jueves, 1 de marzo de 2018

Antonio García-Trevijano, el ex notario que pudo ser presidente y magnate de la prensa

MADRID.- La polémica rodeó siempre a Antonio García-Trevijano Fortes, que en el terreno mediático pasó por intentar de ser gestor para acabar finalmente como columnista. En el terreno político intentó erigirse en defensor del republicanismo anti-borbónico a pesar de sus grandes vínculos con la realeza en su juventud, para que se estableciera una democracia 'verdadera' en España, pero nunca gozó de demasiado aprecio de las fuerzas de izquierda, tal como recuerda hoy Periodista Digital.

Sus principales polémicas y aspiraciones político-mediáticas dieron mucho de qué hablar.
Asesor del dictador Macías de Guinea Ecuatorial
Ser asesor de un dictador no parece la mejor carta de presentación para un defensor de una democracia plena y a Trevijano le recordaron toda la vida su condición de asesor de Macías.
Que lideraba la delegación rebelde a las propuestas de Constitución de la delegación española. 
Fue José María Carrascal en el diario Pueblo el que destapó a aquel ex notario que asesoraba - y pagaba - contra la posición del Gobierno español, porque así se lo chivaron dos miembros más de esa delegación, Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo.
Trevijano demandó a Carrascal, a Ndongo y a Ibongo. El proceso contra estos dos últimos no duraría mucho porque una vez Macías tomara el poder, serían dos de las personas a las que liquidaría, una práctica que Macías ejerció con frecuencia, Trevijano dedicaría toda su trayectoria a tratar de desvincularse de los crímenes de Macías asegurando que su proyecto de Constitución no fue el que se aplicó en aquel país.

Apoderado del Diario Madrid
Antonio García-Trevijano también fue asesor de Rafael Calvo Serer, el propietario del Diario Madrid, periódico del que acabó siendo apoderado y al que el relato oficial de la historia del periodismo presenta como un medio mítico "que fue cerrado por criticar el franquismo".
Trevijano, en cambio, sostiene que el cierre se debió a que el medio iba a morir por estar en quiebra y que trató de disimular esa quiebra provocando al régimen para darle un final más romántico. De hecho la celebre 'voladura' del edificio del periódico fue también obra de Trevijano, aunque se atribuya al franquismo y un ‘pelotazo' vía Sagar.
"Los redactores de aquel periódico, Miguel Ángel Aguilar, José Oneto, Miguel Ángel Gozalo...etc, siempre han rechazado la versión de Trevijano y prefieran una más romántica sobre el fin de aquel diario".
Trevijano estaba orgulloso de haber conseguido el cierre del periódico frustrando una operación de salvar el medio a cambio de que pasara a estar controlado por la Organización Sindical (es decir, Emilio Romero), operación que, de haber triunfado, hubiera salvado los puestos de trabajo pero impedido el símbolo de la 'voladura' del Madrid.

Portavoz de la Junta Democrática
El cargo más elevado que tuvo Trevijano en política fue cuando consiguió que le hicieran 'portavoz' de la Junta Democrática, una curiosa plataforma de partidos de oposición al franquismo en la que había partidos que demostrarían tener peso electoral (como el PSOE, el PCE y el PSP) con grupos que demostrarían ser irrelevantes a efectos electorales (Izquierda Democrática, democristianos, carlistas... o hasta José Luis de Vilallonga).
Calvo Serer y Trevijano aspiraban a liderar aquella plataforma en consideración a su gran nivel intelectual, capacidad económica y poder de comunicación que se atribuían.
Llegaron a intentar que Don Juan de Borbón aceptara ser el presidente de aquella plataforma y el Conde de Barcelona, según Trevijano llegó a estar a punto de aceptar (lo cuál hubiera sido un mazazo para el modelo de Transición que tramaban Don Juan Carlos, Suárez y Fernández Miranda).
Al final el conde se lo pensó mejor... o se lo hicieron pensar mejor los Sainz Rodríguez de turno y dejó tirado a Trevijano que, a pesar de haber sido asesor del Borbón padre y del Borbón hijo, a partir de ese momento fue firme opositor de la monarquía.

"El Dossier Trevijano"
Tampoco su carrera en la Junta Democrática duró mucho más, porque entonces se filtró a todos los medios el 'Dossier Trevijano' que redactó Donato Ndongo.
Un dossier que recordaba la asesoría de Trevijano al ahora sanguinario Macías y especulaba sobre negocios del hombre en aquel país. Aquel dossier fue aireado por los grandes periodistas de la época (Pedrojota Ramírez, José Oneto, Javier Nart, Jesús de las Heras, Carlos Semprún...).
Trevijano les demandó a todos, pero no pudo impedir que el PSOE, PCE y PSP rompieran con él por declararse ‘moralmente incompatibles' con él. En realidad el modelo de ‘las platajuntas' había muerto conforme iba evidenciándose que sólo socialistas y comunistas tenían peso electoral real de los que allí estaban.
A partir de quedar excluido de la Transición, Trevijano denunciaría que aquello no era una democracia real, sino una oligarquía de partidos encabezados por el PSOE.

Operación El País
Antonio García-Trevijano reapareció en titulares cuando se conoció su intento de comprar el periódico El País, cuyo accionariado estaba en aquellos momentos en pie de guerra entre Jesús Polanco por un lado y los areilcistas y fraguistas por el otro.
Aunque Trevijano llegó a tener un importante capital (con ayuda de Dario Valcárcel y Pérez Escolar, con los que luego acabó fatal) Polanco tenía el apoyo de la redacción (Juan Luis Cebrián) lo que fue decisivo para frustrar la operación. Trevijano no logró quedarse con PRISA, pero al menos sí hizo negocio con las plusvalías por la venta de sus acciones a afines a Polaco, concretamente Ramón Mendoza.

