miércoles, 7 de noviembre de 2018

La asociación mayoritaria de jueces niega "servilismos" a los grupos económicos


MADRID.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, ha negado "servilismo hacia grupos económicos" en los tribunales españoles y ha recordado que es responsabilidad de los partidos y del poder legislativo modificar y clarificar las leyes si lo consideran necesario.

En un comunicado, la APM tacha de "lamentable" la gestión del caso de las hipotecas en el Tribunal Supremo y ve comprensible que haya causado "desconcierto" en la opinión pública y un "profundo malestar" en quienes se ven afectados por su decisión, pero rebate las críticas al sistema judicial en su conjunto y, en especial, las vertidas por algunos responsables políticos.

En un momento en que "lo fácil" es sumarse a quienes promueven el desprestigio de la justicia, la APM subraya la "profesionalidad e independencia del poder judicial" y niega que se obedezca a "presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley".
La APM reconoce que el principio de seguridad jurídica exige uniformidad en la aplicación de la ley, pero recuerda que antes exige "un marco legislativo que evite en la medida de lo posible "amplios márgenes a la interpretación".
"Los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos", subraya antes de recordar, como ejemplo, que en la Comisión de Economía del Congreso está paralizado un proyecto de ley de crédito inmobiliario.
A su juicio, si el poder legislativo tiene claro que el banco debe asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las hipotecas, puede tramitar en dos meses una ley para resolver el problema, "pero no pase su responsabilidad al poder judicial", añade la APM recordando que ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se reformará la actual legislación.

El Gobierno confía en que la banca no traslade el impuesto al cliente

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado hoy a la responsabilidad de la banca para que no traslade al cliente el coste del impuesto por formalizar las hipotecas, que a partir de ahora recaerá en el sector financiero. 

El líder del Ejecutivo confía en que la banca española no acabe trasladando ese mayor coste de las hipotecas al cliente con el argumento de que el mercado hipotecario es "bastante competitivo", según ha explicado en rueda de prensa.
Sin embargo, en las últimas semanas la banca había trasladado públicamente la idea de que si tenía que hacerse cargo de este impuesto tendría que revisar su oferta hipotecaria, lo que se entendía como un posible encarecimiento de las hipotecas.
Además, el impuesto de actos jurídicos documentados, que recaudan las autonomías y que Moody's cifra en unos 640 millones de euros anuales, sólo se cobra en algunos países de la Unión Europea y en España es el más elevado, con una horquilla entre el 0,5 y el 1,5 %.

La banca pierde más de 11.600 millones en depósitos en un año, según la AEB

MADRID.- La banca española perdió 1.234 millones de euros en depósitos entre julio y agosto de este ejercicio, un recorte que fue mucho mayor, de más de 11.600 millones, en términos interanuales. 

Así se desprende de los datos publicados hoy por la Asociación Española de Banca (AEB) en los balances correspondientes al mes de agosto, que reflejan que el sector acumulaba a cierre de ese mes un volumen de 632.566 millones de euros en depósitos.
De esa cantidad, los tres grandes bancos, Santander, BBVA, y Sabadell sumaban al cierre de agosto unos 469.466 millones en depósitos captados de los clientes.
Según estos mismos datos, el crédito concedido por las entidades asociadas a la AEB se redujo en agosto un 4,74 % en comparación interanual y quedó en 652.993 millones de euros.
En comparación con el mes anterior, el recorte fue mucho menor, de apenas un 0,99 %, ya que entonces el crédito sumaba 659.993 millones.

Preocupación en el Supremo por el efecto del fallo de hipotecas en su imagen

MADRID.- Jueces del Tribunal Supremo han recibido hoy con cierta preocupación el segundo cambio de jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso en relación al impuesto de las hipotecas, y existe el temor en el alto tribunal de que todo lo que ha rodeado al pleno sea ahora utilizado para deslegitimar la institución.

