MADRID.- El Tribunal Supremo ha acordado hoy, tras dos días de enconado debate que se ha prolongado durante cerca de 16 horas, que los clientes continúen asumiendo el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, tal y como había mantenido hasta el pasado 16 de octubre.
Ese día,
tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca -el
prestamista-, y no el cliente -el prestatario-, el que se hiciera cargo
de la citada tasa, ya que, corrigiendo su propia doctrina, la sala
consideraba que eran las entidades las interesadas en inscribir la
operación y elevarla a escritura pública.
Poco días después, el presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, explicaba que
las sentencias que atribuían a la banca el impuesto de las hipotecas
eran "firmes y no susceptibles de revisión", produciendo plenos efectos
en relación con las partes en litigio".
El fallo le
costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización
bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala de lo
contencioso-administrativo, Luis María Diez Picazo, a convocar un pleno
que comenzó ayer.
Tras casi 16 horas de
deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13 el pleno ha
decidido esta tarde desestimar los recursos planteados y volver al
criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos
documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
No obstante, los detalles del fallo se conocerán en los próximos días.
Las asociaciones de consumidores se han apresurado a criticar con
dureza el fallo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de
difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el
impuesto, Adicae calificaba la decisión de "anómala y extraña", y
avanzaba su intención de impugnarla "en España y en Europa".
El dictamen conocido hoy deja de momento sin posibilidad de recuperar
el importe abonado por este concepto a 1,5 millones de hipotecados.
De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo de la
tasa, las comunidades autónomas, que son las que lo han recaudado
porque se trata de un impuesto transferido, se habrían enfrentado a un
impacto que técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en
3.631 millones de euros.
Una cuantía que supone el
importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro
años, esto es, el período no prescrito fiscalmente.
En cuanto a las entidades financieras, las patronales bancarias, AEB,
CECA y Unacc, han destacado hoy que la decisión adoptada por el Supremo
preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del
mercado.
En un comunicado conjunto, inciden en que
el Tribunal Supremo ha confirmado que, como venía ocurriendo hasta ahora
y de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años, el sujeto
pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario,
es decir, el cliente.
Si ayer, tras la primera
jornada de deliberaciones del pleno, el principal indicador de la Bolsa
española, el IBEX 35, subió un 0,20 % animado por el sector financiero,
hoy la sesión ha transcurrido en sentido contrario, y el selectivo se ha
dejado un 0,24 % y los 9.000 puntos lastrado por la banca, aunque cabe
esperar que en la sesión de mañana recuperen el terreno perdido.
En el terreno institucional, el Gobierno prevé fijar el próximo jueves
su posición sobre el fallo, y fijará su posición en la reunión del
Consejo de Ministros del próximo jueves.
La reacción
más contundente ha sido la de Unidos Podemos, que ha convocado una
manifestación para el próximo sábado a las puertas del Tribunal Supremo,
para protestar por este nuevo cambio de criterio sobre el impuesto de
actos jurídicos documentados.