Operación Informaciones
Los intentos de Sebastián Auger por formar un grupo mediático en los años setenta encabezado con el diario Informaciones acabaron con un hundimiento total a principios de los ochenta.
El papel de Trevijano, abogado de Auger, en aquella historia no está claro. En sus memorias uno de los directores de Informaciones, Romero Gómez, lo cita como co-responsable del tema. En una entrevista en PD reconoce que Auger le ofreció dejarse asesorar intelectualmente por él, pero rechaza que tuviera un papel relevante en aquel proyecto.

AEPI: La conspiración republicana contra Juan Carlos I
Antonio García-Trevijano pasó entonces a ser columnista y tertuliano. José Luis Balbín le llevó varias veces a 'La Clave', alguna en TVE; pero en especial a la de Antena 3 TV. Como columnista, estuvo primero en el diario El Independiente, que cerró en 1991 por discutidos motivos. De ahí pasó a El Mundo de Pedrojota Ramírez donde adquirió cierta notoriedad.
Fue entonces cuando aceptó ser co-fundador de la AEPI, que venía a ser la plataforma de figuras de la prensa que tenían dos enemigos en común: el PSOE y el Grupo PRISA. Su presencia sirvió a que un viejo conocido de Trevijano, José Luis de Vilallonga, le presentara como un conspirador que con ayuda de Pedrojota quería tumbar al Rey Juan Carlos para ponerse en su lugar.
Aquella peculiar teoría - reproducida por PRISA y La Vanguardia - sirvió para que Trevijano sacara por aquellas un libro que tendría notorio éxito en ventas, 'El Discurso de la República' - gracias a la publicidad que le hicieron aquellos. Al final la AEPI se fue a hacer puñetas por las peleas internas de sus miembros, peleas en las que Trevijano rehusó participar.

Sogecable: La conspiración mediática contra Polanco y Cebrián
García-Trevijano fue señalado como ‘el cerebro' de una peculiar operación que pretendía presentar el uso de los depósitos de los descodificadores de los directivos de PRISA como una ‘apropiación indebida' y ‘falsedad documental' en un proceso llevado a cabo por el juez Javier Gómez de Liaño, que acabaría expulsado de la carrera judicial por intentar aquello. El ex amigo de Liaño, Baltasar Garzón, aseguró que este actuaba asesorado en todo momento por Trevijano que hasta supervisaba sus resoluciones. Trevijano, preguntado por PD, sólo reconoció haber sido consultado.
¿Y por qué lo hacía Trevijano? Según Garzón porque era asesor de Televisa España / Vía Digital, que competía con la plataforma de PRISA y, si se quería algo más romántico: porque liquidando a PRISA se impulsaba según aquella versión, el ‘cambio de régimen de España'.

El caso Villapalos
El nombre de Antonio García-Trevijano volvería a salir cuando el rector de la Complutense Gustavo Villapalos tuvo que sentarse en el banquillo por determinados pagos realizados a abogados para solucionar problemas de querellas, en los que aparecían nombres vinculados a Banesto, Manuel Garrido o el citado Trevijano (al que Villapalos habría pagado 15 millones de pesetas por servicios). El PSOE y el fiscal Bermejo llevaron a Villapalos a los tribunales, pero fue absuelto.

A la radio y con seguidores
Trevijano rompió con la AEPI de Pablo Sebastián y rompió con El Mundo de Pedrojota Ramírez, con el que no quedó demasiado contento.
Pero en cambio siempre mantuvo una estima hacia Luis María Anson (fue colaborador de La Razón), que probablemente le dedique una de sus canelas en breve.
No obstante se aparató de toda colaboración mediática que no fuera controlada por él, estableció una radio para poder dar su opinión sobre la actualidad y sobre la prensa y demostró que tenía a su alrededor un grupo de incondicionales dispuestos a defenderle a muerte en las redes.
Elogiado siempre por una prodigiosa memoria aceptaba con gusto resolver dudas y dar su versión de sucesos y hechos de los que fue protagonista. En su currículum queda haber sido abogado de relevantes causas y haberse codeado con poderosos, pero no haber sido ni presidente de la República, ni propietario de El País.

Muere Antonio García-Trevijano, el jurista que soñaba con una Tercera República


MADRID.- El jurista, abogado, político y pensador republicano Antonio García-Trevijano ha fallecía anoche los 90 años, según ha informado hoy jueves el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC), del que era fundador y presidente. Nacido en Alhama de Granada (Granada) el 18 de julio de 1927, destacó por su lucha en defensa de la libertad y por su activismo contra la dictadura franquista.

