MADRID.- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, descartó hoy que el
Gobierno tenga intención de vender a corto plazo la participación
pública en Bankia, que supone el 60 % del capital, ya que en su opinión
éste "no es el momento de vender".
"Bankia es una entidad financiera que está gestionada de
forma profesional y que tiene resultados correctos", explicó hoy
durante su intervención en un desayuno organizado por Forum Europa y en
el que insistió en la necesidad del Gobierno de "mantener la estabilidad
financiera y maximizar la recuperación de las ayudas públicas".
En ese sentido, explicó que "con unos precios de mercado
tan bajos como los que hay en este momento, no es tiempo de plantearse
vender. Eso creo que lo entiende todo el mundo".
Por
ello, y aunque el Gobierno tiene "un objetivo de privatización", esto
"no es mañana", sino que "tenemos tiempo para considerar cuáles son las
distintas opciones".
"Más que correr, lo importante
es hacerlo bien, porque tenemos que intentar recuperar el máximo de
dinero para los contribuyentes públicos que tanto tuvieron que destinar
para sanear las cuentas de ésta y otras muchas instituciones
financieras", señaló.
Sobre la inversión en la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), apuntó que el Gobierno está apoyando la implantación
del plan estratégico para tratar de cumplir los objetivos en relación
con la reducción de la deuda, y recordó que la Administración es "un
socio importante y que participa activamente" en la toma decisiones,
pero "no el único".
Durante su participación en este
foro, Calviño también expresó sus "serias dudas" de que la extensión de
la sanidad universal conlleve un aumento del gasto, y defendió que, por
el contrario, podría implicar un "uso mucho más eficiente del gasto
público", ya que quienes estaban excluidos sí tenían derecho a los
servicios de urgencias, que son mucho más caros que la atención
primaria.
"A nadie beneficia que haya gente enferma
en nuestras calles", aseguró, al tiempo que ello se traduce también en
"una mejora de los niveles de sanidad en la sociedad".
Otro tema que abordó la ministra fue el retraso en la transposición de
la normativa comunitaria sobre el crédito hipotecario, algo que
reconoció que le preocupa, entre otros motivos porque podría conllevar
una multa de 100.000 euros al día.
"Es una multa
millonaria", y por ello en julio "pedimos la tramitación urgente de la
Ley del Crédito Hipotecario", pero "lamentablemente esta semana nos
llega la noticia de que la Mesa del Congreso la ha rechazado, por
razones que se me escapan".
Por ello, vio
"incomprensible que no se vea la urgencia de la tramitación
parlamentaria de una norma cuyo retraso puede tener consecuencias muy
negativas para el sector público y para la seguridad jurídica".
Por todo ello, anunció que tanto hoy en el Senado como mañana en el
Congreso tratará de instar a los legisladores a que impulsen su
tramitación, para la que mostró su "total disposición para encontrar la
mejor forma de acomodar todos los puntos de vista sin poner en riesgo el
buen funcionamiento del mercado hipotecario".
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