Una sensación de malestar que comparten diversos magistrados, según confirman fuentes del alto tribunal consultadas, quienes están prácticamente seguros de que el cambio de criterio de la Sala será utilizado para atacar la imagen del Supremo, poco antes de que afronte uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, el del "procés".
Coinciden los magistrados -apuntan las fuentes- en que hubo un fallo en la gestión de la primera sentencia que atribuyó el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas a los bancos y en la convocatoria del pleno de lo Contencioso-Administrativo, cuya deliberación se inclinó finalmente a favor de las entidades financieras tras cerca de 16 horas de agrio debate.
La consecuencia, señalan algunos, es un varapalo indudable a la imagen del Supremo.
Además, temen que se haya dado la impresión de que, en lugar de intentar unificar criterios, el pleno buscó acallar la posición de los magistrados que en esa primera sentencia del 18 de octubre se pronunciaron a favor de que fuese el banco y no el cliente quien pagase el impuesto.
Es esa idea de posible instrumentalización de la convocatoria del pleno lo que ha hecho daño, afirman las fuentes, a la imagen de una institución como el Supremo y sobre todo a su presidente, Carlos Lesmes, quien ya pidió disculpas en su día por la gestión del asunto.
E independientemente de los diferentes análisis que se realicen sobre quién o quiénes han cometido el error, los magistrados son conscientes de que esta controversia va a dar pie a que se critique su labor y se les tache de favorecer interesadamente a unos u a otros.
Aún así, las fuentes consultadas confían en que todo vuelva a la normalidad tras una decisión del alto tribunal, sobre la que se han manifestado en contra, de una manera u otra, todos los partidos políticos y la mayoría de las asociaciones judiciales.

Pedro Sánchez pide al Supremo que haga "autocrítica" sobre las últimas semanas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Tribunal Supremo que haga "autocrítica" sobre lo ocurrido en las últimas semanas con la rectificación de su sentencia sobre el impuesto de las hipotecas.

"Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Tribunal Supremo", ha dicho Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar medidas al respecto.
El presidente, que ha recordado al Supremo que ha "tenido pendiente a todo el sector financiero y a la mayoría de los ciudadanos" las dos últimas semanas, ha dicho, no obstante, que no cree que este asunto vaya a "minar la credibilidad" de este tribunal, porque "nada tiene que ver una cosa con otra".

Carmena ve "mala práctica" en la actuación del Supremo con el impuesto hipotecario

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha considerado hoy un "error enorme" y una "mala práctica" que el Tribunal Supremo decidiese ayer rectificar el criterio de la sala especializada sobre que la banca abonase el impuesto bancario, convocando para ello a magistrados no especializados en tributos.

En opinión de la exjueza esta forma de proceder es "una mala práctica por parte del Tribunal Supremo", del que ha destacado que "ha roto además la manera habitual de funcionar", y una "equivocación desde la estructura de la dirección del Supremo", a quien ha recordado "la independencia judicial".
El Tribunal Supremo acordó ayer, tras dos días de debate, que los clientes continúen asumiendo el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, pese a que el pasado 16 de octubre tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca quien se hiciera cargo.
En declaraciones a los periodistas tras la apertura del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales en Madrid, la regidora madrileña ha asegurado que "se ha llegado a la peor de las soluciones, que la sala especializada, que ha profundizado el tema, que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario" haya perdido la votación.
Para Carmena es "sorprendente" que no se diese "validez" a la sala especializada mientras a su juicio la decisión tomada ayer "exterioriza una división muy irreal" porque "la sala que realmente es la que conoce el tema tenía mayoría suficiente para elaborar las sentencias que elaboró".

La incertidumbre alcanza en España su mayor nivel en cinco meses, según Ceprede

MADRID.- La sensación de incertidumbre en España ha encadenado dos meses de aumentos, para situarse en octubre en su nivel más alto de los últimos cinco meses, según el Centro de Predicción Económica (Ceprede).

Ceprede elabora mensualmente un indicador de incertidumbre nacional a partir de cuatro parámetros: desconfianza empresarial y del consumidor, volatilidad bursátil y de la prima en bonos, cambio económico y de expectativas, e incertidumbre mediática.
En octubre ese índice se situó en 68,3 puntos, el segundo nivel más alto desde 2018, debido al avance de la incertidumbre mediática y financiera, cierta volatilidad bursátil y un mayor temor a una desaceleración macroeconómica mayor de lo esperado y a una recesión a medio o largo plazo.

La renuncia de Cospedal obliga al Congreso a buscar el cuarto presidente de la Comisión de Exteriores de la legislatura

MADRID.- La renuncia al escaño de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, obligará al Congreso a buscar una persona para sustituirla en la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, un puesto que ya han ocupado tres diputados en lo que va de legislatura.