Nacido en Alhama de Granada (Granada) el 18 de julio de 1927, destacó por su lucha en defensa de la libertad y por su activismo contra la dictadura franquista. Rechazaba definirse como republicano y aseguraba ser 'repúblico', "un estadista de la República" que forma parte del pueblo "que contribuye activamente a cambiar la naturaleza de la política", según ha defendido públicamente en varias ocasiones.
Casado y con dos hijos, Antonio García-Trevijano fue uno de los organizadores de la reunión clandestina de CCOO en la fábrica de Medias Vilma (Plaza de Castilla) que preparó la huelga de octubre de 1967.
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Granada, en 1974 fue el coordinador y redactor del manifiesto de la Junta Democrática de España. Posteriormente, tuvo un papel relevante en la fusión de ésta con la Plataforma de Convergencia, dando lugar a la 'Platajunta', un organismo unitario de oposición al régimen dictatorial que buscaba la amnistía, la libertad política y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.
Fundador en 1977 de la revista Reporter, denunció en ella lo que consideraba una traición por parte los partidos clandestinos legalizados por Adolfo Suárez contra el compromiso de no aceptar Constitución alguna que no saliera de un período de libertad constituyente que diera a la República la oportunidad de ser elegida.
Miembro fundador de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) en 1998, junto con directores de prensa y radio, con el objetivo, según él mismo reconoció, de echar a Felipe González por su corrupción y por sus crímenes.
Antonio García-Trevijano ha publicado numerosos artículos en los principales periódicos de España como Informaciones, El País, El Independiente, El Mundo, ABC y La Razón
En 1974 fue el coordinador y redactor del manifiesto de la Junta Democrática de España. Posteriormente, tuvo un papel relevante en la fusión de ésta con la Plataforma de Convergencia, dando lugar a la famosa 'Platajunta'.
Fundador en 1977 de la revista 'Reporter', ha publicado numerosos artículos en los principales periódicos de España y es autor de varios libros sobre pensamiento político, entre los que se encuentran, 'El discurso de la República', 'Frente a la gran mentira' o 'Pasiones de servidumbre'.
También destacan sus obras 'Teoría Pura de la República', 'Ateísmo estético, arte del siglo XX: de la modernidad al modernismo' o 'Del Hecho Nacional a la Conciencia de España o el 'Discurso de la República'.
Era el fundador y presidente Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que nace en 2006, centrado en defender que en España no hay democracia con el régimen actual, en el que impera un Estado de partidos, oligarquía de partidos o partidocracia.

Antonio García-Trevijano, la muerte de un gigante / Roberto Centeno *

Anoche en el Hospital Clínico de Madrid donde estaba ingresado por una dolencia banal, una colecistitis, fallecía de un fallo cardiaco a los 90 años Antonio García-Trevijano, un luchador incansable por la libertad y el más grande pensador político en español de todo el siglo XX (1), cuyas obras de teoría política son las únicas europeas modernas que se encuentran en la Biblioteca del Congreso de los EEUU. 

En los años sesenta y setenta encabezó la única oposición democrática al franquismo (el Partido Comunista era una oposición mas totalitaria aún que el franquismo, y el PSOE estaba de vacaciones). Amigo personal de D. Juan de Borbón aunque republicano, solicitaría su consejo en numerosas ocasiones, y siempre criticaría a su hijo Juan Carlos el haber traicionado a su padre.

A la muerte de Franco quiso promover la ruptura democrática rechazando toda Constitución que no fuera elaborada a través de un proceso de libertad constituyente, donde la opción monarquía o república debería ser votada por el pueblo y no impuesta como lo fue por el franquismo. 

Encarcelado por Fraga, denunció la traición de Suárez ("un falangista ignorante sin el menor sentido del Estado") y los partidos legalizados, que robaron la democracia a los españoles y la sustituyeron por un régimen oligárquico de partidos sin separación de poderes, cuyo único interés eran el poder, la relevancia social y la riqueza, y sin la menor idea ni grande ni pequeña de España. 

Impusieron "una Constitución al pueblo y un Estado autonómico que es el mas ineficiente, despilfarrador y corrupto de Occidente y que está llevando a la ruina económica, política y social a la nación". La doctrina política de Trevijano es la que está inspirando hoy a la oposición radical venezolana, y es la base de varios regímenes democráticos de la región.

Para Trevijano, la cobardía de los presidentes de Gobierno de la Transición ha hecho creer a los gobernados la barbarie de que las leyes solo se cumplen mediante consenso o acuerdos bilaterales. Esta creencia, fruto del oportunismo y del miedo a ser tachados de franquistas, es algo tan monstruoso que lleva directamente a la destrucción absoluta de cualquier atisbo de un Estado de derecho. 

También denuncia que la Corona jamás se ha comprometido, mas allá de declaraciones grandilocuentes y banales, en defensa de la unidad de España, que es su única función constitucional y la única justificación de la monarquía. "Es obligación esencial mediar y solucionar los conflictos entre instituciones, algo en lo que el monarca no ha movido un solo dedo".

La muerte le sorprendió mientras preparaba una querella penal contra Mariano Rajoy por ser "impulsor y beneficiario político y personal de la corrupción", y por "haber hecho dejación absoluta de su obligación de hacer cumplir la Constitución y la ley y de la defensa de los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas", así como por "haber permitido la utilización de edificios oficiales y financiado con dinero público procedente del FLA a una organización criminal para la ruptura de España, un hecho sin precedentes en la historia política de Europa".

 La desastrosa gestión de la declaración de independencia y la aplicación de un 155 irrisorio —dejando todas las estructuras de poder, el control de los medios y la capacidad de coacción en manos de los golpistas—, que improvisó unas elecciones exprés que nadie pedía, antes de haber restaurado la democracia secuestrada, le llevaba también a incluir en la querella a la vicepresidenta Santamaría.


 (*) Catedrático emérito de Economía en la Universidad Politécnica de Madrid


(1) Antonio García-Trevijano, como afirma la prestigiosa University Press of America, "is a prominent figure of Spanish politics since de late sixties, one of the most important european intelectual figures of 20th century both in politics and aesthetical Theory" ("es una figura prominente de la política española desde finales de los sesenta, una de los mas importantes figuras europeas intelectuales del siglo XX, tanto en teoría política como estética").

