jueves, 26 de mayo de 2016

El denunciante del ‘caso Acuamed’ alega “un acuerdo al máximo nivel” con Arias Cañete

MADRID.- El ex director general de Ingeniería de Acuamed Francisco Valiente calificó al juez de "insoportables" las "presiones" para efectuar a FCC unos pagos supuestamente irregulares, que, según el testigo, habían sido acordado en reuniones "al más alto nivel" con el exministro Miguel Arias Cañete. 

En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Valiente explica cómo se negó a pagar a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por FCC y Abengoa varios millones de euros por obras de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, de la que fueron adjudicatarias esas empresas, después de que se inundara y quedara "arruinada" en 2012.
Según el testigo, el seguro de la UTE no cubría esos desperfectos y entonces el entonces director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y el director jurídico y abogado del Estado Javier Moya le dijeron que la responsabilidad de esas reparaciones era compartida con la UTE.
Le comunicaron que había un acuerdo al respecto “al más alto nivel” con “el ministro”, momento en el que el juez le pregunta si se refiere a Arias Cañete y él responde afirmativamente. “El acuerdo no estaba por escrito, pero estaba adoptado, y me dijeron: tú lo que tienes que hacer es ponerlo en marcha”, afirma, para explicar que el consistía en que la UTE pagaba un 60% de las obras de reparación y Acuamed, un 40%.
Además, la UTE pretendió cobrar a Acuamed una liquidación de 10 millones de euros por las obras de la desaladora, con la que Valiente tampoco estaba de acuerdo, ya que en ese momento la liquidación con FCC y Abengoa no ascendía a más de 2 millones. “Dije: lo que tenéis que hacer es reparar esto y no voy a pagar la liquidación”.
En ese momento, la UTE dejó de hablar con él y se comunicaba únicamente con Arcadio, con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos, que dimitió de su cargo de subsecretario de Presidencia a raíz de las detenciones del caso Acuamed, y con el propio Arias Cañete, dice el testigo. Al ver que no quería pagar la liquidación, indica, Mateo le envió un correo que a su vez le había mandado Ramos, en el que le insta a hacerlo porque “le debemos mucho de otras obras”.
 “Las presiones ya eran insoportables”, añade a continuación.
Finalmente, esa liquidación de 10 millones y las obras de reparación se consignaron, dice el testigo, en los presupuestos generales del Estado de 2015, y también en los de 2016. De hecho, según el juez, Acuamed acordó con FCC una “compensación indebida” de 40 millones que se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos de 2015. Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en las cuentas del Estado de 2016 “a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura Velasco en un escrito contenido en el sumario.
A raíz de sus negativas, Valiente fue despedido, un aspecto sobre el que el juez también le pregunta. “A mi no me despiden, tratan de llegar a un acuerdo para que me vaya y me hacen un homenaje y no se qué, y yo les dije: con vosotros no voy a llegar a ningún acuerdo”, dice. Luego, prosigue, le pusieron en su conocimiento que la empresa pública podía rescindir libremente su contrato de alto directivo, cosa que hizo por decisión de su consejo de administración.
En otra grabación del sumario, la de la comparecencia como imputado de Arcadio Mateo, que se negó a declarar, el juez Velasco le achaca haber despedido a Valiente “por culpa de que no se pliega a sus caprichos y a sus conceptos arbitrarios”. Consultada sobre esta declaración, FCC se ha remitido a un comunicado que emitió el pasado 26 de enero en el que rechazaba las acusaciones vertidas sobre el caso Acuamed y aseguraba que las reclamaciones realizadas por la empresa obedecen a deudas por trabajos efectivamente realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoció que su anterior titular, el actual comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, participó en una reunión con una de las empresas adjudicatarias del caso Acuamed (FCC), pero niega que se aprobaran pagos irregulares.

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