BARCELONA.- La Estructura de Derechos Humanos de Catalunya (EDHC) ha exigido públicamente que el Estado Español haga efectiva una investigación sobre la actuación de la Policía Nacional
del Estado y de la Guardia Civil contra los electores convocados a las
urnas el pasado 1 de octubre .La entidad reclama una investigación
"objetiva, clarificadora y con determinación de responsabilidades con
respecto a las alegaciones de excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
La EDHC ha hecho pública una declaración en la cual condena "los
excesos cometidos por las fuerzas policiales el 1 de octubre y la
alteración de la convivencia ciudadana que estas provocaron".
Esta declaración se enviará al gobierno español, a las Cortes Generales, al Consejo de Europa y a la ONU.
La investigación tiene que permitir identificar a los responsables,
rendir cuentas por los hechos ocurridos y garantizar que no se repitan
en el futuro. El objetivo es disuadir otros conductass de mala praxis
policiales y evitar cualquier escalada de tensión y violencia.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha evitado responder si confía en
que el gobierno español acabe emprendiendo esta investigación y ha
pedido "un tiempo prudencial para contestar con más categoría".
No
obstante, Ribó ha apuntado: "La pregunta no es si se hará o no se hará,
sino qué precio democrático paga el estado español de regresión de
derechos y de bajada de calidad democrática para incumplir las
exigencias que le imponen los órganos a los cuales pertenece".
La Estructura de Derechos Humanos de Catalunya
La Estructura de Derechos Humanos de Catalunya, creada en el 2017, es
un ente impulsado por el Síndic de Greuges de Catalunya con
colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya. Su
Consejo está integrado por once entidades: Amnistía Internacional
Catalunya; Asociación para las Naciones Unidas (ANUE); Col·legi de
Periodistes de Catalunya; Comisión Catalana de Ayuda a los Refugiados
(CCAR); Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC); DINCAT; Fundación Jaume
Bofill; Irídia. Centro por la defensa de los derechos humanos;
Lafede.cat – organizaciones para la justicia global; Mesa de entidades
del Tercer Sector Social de Catalunya y Unicef Comité Catalunya.
Además, cuenta con nueve personalidades relacionadas con el ámbito de
los derechos humanos: la doctora en Derecho Constitucional Mar Aguilera
Vaqués; el profesor y sociólogo Joan Benach Rovira; la profesora de
Filosofía del derecho Encarna Bodelón González; el cirujano y presidente
del Comité de Bioética de Catalunya, Marc Antoni Broggi Trias; la
portavoz de la Fundación Ibn Battuta Miriam Hatibi; el experto en
voluntariado y asociacionismo y referente en el ámbito del centro de
recreo infantil y juvenil Enric Canet; la profesora de Derecho
Internacional público Núria Camps; la abogada experta en discriminación,
equidad de género y derechos LGTBI Laia Serra Perelló, y el economista y
referente en materia de vivienda Carme Trilla.
Las funciones de la Estructura, aparte de elaborar un plan nacional
de derechos humanos, incluyen, entre otros, coordinar una red de
derechos con entidades sociales, elaborar una propuesta de estado de los
derechos humanos y emitir opiniones sobre los proyectos y las
proposiciones de ley del Parlamento de Catalunya que tengan incidencia
en el ámbito de los derechos humanos.
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