Alarma en Moncloa por las protestas de jubilados: otro 15-M que no vieron venir

MADRID.- Las manifestaciones de jubilados de la pasada semana en varias ciudades españolas han hecho saltar las alarmas en el Gobierno. En el equipo de Rajoy no previeron con antelación que los pensionistas iban a rodear el Congreso o que en Bilbao iban a salir a la calle miles de ellos. Hubo improvisación y nervios cuando vieron las imágenes por televisión. En Moncloa algunos 'fontaneros' empiezan a preguntarse si este puede ser un nuevo 15-M y si las protestas de los ancianos indignados se van a prolongar durante meses, a juicio de https://www.lainformacion.com.

Mediodía del pasado jueves 22 de febrero. Mientras Rajoy y medio gabinete del presidente estaban a punto de tomar un avión rumbo a Bruselas para participar en la cena informal de líderes de la UE en el Château de Val Duchesse, miles de jubilados salían en masa a manifestarse para reclamar una pensión digna más allá de la subida del 0,25% que les comunicó el Gobierno. Ese mismo día y durante la jornada siguiente, esas protestas llenaron telediarios y páginas de periódicos, tanto digitales como en papel. Sin embargo, en Moncloa no se supo ver que esas protestas iban a ser masivas.
Lo confirman fuentes cercanas al Gobierno: "Estaban convocadas por dos organizaciones minoritarias [Marea Pensionista y la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones] y no pensaban que fueran a acudir tantos jubilados". No había sensación de que fuera a ser importante. De hecho, algunos medios de comunicación públicos tuvieron que desplazar a periodistas una vez iniciada la concentración a las puertas del Congreso porque tampoco habían previsto que fuera a ser noticia destacada. Lo hicieron después de que Moncloa se percatara de que lo que estaba sucediendo allí no era una simple manifestación.
Sobrepasados por los acontecimientos, en Moncloa vieron que durante todo el fin de semana se prolongaron las protestas y varias televisiones continuaron informando sobre lo sucedido. Es el caso de La Sexta, que emitió el sábado por la noche un programa especial sobre pensionistas. Esta situación hizo a algunos cargos del Gobierno recordar lo sucedido durante el 15-M, cuando los llamados "indignados" llegaron a realizar un 'escrache' en el domicilio particular de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con su familia dentro, un acto de protesta que fue retransmitido por televisión incluso. También recordaron las escenas vividas durante la campaña que llamaba a rodear el Congreso.


5,8 millones de votos en juego

En el Gobierno no pasa desapercibido que los mayores de 65 años son el principal caladero de votos del PP. Hay 5,8 millones de papeletas en juego en un colectivo que siempre ha votado azul pero que en las últimas encuestas, como la última del CIS, comenzaba a mostrar sus simpatías hacia las políticas naranjas de Ciudadanos. Consciente de esta situación, el Ejecutivo de Rajoy prepara un gesto con ellos en forma de prima fiscal que será incluida en los Presupuestos de 2018 y que, si no son aprobados, se trasladará al Congreso en forma de real decreto.
Fuentes cercanas a Moncloa explican que "por supuesto" que hay preocupación en el Gobierno por las protestas de los jubilados. No obstante, prefieren mantener la calma y se remiten a explicaciones de estrategia electoral. Aseguran que los votantes suelen tener la memoria frágil y recuerdan lo sucedido en el último año. Sin embargo, añaden, los jubilados alargan sus recuerdos y prefieren no hacer experimentos electorales con partidos de nueva creación. En el Ejecutivo, en resumen, creen que el voto de los pensionistas es "el más sensato" y que terminan apostando por partidos que les garanticen la estabilidad. Con esa táctica afronta el PP esta crisis.
El resto de partidos también está intentado monopolizar esta ola de protesta. Unidos Podemos ya ha pedido la derogación del factor de sostenibilidad que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y ha hablado de un "asalto a las pensiones". Por su parte, el PSOE ha planteado una subida del 1,6% en 2018 y ha hablado de un impuesto a la banca para pagar las pensiones. En lo que llevamos de legislatura los socialistas han sido la formación que más iniciativas sobre pensiones han llevado al Congreso.
"Pueblo de Madrid, movilízate" o "¡Qué vergüenza, nos roban las pensiones!" fueron algunos de los lemas que gritaron los jubilados ante la Cámara Baja. Este jueves 1 de marzo vuelven a concentrarse en la calle siguiendo el calendario sostenido de movilizaciones que les llevará a protestar cada 15 días hasta que el Gobierno retire la reforma de las pensiones de 2013 que desvinculó la revalorización de las mismas al IPC.

La línea de salida es la de llegada / Ramón Cotarelo *

Decía ayer Palinuro (la fuerza y la política) que las dos pistas que pueden seguir los indepes, la que llamaba gradualista o "fabiana" y la rupturista de la CUP, serán más o menos iguales en sus efectos. Cuesta mucho pronunciarse. 
 
Hay veces que parece más sensata la primera y veces en que la segunda. La única diferencia es el tiempo en que se produzca la ruptura. La fórmula originaria de la CUP lo abreviaba a cosa de un par de días. O menos. El gobierno y la fiscalía se adelantaron a amenazar con acciones penales contra la mesa del Parlament. Dicho y, es de suponer, hecho

La pista "fabiana" alarga más los tiempos; pero no se sabe cuánto. No hay seguridad alguna de qué cosas puedan el gobierno y sus jueces considerar ilegales, pues aunque se retirara el 155, tardaría poquísimo en reactivarlo con universal aclamación de los partidos dinásticos (todos los de ámbito estatal, en definitiva) y la presta colaboración de la brigada de embellecimiento judicial. 
 
