BARCELONA.- La Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de Barcelona Xavier Trias
(CiU) para averiguar si cometió un delito de malversación por pagar con
fondos del consistorio, durante un año, el alquiler del "banco expropiado" okupado en el barrio de Gràcia.
Según
ha informado el ministerio público, la Fiscalía de Barcelona ha
encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del
Ayuntamiento a la inmobiliaria propietaria de la finca por el alquiler
del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros en un año.
El
desalojo del local, situado en la calle Travessera de Gràcia de
Barcelona y que estaba ocupado desde 2011, ha desencadenado
manifestaciones de protestas que, en tres noches consecutivas, han provocado numerosos incidentes y cargas policiales.
Los okupas tomaron en 2011 el local, una
antigua sede de Caixa Catalunya que entonces estaba abandonada y que
compró posteriormente una empresa inmobiliaria.
La Fiscalía ha
acordado abrir diligencias a Trias tras tener conocimiento, a través de
los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento estuvo pagando el
alquiler de la finca desde finales de 2014, hasta que el nuevo equipo de gobierno de Ada Colau dejó de hacerlo.
Según
mantiene el ministerio público en el escrito en el que acuerda abrir la
investigación por esos pagos, Trias decidió firmar un contrato de
arrendamiento con una duración de un año con la inmobiliaria
propietaria, Antartic Vintage SL, para evitar el desalojo del local y,
por lo tanto, "los eventuales incidentes que pudieran producirse".
Esa
renta, sostiene la Fiscalía en su escrito, "fue puntualmente satisfecha
por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el
nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la
renovación".
En opinión de la Fiscalía, los hechos podrían
constituir un delito de malversación que, según el Código Penal antiguo
vigente en 2014, castiga a las autoridades que destinen a "usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones".
De
hecho, la alcaldesa de Barcelona ya avisó el pasado lunes, cuando los
Mossos d'Esquadra iniciaron el desalojo del llamado "banco expropiado",
que el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor suponía
una "mala utilización de dinero público" y criticó que el equipo de
gobierno de Trias lo hiciera "a escondidas".
Por su parte, Trias
justificó el pago del alquiler del "banco expropiado" argumentando que
el Ayuntamiento quiso "darse un tiempo" para negociar una solución para
la finca porque sus ocupantes eran "unas personas queridas por parte de los vecinos".
Tras
el desalojo, los okupas del "banco expropiado" avisaron a través de las
redes sociales que iban a convertirse en "la peor pesadilla" para la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que mantiene que antes del desahucio les había ofrecido un espacio alternativo en el que instalarse.
El
barrio de Gràcia amanece desde hace tres días con el rastro de los
disturbios provocados por grupos de manifestantes, que han atacado
sucursales bancarias, quemado contenedores y automóviles por las calles
en unos incidentes que los Mossos d'Esquadra han reprimido con cargas
policiales y lanzamiento de proyectiles de precisión.
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