MADRID.- Las asociaciones mayoritarias de fiscales han incidido este jueves en
que el Gobierno no puede influir en la Fiscalía para orientar sus
actuaciones de cara al procedimiento judicial por el proceso
independentista en Cataluña, y consideran que, si intentase hacerlo,
sería “una injerencia intolerable”.
La Asociación de Fiscales, la Unión
Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente
de Fiscales (APIF) han coincidido en que “transmitir a la opinión
pública que el Gobierno tiene posibilidad de dirigir a la Fiscalía es
una barbaridad”.
Además, han lamentado “tener que recordar
constantemente” a “ciertos representantes” políticos el principio de
separación de poderes que establece la Constitución española y rige en
democracia.
Son las mismas conclusiones a las que llega la Asociación Profesional
de la Magistratura (APM), cuyo portavoz, Celso Rodríguez, habla de
“rumor” porque lo contrario, es “inconcebible”.
“Resulta absolutamente
impensable que nadie pueda entender que alguien se compromete a influir
en las decisiones judiciales, cuando éstas tienen su cauce, obedecen
exclusivamente a la ley y están al margen de cualquier injerencia”, ha
comentado a Europa Press.
“Es inverosímil que se haya comprometido porque sería tanto como
comprometerse a una actividad delictiva”, añade Manuel Almenar,
presidente de esta asociación donde sólo conciben como escenario
“posible” que todo el Gobierno esté “llevando hasta sus últimas
consecuencias el escrupuloso respeto al esquema de división de poderes
en un Estado de Derecho”.
Además, creen que “cualquier petición, proceda
de donde proceda”, para tratar de influir en Fiscalía “está condenada
al más absoluto fracaso”.
En Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González, insiste en la
importancia de “respetar la autonomía del Ministerio Fiscal”, que “debe
actuar de forma autónoma del Gobierno”.
“Siempre se ha criticado de
gobiernos anteriores que Fiscalía actuaba como su brazo ejecutor, así
que lo que hay que hacer es respetar su autonomía porque actúa con
criterios técnico jurídicos: Si hay hechos que revisten carácter de
delito, debe actuar y en caso contrario, no”.
Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria pone el acento en el
conseller que ha vertido esas afirmaciones, porque “demuestra la
ignorancia y el desconocimiento de lo que es un Estado de Derecho” y
“algo así no lo va a hacer un Fiscal aunque se lo dijera el Gobierno”,
en palabras del portavoz Raimundo Prado.
“La Fiscalía va a actuar
atendiendo al principio de legalidad(…) Los fiscales pueden recibir
órdenes técnicas pero no políticas. Sería algo muy dañino. No me lo
creo”, ha apostillado.
Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente, dice
no tener “constancia” de que el Gobierno esté tratando de orientar a la
Fiscalía y lo tilda, en principio, de “un simple rumor”.
Advierte, en
todo caso, de que si fuera cierto “no se estaría respetando la
separación de poderes”.
“El Gobierno no puede inmiscuirse en el Poder
Judicial ni en funcionarios públicos que son autoridad independiente”,
ha zanjado.
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