Con o sin 155, el gobierno continuará bloqueando toda iniciativa de la Generalitat que, a su juicio, desborde el marco estatutario que es, justamente, lo que la Generalitat debe hacer para reiniciar o iniciar (que no vamos a ser exquisitos en estas cosas) el camino del mandato recibido el 1-O y revalidado el 21 de diciembre de 2017.

En resumen, la línea de salida para el govern es ya la de llegada para el gobierno. Solo una aporía de Zenón podría introducir alguna distancia entre la una y la otra.

Sin duda la realidad cotidiana abrirá intersticios que se aprovecharán para afirmar la República implícitamente. Habrá una tendencia general a lo implícito. Se recurrirá a todo tipo de ficciones jurídicas y seguramente el Estado hará la vista gorda ante muchos supuestos ultrajes, con la consiguiente bronca con sus sectores más carcundas y ultrarreaccionarios. Se atribuirá valor simbólico a lo real y real a lo simbólico, se evitará la represión judicial en la medida de lo posible.

Pero nada de eso es duradero porque se pretende gestionar una normalidad asentada en una anormalidad: la existencia de presos y exiliados políticos y todo tipo de represaliadas también políticas. Una situación que entra en el concepto de "normalidad" del B155 (gobierno, partidos, medios y jueces) pero no del bloque y el movimiento independentistas que no puede aceptarla. 
 
La CUP ha hecho muy bien aceptando, aunque sea a regañadientes, el pacto de JxC y ERC. Prevalece el criterio de unidad que es el que debe prevalecer porque es la última garantía de éxito. Queda pendiente cómo articulará su decisión cuando la presente a su asamblea, que parece más radicalizada. Quizá prospere la tesis unitaria y se salve el escollo del pacto parlamentario.

Pero esa radicalización de la CUP responde una radicalización del movimiento social, en la calle. Es también muy probable que el movimiento acepte el gradualismo, allí hasta donde llegue antes del nuevo zarpazo. Y hará bien. Pero eso no quiere decir que nadie, partidos, organizaciones sociales, movimiento en general acepte la "normalidad" impuesta porque es anormalidad y anormalidad injusta. Con la represión como única respuesta, el Estado deberá aceptar el inevitable y sistemático trastorno de las relaciones sociales e institucionales al estilo del que se produjo en la visita de Felipe VI al Mobile
 
Los gobernantes españoles solo podrá circular por Catalunya a golpes de porra. La situación es de anormalidad y seguirá siendo mientras se mantenga la represión política y judicial del Estado. A ver cómo se controlan o impiden los desplantes institucionales, manifestaciones, escraches, paros, caceroladas, boicoteos, desobediencia. ¿Acentuando la represión? ¿Hasta dónde? ¿A qué precio? ¿Se mantiene la Ley Mordaza? ¿Se intensifica? ¿Se prohíben asociaciones y partidos indepndentistas? ¿Se decreta el toque de queda?

Están ciegos. No ven que por esa vía ya han fracasado y, cuanto más la sigan, más fracasarán. La ruptura es un hecho y no va a soldarse a palos o con cárceles.



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El juez Llarena declara compleja la causa del 'procés'

MADRID.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado compleja la causa en la que se investiga a exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña por presunta rebelión relacionada con el denominado 'procés', tal y como le había pedido la Fiscalía, los que supone que la instrucción puede ampliarse hasta un máximo de 18 meses.

Así lo ha acordado este jueves en un auto, tras escuchar los informes favorables a esta ampliación del plazo de investigación realizadas tanto por la Abogacía del Estado como por la acusación popular ejercida por Vox y por la práctica totalidad de las defensas.

JxCat y ERC pactan "una asamblea y un consejo" que pilote Puigdemont en Bélgica

BARCELONA.- El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República, afirma un documento interno de la CUP.

Según ha publicado el diario Ara, es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría a un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.
El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo -las fechas no están cerradas-.
Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse un Parlament, un presidente y un Govern en el exilio, y que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.
Bajo la etiqueta 'Espai Lliure de Brussel·les', se prevé que los tres órganos actúen para defender la república, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa "legalidad autonómica, obediencia republicana", constata el documento.
Según la propuesta, la Assamblea de Representants de la República estaría formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil, y sus funciones serían elegir a la Presidència del Consell de la República, definir la metodología de un proceso constituyente y "debatir y promover las actuaciones para avanzar hacia el restablecimiento de la República" y su internacionalización.
En segundo lugar, Puigdemont asumiría la Presidència del Consell de la República y como funciones tendría asumir la representación internacional, convocar la Assamblea e "impulsar políticas concretas y los consensos necesarios para materializar la República".
En tercer lugar, el Consell per la República estaría nombrado por Puigdemont atendiendo a criterios de excelencia y reconocimiento profesional, y, aparte del presidente, estaría formado por tres miembros propuestos por JxCat, tres por ERC y uno por la CUP: sus funciones serían "impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar acciones para avanzar hacia la República".