Tras la constitución de las Cortes después de las elecciones de junio de 2016, los grupos acordaron un reparto de presidencias de comisión que reservaba al PP la de Exteriores. Así, el Grupo Popular empezó promoviendo al expresidente del Congreso Jesús Posada para presidir este órgano y ejerció como su máximo responsable durante un año, el que tardó en constituirse el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.
Para su nuevo Gabinete Rajoy prescindió del que había sido su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien el partido intentó buscar acomodo como presidente de la Comisión de Exteriores. Para hacerle hueco, el Grupo Popular decidió enviar a Posada a la Comisión Constitucional de la que fue elegido presidente en sustitución de Juan Ignacio Zoido, quien se había ido al Gobierno como titular de Interior.
Sin embargo, la oposición boicoteó la elección de Fernández Díaz como nuevo presidente de la Comisión de Exteriores porque había sido reprobado por la Cámara y estaba siendo objeto de una comisión de investigación por la utilización del Ministerio del Interior con fines partidistas.
Por eso el PP acabó colocándole al frente de la Comisión de Peticiones, un puesto para que el no se requiere ser votado por los demás grupos, sino que se adjudica automáticamente a un representante del grupo mayoritario.
Y la diputada gallega Pilar Rojo, que hasta noviembre de 2016 había presidido la Comisión de Peticiones acabó siendo elegida presidenta de la Comisión de Exteriores, un cargo que desempeñó hasta el pasado mes de septiembre, cuando dimitió para dejar paso a Cospedal, que acababa de perder el Ministerio de Defensa por la moción de censura.
Así las cosas, con la renuncia a su acta de diputada la exministra de Defensa obliga a su grupo a proponer una nueva candidatura para la Presidencia de la Comisión de Exteriores que en las próximas semanas deberá elegir a su cuarto presidente de la legislatura.

IU urge la dimisión "inmediata" de Lesmes y Díez-Picazo ante una sentencia "anómala"

MADRID.- IU ha exigido hoy la dimisión “inmediata" del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, por su actuación “anómala e irregular” en la crisis de las hipotecas.

La dirección de IU ha afirmado, en un comunicado, que el "poder judicial ha traspasado todas las líneas rojas" y ha urgido a una reforma en profundidad de la Justicia.
Ha criticado que tras dos días de “vergonzosos debates”, los 28 magistrados que componen el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo enmienden una doctrina "consolidada precisamente por la sección del tribunal experta en materia tributaria”.
IU ha considerado que Carlos Lesmes, también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Díez-Picazo se han "saltado" las normas establecidas por el alto tribunal y han "favorecido los intereses económicos de la banca".
"Esa misma banca que paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de élite", ha aseverado.
Para IU el “vergonzoso resultado de esta burda maniobra sin precedentes y contraria a lo establecido en la ley, al dictado de la banca y de la desmesurada campaña publicitaria desatada por los poderes económicos”, consigue “anular de un plumazo la doctrina jurisprudencial que se creía firme.
La dirección de la formación que coordina Alberto Garzón ha denunciado que con esta nueva actuación del Supremo “digna de corsarios" la justicia pierde la poca legitimidad que le quedaba" y ha animado a acudir a las concentraciones del próximo sábado ante el Tribunal Supremo y las sedes judiciales de cada provincia.

Adriana Lastra critica la "nefasta" gestión de Lesmes en el fallo sobre las hipotecas

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha criticado la "nefasta" gestión que ha hecho en los últimos quince días el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, respecto al fallo sobre el impuesto de las hipotecas.

Lastra, en una entrevista en RNE, ha pedido al Poder Judicial que sea consciente de que el cambio de criterio que ha tenido el Supremo "ha debilitado mucho la imagen de la justicia española" y ha dicho que corresponde al CGPJ adoptar las "decisiones oportunas" respecto a la petición de dimisión de Lesmes que ya han hecho las asociaciones de jueces.
Tras asegurar que los socialistas están "desconcertados, como toda España", con la sentencia de ayer, la número dos del PSOE ha llamado al CGPJ a "valorar en qué lugar han dejado a la justicia de cara a la ciudadanía" y a pensar "si ahora los ciudadanos pueden sentir que todos somos iguales ante la justicia".
Lastra ha señalado que confía "plenamente" en las decisiones que adopte mañana el Consejo de Ministros: "Estoy convencida de que mañana habrá buenas noticias", ha señalado, y ha hecho hincapié en que ahora le toca actuar al Gobierno y al Parlamento.
Ha recordado además que el lunes tienen que registrarse las propuestas de los partidos para la renovación del CGPJ y ha explicado que el PSOE lo que quiere, y lo que está hablando con los otros grupos parlamentarios, es que en el órgano de gobierno de los jueces estén reflejadas todas las sensibilidades "no políticas o ideológicas, sino sociales".
Para los socialistas esto supone que haya en el CGPJ "expertos en violencia de género, en lucha anticorrupción y en distintas materias judiciales".
Respecto a la protesta convocada por Podemos para el próximo sábado a las puertas del Supremo, ha opinado que "más allá de que se convoquen manifestaciones es hora de ser ejecutivos y de tomar decisiones".

PP y C's crean una comisión para investigar en el Senado la tesis doctoral de Sánchez

MADRID.- El PP y Ciudadanos han aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre críticas del resto de grupos que ven en ella un uso partidista y una labor que no corresponde a la Cámara Alta.

