MADRID.- Según ha avanzado este viernes la cadena SER, el juez Álvaro Martín está
a punto de dar por concluida la investigación sobre la pieza política
de los ERE, el caso de corrupción que más duramente ha golpeado al PSOE.
Así pues, el caso de los ERE irrumpira en plena precampaña electoral,
si bien es cierto estaba previsto que los plazos que se ha dado el juez
estaban previstos antes de que se supiera que volvería a haber
elecciones el próximo 26 de junio.
Según la SER, que alude a la instrucción del Tribunal Supremo, “todo
hace indicar que (el juez) procesará a los expresidentes Chaves y
Griñán, al exvicepresidente Gaspar Zarrías y a los exconsejeros de
Empleo, Hacienda e Innovación José Antonio Viera, Antonio Fernández,
Manuel Recio, Magdalena Álvarez, Antonio Ávila, Francisco Vallejo,
Martín Soler y Carmen Martínez Agüayo”. No se sabe si el juez de apoyo
decidirá el procesamiento de otros ex altos cargos y personalidades como
Braulio Medel, presidente de Unicaja.
El asunto del que se trata es el relativo a la “trama política” de
los ERE. La tesis de la juez Alaya, que comenzó a instruir la causa
cuando el actual instructor realizaba funciones de juez de refuerzo, y
del Tribunal Supremo es que hay indicios suficientes para aceptar que
todo el caso ERE fue consecuencia de unas decisiones políticas adoptadas
según la estructura jerárquica de la Junta para usar dinero público en
beneficio del PSOE y de sus empresarios, sindicatos, o electorados
amigos. En esa gran operación política, se idearon procedimientos
presuntamente ilegales que sustituyeron la Ley de Subvenciones y la Ley
General de la Hacienda Pública por fondos sin control conocidos como
“fondo de reptiles” según lo calificó uno de los principales
protagonistas del caso, el ex director general de Empleo de la Junta,
Francisco Javier Guerrero.
La SER subraya que el juez Martín, al que las defensas de los
imputados no consideran el juez natural de la instrucción del caso, está
ultimando su auto que podrá ser recurrido. Tras la resolución
definitiva se pedirán penas para los procesados y se procederá a fijar
la fecha del juicio oral.
El caso provocó la crisis interna del PSOE con la dimisión inicial de
Manuel Chaves, seguida de la de José Antonio Griñán, de la presidencia
de la Junta de Andalucía. Posteriormente, la oposición exigió su
renuncia a los fueros correspondientes como diputado y senador. Luego
llegó el turno de Gaspar Zarrías el del ex consejero José Antonio Viera,
la de Magdalena Álvarez, de su cargo de vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones y otros muchos.
También se cobró el caso el apartamiento de la principal instructora
desde 2011, la juez Alaya, que aceptó un puesto que le correspondía en
la Audiencia Provincial creyendo que conservaría la instrucción de los
casos, algo que no fue admitido por su sucesora en el caso que revisó la
instrucción troceando el caso y dando prioridad a la pieza “política”
que, de quedar en nada, afectaría a la sustancia penal de todo el
proceso.
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