El Espai Lliure de Brussel·les arrancaría --si el acuerdo se cierra-- de "forma solemne con un acto celebrado en Bruselas donde participarían los grupos parlamentarios republicanos" e invitados del mundo local, de la sociedad civil, eurodiputados y expresidentes de la Generalitat.
El acto sería el lunes 5 de marzo y, a la práctica, también serviría para visualizar que JxCat renuncia a investir a Puigdemont en el pleno del Parlament; luego, el 6 ó 7 de marzo, se investiría a Jordi Sànchez (JxCat) en la Cámara catalana --si obtiene permiso del juez para salir de la cárcel--.
En paralelo a estos tres órganos, en Cataluña se formaría un Govern que trabaje para "la restauración democrática, la internacionalización, un frente común contra la represión, políticas de prosperidad y políticas para contrarrestar el intento de fractura social".
Los 'cupaires' explican que ERC y JxCat negocian por su cuenta el reparto de áreas del futuro Govern, y lamenta que no les han hecho llegar "concreciones" del plan de gobierno.
La CUP recoge en el documento el mecanismo interno para decidir si apoya el pacto de investidura de JxCat y ERC, y establece tres posibles escenarios: apoyar la propuesta aunque no haya acuerdo programático sobre las políticas del futuro Govern; o apoyar el pacto siempre que haya acuerdo sobre el programa; o rechazar la oferta de ERC y JxCat.
La CUP tiene cuatro diputados en el Parlament y plantea varias posibilidades: dar sus cuatro votos e investir en primera vuelta al candidato de JxCat; o dar cuatro abstenciones --eso obligaría a investir al candidato en segunda vuelta--; o dar cuatro votos negativos.
En este último escenario, la legislatura no se desencallaría y obligaría a JxCat y a ERC a mover ficha: o hacer nuevas ofertas a la CUP para llegar a un acuerdo, o renunciar a seguir negociando y conducir a Catalunña a unas nuevas elecciones en primavera.

El Parlament reivindica a Puigdemont pero evita ratificar la declaración de independencia

BARCELONA.- El pleno del Parlament ha aprobado este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que ratifica "la confianza en Carles Puigdemont como presidente" de la Generalitat de Cataluña", pero ha evitado ratificar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Los tres grupos independentistas han aprobado así una restitución simbólica del presidente cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo han investido de forma efectiva, ya que esto abriría un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional.
Esta resolución se ha aprobado con los 67 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP; los 24 votos en contra del PSC y los comuns, mientras que Cs y PP han decidido no participar en la votación por considerar que la propuesta es contraria a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).
La resolución aprobada también reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017, y califica de "ilegal e ilegítima" la destitución de Puigdemont y de su Govern que se hizo efectiva cuando el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El texto aprobado define a Puigdemont como el "legítimo candidato" a la Presidencia de la Generalitat, pero difícilmente será investido próximamente, ya que JxCat, ERC y la CUP contemplan investir a un candidato alternativo que sería Jordi Sànchez, según ha trascendido recientemente.
La CUP había presentado una enmienda a la resolución que se ha aprobado que pedía que la Cámara ratificara la declaración de independencia del 27 de octubre, pero finalmente no se ha votado porque han llegado a un acuerdo con JxCat para aprobar un texto diferente y rebajado.
Sin embargo, sí que ha habido una votación polémica, la del punto 6 bis de la resolución, que exige que "cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional", y reivindica que la voluntad de los catalanes fue legítimamente expresada en el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El diputado del PSC David Pérez ha pedido la palabra para explicar que en la reunión de la Mesa del Parlament de antes del pleno los letrados de la Cámara han defendido que la resolución podría ser inconstitucional y no debería haber sido ni tramitada ni votada ante el plenario.
Los letrados han argumentado que la resolución defendía como legítimo un referéndum contra el que el Tribunal Constitucional falló en contra pero, aún así, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y la mayoría independentista de la Mesa han decidido seguir adelante.
Pérez ha recordado que los miembros de la Mesa tienen "el deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa que contravenga al Constitucional, y ha constatado que no ha sido así
En el debate previo a las votaciones, el diputado de JxCat Quim Torra ha afirmado que esta resolución es un nuevo "punto de partida" hacia la república catalana, y ha advertido al Estado de que su grupo no se moverá ni un milímetro de sus reivindicaciones independentistas.
La líder de ERC en la Cámara, Marta Rovira, ha avalado reconocer a Puigdemont como el presidente legítimo de Cataluña, pero a la vez ha pedido que se forme un Govern efectivo en Cataluña cuantos antes; la CUP ha dado sus votos para aprobar el texto, pero el diputado Carles Riera ha criticado las "reculadas" de JxCat y ERC con la independencia.
El resto de grupos de la Cámara han criticado la resolución de los independentistas y han pedido que Puigdemont asuma ya que no será presidente de nuevo y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha preguntado a la bancada independentista "cuánto tiempo van a mantener esta farsa y esta mentira".
Ahora está por ver si JxCat, ERC y la CUP proceden próximamente a investir a Puigdemont en el Parlament, pero según recoge un documento interno de los 'cupaires' que trascendió el miércoles, los tres grupos ya han hablado de que la persona investida sea Jordi Sànchez (JxCat).
Aunque Sànchez está encarcelado y esto dificulta su investidura, la diferencia con Puigdemont es que sí se ha sometido a la justicia, por lo que su abogado, Jordi Pina, tiene previsto pedir permiso al juez Pablo Llarena para que su cliente pueda ser investido por la Cámara.