Aparte de Ciudadanos, solo la senadora de Foro ha apoyado esta iniciativa del PP para descubrir “la verdad” sobre la tesis doctoral del presidente y ver si Sánchez sale de ella “convertido en el doctor Jekyll o míster Hyde”, según la senadora del PP Esther del Brío.
El senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre ha justificado la iniciativa porque considera que “hay dudas razonables” sobre si el “doctor Sánchez” plagió su tesis y si hubo una “tercera persona” que la escribiera.
Pero la senadora del PSOE Carmen Iglesias cree que la creación de esta comisión responde a “la frustración del PP por haber perdido el poder” y no a que exista un interés público por la tesis de Sánchez.
Además, ha acusado a los populares de usar el Senado en función de sus intereses partidistas, como un “chiringuito particular”, según la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, un reproche en el que han coincidido ERC, PDeCAT, PNV y CC.
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha considerado que “de alguna manera” el propio Sánchez ha “obligado” a crear esta comisión por “mentir” al haberse comprometido a comparecer y no hacerlo, algo que a su juicio demuestra que “algo tiene que ocultar” sobre su trabajo doctoral.
En declaraciones a los periodistas tras el debate, Cosidó ha recordado que no acudir a una comisión de investigación tiene “repercusiones penales” por lo que el PP “no contempla” el escenario de que Sánchez se niegue a comparecer. 
De la propuesta del PP se han desmarcado dos de los socios de este grupo, el senador de UPN Francisco Javier Yanguas y las senadoras del PAR Rosa Santos y Belén Ibarz, las cuales piensan que no es competencia del Senado indagar en tesis doctorales, al igual que el resto de partidos que han votado en contra.
El PP ha contado con el respaldo de Ciudadanos, ya que “cuando hay dudas razonables, hay que aclararlas”, según Alegre, quien ha asegurado que el presidente “mintió” en el Congreso cuando dijo que la tesis estaba publicada y ha asegurado que sus “amenazas” no van a frenar a su partido para lograr que explique “la verdad”.
También la ha respaldado la senadora de Foro Rosa Domínguez de Posada que se ha preguntado si Sánchez tiene algo que ocultar al no querer comparecer y ha advertido de que sus “triquiñuelas” para evitarlo le hacen parecer un “totalitario cualquiera de baja estofa”.
ERC ha optado por la abstención porque, según Miquel Àngel Estradé, aunque este grupo quiere la máxima transparencia política, en este caso advierte una finalidad “partidista, oportunista y sectaria” del PP, y teme que la usará como ya está haciendo con la Comisión de Financiación de los Partidos.
Contra la creación de esta comisión, la socialista Carmen Iglesias ha apuntado que “no tiene ni pies ni cabeza” y lo único que pretende el PP es “traer al presidente para humillarle”.
Iglesias se ha preguntado qué tipo de fraude puede haber en la tesis si no lo hay de tipo penal, según dictaminó la Fiscalía, ni de tipo académico, como ya concluyó la Universidad, y ha aprovechado para recordar que el Tribunal Supremo ha apreciado “indicios” de trato de favor en el máster del líder del PP, Pablo Casado.
Maribel Mora, de Unidos Podemos, ha reprochado al PP que “una y otra vez” haga un uso “partidista” del Senado y también ha incidido en los “escándalos” de los títulos de Casado y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes para preguntarse si “todos los líderes políticos” deberían ser investigados.
El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha acusado al PP de usar el Senado como su “cortijo particular” y como una Cámara “de revancha” para intentar conseguir con su mayoría absoluta lo que no logran en el Congreso. “No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar”, ha concluido.
Para Jokin Bildarratz, del PNV, es necesario que el PP “salga del lodazal” en el que quiere convertir política y ha manifestado su rechazo a la comisión porque el Senado “no es competente” para juzgar la tesis de Sánchez y las comisiones de investigación solo sirven para “meter el dedo en el ojo” del adversario político
También se ha opuesto el senador de CC Pablo Rodríguez Cejas, para quien la función del Senado no es investigar si Pedro Sánchez redactó su tesis, copió o no, porque “para eso ya está universidad y los tribunales”.

Sáenz de Santamaría tomará este jueves posesión como consejera de Estado

MADRID.- La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría tomará este jueves posesión de su cargo como miembro del Consejo de Estado.

Junto a la vicepresidenta, tomarán también posesión otros tres integrantes más de este órgano consultivo del Gobierno: la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, la exmagistrada de este tribunal Elisa Pérez Vera y el exparlamentario catalán Jordi Guillot.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de octubre esos nombramientos de consejeros electivos, así como la continuidad de otros cuatro.
En concreto, del exministro de Justicia José María Michavila, el expresidente del Senado Juan José Laborda, el exministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y la exconsejera del Gobierno asturiano Amelia Valcárcel.
Sáenz de Santamaría formará parte desde mañana de una institución encabezada por otra exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El cargo de consejera electa no es incompatible con el ejercicio de otra actividad, no está retribuido y la exvicepresidenta de Mariano Rajoy sólo percibirá las dietas que le correspondan por la asistencia a los plenos de la institución.

