MADRID.- La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza de Gürtel
‘Orange Market’ para investigar adjudicaciones que el PP valenciano de
Francisco Camps hizo a la trama después de que el ex secretario general Ricardo Costa le señalara como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación en el juicio a la rama valenciana de Gürtel.
La sección segunda de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el
que acepta la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción de reenviar
al juez instructor del caso Gürtel, José de la Mata, esta pieza sobre
las contrataciones de la Generalitat con Gürtel y que estaba pendiente
de ser señalada para juicio.
La Fiscalía, basándose en las revelaciones que hizo Costa y otros
acusados en el citado juicio, pidió la reapertura de este procedimiento
para poder investigar las eventuales indicaciones que podría haber
recibido la directora general de Promoción Institucional de la
Generalitat Valenciana, Salvadora Ibars, conocida como Dora, para adjudicar contratos al grupo Correa, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.
Dicho cargo, según indicaba la Fiscalía en su informe, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano, que ostentaba entonces Camps,
por lo que consideraba, que de confirmarse su responsabilidad en estos
hechos (adjudicaciones de 2004 a 2009), podría ser investigado por los
delitos de prevaricación que no hubieran prescrito.
Por tanto, con la reapertura de esta pieza, la Sala, tal y como
reclamaba la Fiscalía, pide que se trate de averiguar quién adoptó las
decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange
Market y si “fue adoptada por otras autoridades superiores
jerárquicamente a la acusada”, tal y como señalaron algunos acusados de
la rama valenciana de Gürtel .
Según el auto de la Sala, los hechos imputados a Ibars se refieren,
en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market
en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la
Generalitat y de un pen drive que se iba a utilizar como regalo
institucional.
Para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros, detalla el auto.
La Fiscalía acusa también a Ibars en relación a la adjudicación del
montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en
Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos
oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market,
utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias
facturas.
La petición de reapertura de la Fiscalía parte de las revelaciones de acusados en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano
en el que, Ricardo Costa, condenado a 4 años de cárcel por estos
hechos, llegó a asegurar que Camps creó ese sistema de financiación, lo
que fue corroborado por cabecillas de Gürtel como Francisco Correa,
Pablo Crespo o Álvaro Pérez, El Bigotes.
De esas declaraciones, la Fiscalía cree que se puede desprender que
la “contratación directa de Orange Market por la Administración
valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización
y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en
Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos
realizados realmente” para el PP valenciano.
La pieza ya juzgada como la que ahora se reordena reabrir tienen en
común “muchos de los acusados” y ahora lo que se trata es de averiguar
quién adoptó las decisiones que materializó Ibars.
Costa, llegó a afirmar que el propio Camps fue quién encargó complementos
(fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los
que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de
120.000 euros y que corrieron a cargo de empresarios.
Sin embargo, trató de desvincular a la dirección nacional de toda
responsabilidad en el caso. “No está permitido (…) Sería un Filesa II”,
aseguró que le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando le contó la
práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.
Con estas revelaciones, el que fuera secretario general del PP
valenciano se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que
reconocía la existencia de financiación ilegal.
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