España recibe 4,1 millones de turistas en enero, un 5,2% más

MADRID.- España superó en enero el máximo histórico del año pasado con 4,1 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento del 5,2% con respecto al mismo mes de 2017, según los datos provisionales de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el primer mes del año los turistas internacionales que visitaron España realizaron un gasto total de 4.501 millones de euros, una mejora del 5,6% respecto a enero del año 2017, según los datos provisionales de la encuesta Egatur publicada también hoy.
El gasto medio por turista se sitúa en 1.095 euros, con un aumento anual del 0,3%. Por su parte, el gasto medio diario crece un 2,3%, hasta 132 euros.
La duración media de los viajes de los turistas internacionales es de 8,3 días, lo que supone un descenso de 0,2 días respecto a la media de enero de 2017.
Reino Unido fue el principal mercado emisor, con 799.475 turistas, lo que representa el 19,5% del total y un incremento del 0,2% respecto al primer mes del año pasado a un ritmo mucho menor y cambiando la tendencia de meses anteriores.
También lideró en cuanto a nivel de gasto en enero con el 16,8% del total, seguido del conjunto de países nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia- que aportaron el 12,2% del total del gasto realizado y de Alemania (12%).
En cuanto a las llegadas al mercado británico le siguieron Alemania y Francia, como los siguientes países de residencia con más turistas que visitan España en enero, con 502.298 turistas alemanes, un 4,2% más , y 491.551 visitantes franceses, un 5,8% más.
En el resto de países destacan los crecimientos anuales de los turistas procedentes de Estados Unidos (+21,2%), Bélgica (+19,5%) y Portugal (+16,4%

Canarias es el primer destino principal de los turistas extranjeros llegados a España en enero, con el 28,8% del total, con 1,2 millones de visitantes, un 0,8% menos. Le siguen Cataluña, con 862.872 turistas, un 2% más, con el 21% del total, y Andalucía, con 539.516 visitantes, un aumento del 3,4% y el 13,1% del total.

Defensa gastó 23.000 euros en repatriar a 29 miembros de la División Azul

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha destinado un total de 23.300 euros desde el año 2003 para la repatriación de los restos de 29 miembros de la División Azul que luchó junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

A través de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER), el Ministerio de Defensa colabora en las repatriaciones en virtud de un convenio suscrito con Alemania en el año 1995 y que fue ratificado por el exministro Pedro Morenés en 2015.

La búsqueda de los restos se hace a través de la asociación alemana Wolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, que cuenta con la autorización para buscar en Rusia la ubicación de los muertos de la División Azul durante la II Guerra Mundial.

El proceso lo inician las familias, que se ponen en contacto con la DIAPER. Este organismo del Ejército de Tierra traslada la petición a la asociación alemana y, cuando los restos son localizados, el consulado es el que se encarga de los trámites de repatriación.

El traslado de los restos a España se realiza en aviones civiles y el coste corre a cargo de Defensa, que cuantifica en 800 euros el coste medio por cada una de las repatriaciones. Esto suma un montante de 23.200 euros desde el año 2003 en 29 repatriaciones.

El pasado 2017 fueron trasladados a España los restos mortales de tres soldados españoles que lucharon contra el frente ruso del este. En 2016 se realizaron cinco repatriaciones, otras cinco en 2013, dos en 2010, diez en 2007 y cuatro en 2003. En su iniciativa, Elorza sugiere también la necesidad de promover una operación similar "para colaborar en la exhumación de los restos de miles de republicanos 'desaparecidos' que aún permanecen sin identificar en las cunetas y fosas comunes por toda España".

Precisamente este jueves el diputado del PSOE Odón Elorza ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo para que explique por escrito "desde cuándo el Gobierno viene colaborando con las exhumaciones de los cuerpos de españoles, pertenecientes a la División Azul que murieron en Rusia o Alemania, para la repatriación de sus restos a España".

En este sentido, aclara que para el PSOE "no es censurable" que el Estado colabore en la repatriación de restos de miembros de la División Azul "siempre y cuando por razones legales y de coherencia se atiendan también las peticiones de familiares y colectivos" que desde 2012 reclaman al Gobierno que cumple la ley vigente de Memoria Histórica, que contempla ayudas para exhumaciones.

Asimismo, el PSOE ha denunciado este jueves el veto del Gobierno a la propuesta socialista de reforma de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado asuma la localización y exhumación de las más de 100.000 personas que se estima siguen enterradas en fosas comunes y cunetas en España.

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado que este veto del PP deja en evidencia su " genética franquista", que se suma a su negativa a condenar el franquismo y la represión durante la dictadura.

Perelló ha subrayado además que, con este veto, el Gobierno incurre en una "desigualdad de trato" entre españoles puesto que mientras "se niega a que 100.000 personas salgan de las cunetas y reciban sepultura digna", repatría desde hace años los restos de miembros de la División Azul que lucharon junto al Ejército nazi contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

El responsable socialista precisa que a él le parece bien que se repatríen esos cuerpos, pero subraya que eso supone una diferencia de trato con respecto a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el límite del plazo, el Gobierno remitió el miércoles un escrito de disconformidad al Congreso mostrando su oposición a tramitar la iniciativa socialista al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios en más de 213 millones de euros.

miércoles, 28 de febrero de 2018

Policía y Guardia Civil alcanzan con Interior una “propuesta de acuerdo” sobre la equiparación salarial

MADRID.- Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles someterán a votación de sus bases la nueva oferta del Ministerio del Interior de 1.100 millones en tres años para la equiparación salarial con las policías autonómicas y que supone una dotación para este año de 500 millones.