Torra aprovecha el fallo de las hipotecas para cargar contra la Justicia por los políticos presos

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por el “desprestigio” de la justicia española que, a su juicio, se ha visualizado tanto con la polémica de las hipotecas como con los encausados soberanistas.

En una intervención ante el pleno del Parlament, ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que rectifiquen la petición de penas a los líderes soberanistas procesados que formularon la semana pasada: “Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos saben hacerlo”.
Torra se ha mostrado muy crítico con la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, pero ha concluido que, si en este caso ha rectificado su posición inicial, también debería poder hacerlo en el caso de los líderes soberanistas procesados.
Ha avanzado que el independentismo se plantea el juicio a los independentistas como una oportunidad para criticar la posición del Estado y ha concluido: “Yo estoy aquí hoy para acusar al Estado español. ¿Quién puede callar ante una aberración tan grande?”.
También ha considerado que el fallo de este martes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi (EH Bildu) es otro ejemplo de la situación judicial en España: “La injusticia española de hoy será la condena de la justicia europea mañana”.
Torra ha confirmado desde la Cámara catalana que retiran cualquier apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía: “No aprobaremos los Presupuestos de Pedro Sánchez. No han puesto ninguna solución encima de la mesa ni han tomado ninguna decisión”.
El presidente catalán ha afirmado que los grupos independentistas en el Congreso, el PDeCAT y ERC, ni tan siquiera se prestarán a negociar las cuentas porque ha afirmado que nunca “traficarán con la democracia ni con la dignidad”.
“¿Cómo pueden imaginar que aprobaremos un presupuesto mientras dure la represión? Los dos grupos no entrarán ni a negociar el presupuesto del Gobierno mientras no hay una voluntad clara de resolver” el conflicto en Cataluña por vías políticas y no judiciales.
El presidente catalán ha insistido en que no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los encausados soberanistas y el regreso sin represalias de los líderes que están en el extranjero y ha avisado: “Lo cumpliremos hasta las últimas consecuencias”.
Torra no ha explicado en qué se concretará su determinación de no aceptar la sentencia, pero sí ha previsto que haya una inmensa indignación que ha pedido transformar en “energía positiva” con el espíritu del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Así, ha apelado al resto de partidos de la Cámara, sean independentistas o no, a defender la libertad de los presos soberanistas y ha recordado que algunos de ellos son diputados o exdiputados con los que tejieron relaciones personales en el pasado.
“Ustedes han hablado con ellos. Los han tratado, han bromeado. Saben quiénes son, saben quiénes son sus familias. Se han dado la mano, se han abrazado a ellos”, ha continuado a Torra, que confía en hacer un frente común en defensa de la absolución.
Asimismo, ha asegurado que algunos de sus rivales políticos en el Parlament, en privado, aseguran que se sienten incómodos y rechazan la situación de los presos, y les ha exigido abandonar el silencio y “alzar la voz de una vez”.
“La defensa de los derechos, las libertades y la justicia toma valor real cuando se hacer a favor de sus adversarios. Les pido que dejen los equilibrios, los eufemismos y las medias palabras”, ha zanjado el presidente.

El Gobierno tendrá mayoría para convalidar el Decreto del impuesto hipotecario

MADRID.- El Gobierno tendrá mayoría absoluta en el Pleno del Congreso para convalidar el real decreto que garantiza que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo pagará la banca y no el cliente, ya que tiene asegurados los votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT, entre otros.

