MADRID.- Las familias españolas que quieran adoptar en el extranjero constarán
en una lista única y podrán tramitar su expediente en cualquier punto
de la geografía nacional, pagando las mismas tasas y contando con las
mismas garantías. Es una de las novedades del reglamento de adopción
internacional aprobado ayer por el Consejo Interterritorial de Servicios
Sociales, que agrupa a todas las comunidades autónomas, a propuesta de
la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Para tramitar la lista
única de adopción en el extranjero, todavía pendiente de aprobación por
el Consejo de Estado y por el Consejo de Ministros, se creará el sistema
Adín, al que las comunidades autónomas transferirán los datos de los
solicitantes.
Antes de entrar a la sesión del Consejo
Interterritorial, los consejeros socialistas expusieron su malestar
porque la reunión fuese un «trámite», según apuntó la titular de
Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto. Dijo sentirse
«frustrada y enfadada» por el contenido del orden del día.
La
ministra explicó en rueda de prensa que el objetivo es «reducir tiempos
de espera» y «reforzar las garantías» de los adoptantes tanto en el país
de origen como en España, al tiempo que se «ordenarán y racionalizarán»
además los expedientes «que se envían a los países».
Todos los datos de
familias candidatas y expedientes se recogerán en el nuevo sistema de
información Adín, donde las comunidades autónomas están volcando la
información de sus expedientes.
En cuanto a la adopción y el
acogimiento familiar nacional, el Consejo abordó el mecanismo
interterritorial de asignación que está previsto crear y que, al estilo
de la Organización Nacional de Transplantes, permitirá derivar a una
familia en cualquier punto del territorio a un niño que acabe de entrar
en el sistema de acogida.
Funcionará para los niños «que no tengan
ninguna conexión con esa comunidad autónoma» donde han ingresado en un
centro residencial, pues se verificará primero la existencia de familia
biológica en la región, y permitirá reducir los tiempos de estancia de
estos menores en desamparo en las instituciones.
El Consejo
Interterritorial de Servicios Sociales también trató, a demanda de
varios consejeros, la situación de los menores extranjeros no
acompañados que están tutelados en España, asunto que no estaba en el
orden del día. La ministra apuntó que ha pedido información a todos los
gobiernos regionales para conocer «un mapa» de la situación que permita
estudiar medidas.
El Consejo
Interterritorial discutió otros asuntos, como el futuro reglamento de
desarrollo de la Ley de Voluntariado, que incorporará, entre otras
medidas, una certificación que acredite las capacidades obtenidas
durante el voluntariado. Establece además las condiciones para el
ejercicio de estas tareas por parte de menores de edad y de personas
mayores.
La nueva ley obliga a las organizaciones a reclamar a la
persona voluntaria que acredite que no figura en el Registro de
Delincuentes Sexuales, que empezó a aplicarse en marzo de 2016, para
impedir que los condenados por estos delitos puedan realizar actividades
de voluntariado. De no hacerlo, el voluntario será cesado.
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