MADRID.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, ha negado "servilismo hacia grupos económicos" en los tribunales españoles y ha recordado que es responsabilidad de los partidos y del poder legislativo modificar y clarificar las leyes si lo consideran necesario.
En
un comunicado, la APM tacha de "lamentable" la gestión del caso de las
hipotecas en el Tribunal Supremo y ve comprensible que haya causado
"desconcierto" en la opinión pública y un "profundo malestar" en quienes
se ven afectados por su decisión, pero rebate las críticas al sistema
judicial en su conjunto y, en especial, las vertidas por algunos
responsables políticos.
En un momento en que "lo fácil" es sumarse a quienes
promueven el desprestigio de la justicia, la APM subraya la
"profesionalidad e independencia del poder judicial" y niega que se
obedezca a "presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de
servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones
personales ajenas a la aplicación de la ley".
La APM
reconoce que el principio de seguridad jurídica exige uniformidad en la
aplicación de la ley, pero recuerda que antes exige "un marco
legislativo que evite en la medida de lo posible "amplios márgenes a la
interpretación".
"Los Jueces no pueden ni deben
convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la
imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos", subraya
antes de recordar, como ejemplo, que en la Comisión de Economía del
Congreso está paralizado un proyecto de ley de crédito inmobiliario.
A su juicio, si el poder legislativo tiene claro que el banco debe
asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las hipotecas,
puede tramitar en dos meses una ley para resolver el problema, "pero no
pase su responsabilidad al poder judicial", añade la APM recordando que
ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se
reformará la actual legislación.
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