El Decreto que aprobará este jueves el Consejo de Ministros modificará la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que el impuesto de AJD vinculado al préstamo hipotecario sea abonado por el banco.
La modificación de la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque posteriormente deba ser convalidado en el Pleno del Congreso e incluso pueda ser tramitado como proyecto de Ley para ser modificado vía enmiendas.
El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de al menos 194 diputados, mayoría absoluta para sacarlo adelante, ya que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han avanzado que lo apoyarán así como el PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.
No obstante, queda pendiente la decisión del PP, ya que aunque su líder, Pablo Casado, ha defendido la idea de suprimir totalmente este tributo, ha señalado que esperará a leer el decreto ley para confirmar que su partido rechaza su convalidación.
PNV, ERC y Compromís todavía no han confirmado si apoyarán la convalidación, aunque los republicanos catalanes han defendido en los últimos días que este impuesto lo pague la banca.
Aunque se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas para su recaudación, el cambio en la Ley no afectaría a Euskadi y Navarra, ya que en sus regímenes forales tienen su propia ley que, en el caso de Navarra, dicta que el tributo lo pague el cliente. 
En este sentido ni PNV ni UPN se han posicionado pese a que el diputado navarro, Íñigo Alli, ha señalado que la “música” del Real Decreto “suena bien”, aunque ha advertido de que al día siguiente de la convalidación “los bancos ya tendrán preparados sus sistemas operativos para repercutir el coste en los clientes”.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también han indicado que convalidarán el texto a expensas de leer detenidamente los detalles, mientras el PDeCAT ha advertido de que se queda “corto”, pero que lo apoyará.
EH Bildu parece inclinarse por la convalidación aunque la diputada Marian Beitialarrangoitia ha lamentado que el Gobierno actúe en favor de los consumidores “a regañadientes, tarde y mal, para cambiar lo mínimo posible”.
El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha avanzado en rueda de prensa en el Congreso que “obviamente no vamos a dejar de apoyar el Real Decreto si plantea claramente que sean los bancos los que deben pagar”, pero ha avisado de que es insuficiente y de que el Gobierno debe impulsar una nueva Ley Hipotecaria que dé por nulas las cláusulas abusivas y proteja más al deudor.
“Que miren la Ley Hipotecaria porque ahí se juegan los intereses de la mayoría de los consumidores hipotecarios”, ha aseverado al tiempo que ha recordado que si no se implementan las sentencias de los tribunales europeos podrían activarse miles de procedimientos judiciales de desahucios que ahora están paralizados.
Mayoral ha urgido a que la ponencia de la Ley Hipotecaria, que volverá a reunirse la próxima semana en el Congreso, recoja la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables y establezca la obligatoriedad de la dación en pago.

Siete distritos de Madrid y cinco municipios harán un referéndum sobre la monarquía

MADRID.- Al menos siete distritos de la capital y cinco municipios de la región realizarán el próximo 2 de diciembre una consulta popular a sus vecinos sobre si están a favor de la monarquía o de la república como formas de Estado, ha informado los convocantes en un comunicado.

En la capital, responderán a la pregunta ‘¿Cuál es el modelo de Estado que prefiere?’ los vecinos de Latina, Arganzuela, Carabanchel, Centro, Tetuán, Vallecas, Usera y del barrio de Orcasitas. Mientras que los municipios que se suman a esta iniciativa son Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Leganés y Rivas. Y lo harán cuatro días antes del 40 aniversario de la Constitución de 1978.
“Toda las derechas de este país dicen que no hay debate social sobre la monarquía, que es un debate falso que a nadie interesa”, han señalado.
“El que se lancen coordinadamente a alentar esa idea es señal inequívoca de que sí lo hay, que monarquía sí o no, república sí o no, es un tema candente, con profundas implicaciones sociales, como demuestran la extensión del movimiento a favor de la celebración de un referéndum vinculante sobre este tema y la proliferación de ayuntamientos e instituciones representativas que se pronuncian en tal sentido”, han reseñado.
Por otro lado, docentes, investigadores y personal de la Universidad Autónoma de Madrid respaldarán el referéndum convocado el próximo 29 de noviembre por los alumnos en el centro universitario.
Hace dos semanas, un grupo de estudiantes e investigadores de la Autónoma de Madrid decidieron impulsar un referéndum sobre la monarquía “para visibilizar cuál es la opinión de la juventud acerca de ser súbditos de una institución anacrónica, corrupta y vinculada al régimen franquista”.
Recogiendo “el cuestionamiento cada vez mayor a la monarquía”, se constituyó la plataforma Referéndum UAM para organizar un referéndum en la universidad, a la que está llamada a participar toda la comunidad universitaria.
Frente a ello, un grupo de docentes, investigadores y personal administrativo de universidades de todo el Estado han firmado un comunicado de apoyo a los referendos universitarios.

El Banco de España cree que las entidades españolas deben reforzar su capital

MADRID.- El Banco de España considera que los bancos deben reforzar su capital, aunque tienen capacidad de resistir escenarios adversos, y alerta una vez más sobre el elevado crecimiento del crédito al consumo, que está aumentado a ritmos de más del 20%.

