como imputada -ahora,
investigada- una vez reciba el informe que ha solicitado a la Guardia
Civil sobre su vinculación con los presuntos delitos electorales que
habría cometido el PP de Valencia en 2011 y 2015.
Según publica 'El
Mundo', Navarro estaría relacionada por su papel como administradora
general de las elecciones de esos años.
El diario recuerda que Compromís presentó una denuncia tras revisar
las libretas intervenidas a la secretaria del grupo municipal del PP en
Valencia, Mari Carmen García Fuster, en el marco de la Operación Taula.
Sus anotaciones recogían donaciones, anónimas, que castiga la ley
electoral. García Fuster no aclaró ni al juez ni al fiscal el origen del
dinero y se negó a identificar quién lo recaudó.
Hasta el momento, las diligencias se ceñían únicamente al presunto
delito de blanqueo de capitales pero se ampliarán a un posible delito
electoral para conocer el origen del dinero que entraba en las cuentas,
más de 300.000 euros. Técnicamente, añade ‘El Mundo’, el juzgado
continúa sin abrir diligencias por estos delitos pero es una realidad
que el blanqueo ha pasado ya a un segundo plano en los interrogatorios
que se están practicando, admiten fuentes de las defensas.
Al parece, lo que no se plantean ni el juez ni el fiscal es tomar
declaración al PP como persona jurídica por un presunto delito
electoral. Ello sería fruto de la interpretación que hacen del artículo
149 de la ley electoral 5/1985. El mencionado artículo explica que
podrán ser investigados personas físicas, “los administradores generales
y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u
omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de
cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas
contables”.
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