"Hoy he informado al president del Parlament de Catalunya que, de
manera provisional, no presente mi candidatura a ser investido como
president de la Generalitat. Y le he pedido que se inicie de la manera
más rápida posible la ronda de contactos con los diferentes grupos
parlamentarios para proceder a la designación de un nuevo candidato para
ser investido como president del Govern autonómico.
Anuncio que Junts
per Catalunya propondrá al diputado Jordi Sànchez como candidato".
Con estas palabras, Carles Puigdemont desde Bruselas
abría un nuevo capítulo del conflicto entre Catalunya y España después
de un discurso de más de 13 minutos de una enorme dureza formal y de
fondo con las instituciones del Estado. Por usar sus propias palabras,
Puigdemont ni claudica, ni se retira. Levanta su fortaleza en la capital
comunitaria a través del Consell de la República,
encargado de velar por el referéndum del 1 de octubre y la proclamación
llevada a cabo en el Parlament el día 27 del mismo mes.
Las presiones del Estado de los
últimos días para descabalgar como candidato a Sànchez, el expresidente
de la ANC en prisión desde el pasado 16 de octubre
en Soto del Real, han fracasado absolutamente. Deberá ser ahora el
Tribunal Constitucional o el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena o
ambas instancias las que bajen a la arena para impedirlo.
Los
antecedentes no están de su lado -al preso de ETA Juan Carlos Yoldi,
en febrero de 1987, como candidato de Batasuna, se le permitió
abandonar la cárcel para someterse a la investidura en el Parlamento
vasco- pero pese a ello hay pocas dudas de que lo que valió entonces se
hará lo posible para que no valga ahora.
Como tampoco servirán autos
conocidos en los últimos meses que vinculaban una candidatura al hecho
de no estar huido como así se considera el caso del president
Puigdemont. Jordi Sànchez está encarcelado pero ni se le permitirá
acudir al Parlament, ni ser candidato. No sé cómo se hará pero tengo
pocas dudas de que se hará. La decisión está tomada, parece muy difícil
que se modifique, y tan solo falta encontrar el vehículo jurídico que
la sustente.
Anunciada la decisión y a la espera de los movimientos en Madrid, dos
comentarios más: un equipo de abogados internacionales ha presentado
una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
por violación de derechos humanos y derechos civiles y políticos. La
iniciativa judicial ante esta instancia de la ONU abre un capítulo nuevo
en la internacionalización del procés y obligará a un pronunciamiento
de un organismo reconocido y de prestigio. Mal asunto para el Gobierno
español.
El segundo tiene que ver con la contundente repulsa a la actuación del rey Felipe VI,
que no es nueva pero alude a la única persona que Puigdemont cita por
su nombre o por su rango en toda su intervención. "El jefe del Estado se
ha puesto al frente de la estrategia de ir a por los catalanes.
El inefable e inolvidable ¡A por ellos!,
alentado desde una Monarquía que ya ha dejado de representar por
voluntad propia a todos los ciudadanos y que solo quiere representar
a los que piensan de una determinada manera".
Esta frase, pocos días
después del vacío institucional de las autoridades catalanas al Rey en
su reciente visita al congreso internacional del Mobile, es un torpedo
de gran magnitud.
Puigdemont -y con él los cuatro consellers en Bruselas y la
exdiputada de la CUP Anna Gabriel- tiene ya el relato internacional que
quería con las atribuciones que le han otorgado los partidos
independentistas. La política catalana tiene siempre desenlaces
imprevistos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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