Además, ha llamado la atención sobre los cambios en el mercado hipotecario, puesto que pueden tener consecuencias tanto en los precios como en el volumen de las hipotecas “por lo que hay que valorar si esas consecuencias son las buscadas o no”, según fuentes de la Dirección General de Estabilidad Financiera del banco central.
Estas mismas fuentes han explicado que desde la entrada en vigor de los requerimientos de mayor capital (CET1) en 2014, las entidades financieras españolas sólo han aumentado esta ratio en 30 puntos básicos, hasta el 11,9 %.
En el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre publicado hoy, el Banco señala que tanto los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) como la evaluación prospectiva interna del propio Banco de España muestran una considerable capacidad de resistencia ante un escenario adverso, pero tienen niveles reducidos de sus ratios de capital.
Igualmente ha advertido sobre el fuerte incremento del crédito al consumo, que si bien ha moderado algo su tasa de crecimiento en junio, sigue aumentando a tasas superiores al 20 % (27 % en diciembre de 2017, 28 % en marzo pasado y 23 % en junio), y con la morosidad creciendo a una tasa del 22,6 % interanual.
Por ello, el Banco explica que las entidades deberán provisionar este aumento de la morosidad y revisar la sostenibilidad del crecimiento en este segmento y si los criterios de concesión se ajustan al perfil de riesgo que quieren para sus carteras crediticias.
Las mismas fuentes han señalado que llevan seis meses avisando a los bancos sobre este tema, pero que no les quita el “sueño” porque el crédito al consumo es un segmento muy acotado, unos 35.000 millones, que representan tan sólo el 4 % de la cartera crediticia de los bancos.
Entre los principales factores de riesgo para las entidades financieras, cita el estrechamiento de los márgenes de negocio, que les pueden llevar a buscar alternativas de negocio más rentables y arriesgadas, si bien no percibe que estas dudas hayan aumentado sobre su anterior análisis.
Los riesgos que sí han evolucionado al alza son el aumento de la incertidumbre política y económica y la intensificación de las tensiones comerciales, que pueden provocar una subida de tipos y un aumento de las primas de riesgo.
En el ámbito nacional los riesgos están relacionados con la orientación futura de las decisiones económicas en el contexto de fragmentación política y con un eventual aumento de la tensión en Cataluña.
También sitúa entre las incertidumbres un repunte de tipos en Estados Unidos mayor del esperado, el aumento de la tensión en Italia -que “hasta la fecha” no ha tenido una repercusión significativa en España-, la indefinición sobre el Brexit y la apreciación continuada del dólar y el euro frente a las divisas emergentes son otros nubarrones que ve el Banco de España.
En concreto, en Turquía y Argentina se han materializado parte de esos riesgos por sus mayores desequilibrios exteriores, si bien esas tensiones no se han contagiado a otros emergentes de mayor tamaño, a los que el sistema financiero español está más expuesto.
También advierte sobre la financiación de empresas no financieras y familias, a pesar de que siguen reduciendo sus niveles de endeudamiento, y sobre los todavía elevados niveles de endeudamiento de las administraciones públicas y la economía frente al exterior, lo que eleva la vulnerabilidad ante un escenario adverso.
Destaca la reducción del valor máximo de activos dudosos de los bancos, que desde finales de 2013 se ha reducido en más de 114.000 millones de euros, algo más del 60 %, con una ratio de morosidad del 6,4 % en junio de 2018, 7,5 puntos por debajo de la máxima alcanzada.

Casado alaba la decisión "personal" de Cospedal de dejar el escaño

MADRID.- El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que a la exsecretaria general del partido y exministra, María Dolores de Cospedal, le "honra" la decisión "libre y personal" de dejar su escaño en el Congreso y ha subrayado que ha pensado en el PP antes que en sus "intereses personales". Además, ha solicitado al PSOE aplicarse la misma vara de medir.

Así se ha pronunciado desde Hensinki (Finlandia), donde participa en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), poco después de que Cospedal haya difundido un comunicado anunciado que deja su acta tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. 
En su despedida, pide al PP que defienda a los suyos cuando son "injustamente atacados" y subraya que ella no ha hecho "nada" de lo que se sienta "avergonzada".
Casado ha agradecido su labor en el PP durante estos años de servicio público con cargos como 'número dos' del partido, presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa y ha recalcado que su decisión ha sido "generosa y responsable", pensando en su partido "antes que en sus intereses personales". 
Y ha añadido que como ha dicho ella misma en el comunicado "ya se podían aplicar" este criterio el Gobierno y el PSOE.

Cospedal anuncia que deja su escaño para liberar al PP "de cualquier ataque"

MADRID.- La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha anunciado este miércoles que deja su escaño en el Congreso tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo difundidas por el digital 'Moncloa.com'.

"Hoy dejo mi escaño. Lo hago para liberar al Partido Popular de cualquier ataque, por muy injustificado que este sea sobre todo cuando estamos en un importante proceso electoral en Andalucía", asegura la expresidenta de Castilla-La Mancha en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Las víctimas del terrorismo piden al Gobierno que recurra el fallo de Estrasburgo sobre Otegi

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que la Abogacía del Estado recurra a través de la Abogacía del Estado el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que considera que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune.

"Solicitamos al Gobierno que a través de la Abogacía del Estado remita el caso ante la Gran Sala y recurra esta decisión", ha solicitado la AVT en su cuenta oficial de Twitter poco después de conocerse el fallo de Estrasburgo por la condena a Otegi por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Otegi fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación. Estrasburgo no le indemniza, pero le recuerda que puede pedir en España la revisión de aquella sentencia.
La sentencia, dada a conocer este martes, declara que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos --derecho a un procedimiento judicial imparcial-- sobre Otegi, Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres, todos condenados en aquel procedimiento.
Dignidad y Justicia también ha pedido al Ejecutivo que en el plazo de tres meses recurra a la Gran Sala del tribunal europeo.
"Si adquiere firmeza dicha sentencia", señala en un comunicado esta asociación, "se estará dando luz verde a los condenados a presentar dicho recurso de revisión, que le pueda ser suspendida o revocada dicha inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y darles vía libre para presentarse como candidatos a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, municipales y Juntas Generales al País Vasco que se producirán el próximo 26 de mayo de 2019".
"En caso contrario, y que el Gobierno no recurra a la Gran Sala del TEDH, quedará demostrada su evidente connivencia con los batasunos de Bildu y con los terroristas de ETA en un claro gesto al apoyo que Bildu dio a Pedro Sánchez para investirlo como presidente del Gobierno en la moción de censura contra Mariano Rajoy", defiende Dignidad y Justicia.
La Abogacía General del Estado anunció en octubre de 2012 que plantearía recurso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por ese tribunal el pasado 10 de julio en el caso de Inés del Río Prada, según informó entonces el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La Sección Tercera del Tribunal Europeo declaró que la aplicación de la conocida como 'doctrina Parot' a Del Río, condenada a más de 3.800 años de cárcel por 23 asesinatos y 57 intentos de asesinato, había vulnerado el principio de irretroactividad de las penas y el derecho a la libertad personal.

El Gobierno subirá el salario mínimo aunque se tengan que prorrogar los presupuestos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo es que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba el próximo 1 de enero hasta los 900 euros mensuales aunque se vea obligado a prorrogar para el próximo los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Sánchez, en su comparecencia ante la prensa para explicar los cambios legales que llevará a cabo el Gobierno para que los bancos asuman el impuesto de las hipotecas, ha indicado que, si hay prórroga de las cuentas públicas, su intención es sacar adelante algunas medidas de las planteadas en el plan presupuestario de 2019, entre ellas la subida del SMI o los dos nuevos impuestos, el de transacciones financieras y la conocida como 'tasa Google'.
Habitualmente, las subidas del salario mínimo se aprueban vía Real Decreto unos días antes de su entrada en vigor. Si se sigue esa pauta, a finales del próximo mes de diciembre se aprobaría el Real Decreto que llevaría el SMI hasta los 900 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2019.
Sánchez ha afirmado que el Gobierno va a asumir su "responsabilidad" de presentar unas nuevas cuentas públicas, manteniendo el mismo calendario previsto que contempla su aprobación y llegada al Congreso, si bien, en caso de que no cuenten con el apoyo suficiente, planteará "mejoras" que sean beneficiosas para la ciudadanía.
Así, el presidente del Gobierno, que no ha descartado una prórroga presupuestaria aunque mantiene su intención de aprobar los PGE, ha confirmado que si finalmente se produce la prórroga presupuestaria se aprobarán algunas medidas, como podría ser la subida del SMI, a través de decretos ley.
En esta línea, ha defendido que los Presupuestos están "cargados de sentido común", por lo que ha pedido al conjunto de la cámara que haga un ejercicio de "responsabilidad institucional" y permita la tramitación de los PGE.
De hecho, ha tachado de "irresponsabilidad" que las fuerzas independentistas se nieguen "en rotundo" a negociar unos presupuestos que son "buenos", especialmente cuando Cataluña ha sido la región donde más recortes se han perpetrado en Sanidad y Educación.
"¿Por qué renunciar a financiación? He escuchado a los independentistas decir que una de las causas por las que ha crecido el independentismo ha sido por el abandono de las inversiones, ahora que se recupera parte no se permite tramitar los PGE", ha criticado.
No obstante, Sánchez ha dicho que no "mira" solo a las fuerzas parlamentarias nacionalistas, sino también al PP y a CS, a los que ha exigido "responsabilidad y sentido de Estado" para que dejen a un lado la "gesticulación" y sean "útiles" al conjunto de la ciudadanía.
"Estoy dispuesto a hablar con ellos de por qué estos PGE les gustan menos que otros y ver dónde puede haber elementos de mejora, no queremos rehuir el debate", ha aseverado.