Según los cálculos que han plasmado estas organizaciones en un comunicado, la nueva oferta supondría que al final de esos tres años, es decir, en 2020, un policía nacional cobraría 561 euros brutos más al mes que ahora (en doce nóminas) y un guardia civil 720 euros.
Tras más de cinco horas de reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) han aceptado un preacuerdo, que someterán a votación, basado en la nueva propuesta de Interior, que les ha dado un plazo de siete días para responder.
Fuentes sindicales y de las asociaciones han señalado que el Ministerio ya ha dejado claro que es su última oferta y, aunque dista de los 1.500 millones en el periodo 2018-2020 que los agentes reivindicaban, se acerca algo más que la expuesta en la última reunión (807 millones) tras la que se rompieron las negociaciones.
Para el Ministerio, se trata de una oferta que supondrá el fin de la “brecha salarial” existente ahora entre los agentes de las FSE y cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.
Según un comunicado del Ministerio, la reunión ha servido para alcanzar una “propuesta de acuerdo” sobre equiparación salarial que permitiría a policías y guardias civiles percibir en 2020 “el mismo sueldo que un mosso d’esquadra en un puesto y categoría similar”.
El Ministerio del Interior “valora la disposición, el compromiso y el esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante estos meses de negociación”, subraya el comunicado.
Si la propuesta culmina, “se corregiría en sólo tres años la ‘brecha salarial’ que se había producido en las últimas décadas con respecto a la policía autonómica catalana, el cuerpo policial que más cobra en España“, añade Interior.
Con este esta propuesta de acuerdo, se garantizaría que en este año 2018 el Gobierno incluiría en los Presupuestos Generales del Estado un total de 500 millones de euros para incrementar las nóminas de policías y guardias civiles.
Asimismo, el Ejecutivo se compromete a que en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían las cantidades necesarias para implementar la equiparación salarial.
Una consultoría externa fijaría los criterios objetivos de análisis para garantizar que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo previsto de tres años.
En esta última reunión, la séptima celebrada desde la constitución de mesas técnicas, se ha respetado la cifra de 807 millones de euros que se pactó para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar una diferencia salarial de 476,7 millones en el caso de la Guardia Civil y de 331 millones en el caso de la Policía Nacional.
No obstante, el documento negociado no contabiliza en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública, recibirían todos los funcionarios, incluidos los Mossos d’Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.
En esta propuesta de acuerdo, que tiene que ser refrendado por las bases sindicales, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se compromete a tramitar una ley que garantice “para siempre” la “equiparación justa” entre los distintos cuerpos y que contemple la máxima de que a iguales circunstancias, trabajo y funciones deberá siempre corresponder un mismo sueldo.
Igualmente, el Ministerio abordaría la elaboración de los nuevos catálogos en ambos cuerpos, la determinación de criterios de compensación por territorialidad y la simplificación de los complementos específicos singulares para evitar agravios en el seno de cada uno de los cuerpos policiales.

Combatir el franquismo coronado / Agustí Colomines *

Fernando Suárez González, jerarca del franquismo, quiere dar lecciones de democracia a los demócratas sin renunciar a lo que fue en los años de la dictadura. Quien fuera uno de los ministros de Franco que estaban sentados en el Consejo de Ministros que ratificó en septiembre de 1975 la condena a muerte de Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de los acusados de pertenecer a ETA, Ángel Otaegi Etxeberria y Jon Paredes Manot, Txiqui, concedió una entrevista a El Mundo que no tiene desperdicio. 

Para empezar, a la pregunta del entrevistador sobre si, como asegura Pablo Iglesias, hay un ADN franquista en la derecha española, la respuesta de Suárez no puede ser más sincera: "Pero, ¿cómo no lo va a haber? El error es considerar eso como un insulto". Ese es el quid de la cuestión. El orgullo de un franquista frente a la lucha democrática del FRAP -una organización comunista que presidía, sin embargo, el antiguo ministro republicano Julio Álvarez del Vayo y que posteriormente contó con la simpatía del escritor católico José Bergamín, al que apoyó como senador en 1979-, y de ETA, la organización armada que hasta 1975 no era ni mucho menos lo que fue después.

La extrema derecha española va perdiendo ahora el complejo de culpa que tenia en los años de la Transición. Siempre estuvo viva, aunque fuese minoritaria como Fuerza Nueva o se escondiese en el PP. Suárez González, que perteneció a la FET y de las JONS, dirigió el Sindicato Español Universitario (SEU), y fue procurador en Cortes y ministro de la dictadura, no puede presumir de una hoja de servicios a favor del ideal democrático simplemente porque fuese, también, uno de los miembros de la comisión gubernamental que propició el haraquiri controlado del franquismo. 

El instinto de supervivencia logra milagros. La extrema derecha estuvo y está en la herencia que nos dejó el franquismo y que no supimos depurar. Los portugueses, por lo menos, en 1974 mandaron para el exilio a su dictador, Marcelo Caetano, donde murió el 1980, junto a Américo Tomás, el presidente de la República salazarista.

La extrema derecha española va mutando con el tiempo, pero siempre defiende lo mismo. C's, muchos de cuyos promotores son de estirpe franquista, renueva la herida con un discurso pretendidamente liberal. 

Hace unos días, en una conversación privada, expuse esa idea y los comensales se escandalizaron. Para explicárselo mejor y atenuar su estupor, les dije que estaba leyendo Contra el odio (Taurus), de Carolin Emcke, una académica y periodista que organiza y modera un debate mensual en el Teatro Schaubühne de Berlín sobre conflictos, y que en él daba las claves de lo que es hoy la extrema derecha en Europa. 

Afirma Emcke que casi todos los partidos de extrema derecha, sea en una versión nacionalconservadora, sea en la versión populista de derechas —el Partido de la Libertad (PVV) en los Países Bajos, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Fidesz en Hungría, UKIP en Gran Bretaña, los Demócratas de Suecia, el partido de los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés, el Partido del Pueblo Suizo (SVP) o el partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia— “defienden la idea (o el deseo) de una nación con una cultura y una religión homogéneas o bien de un pueblo homogéneo”.

¿No les parece a ustedes que la derecha nacionalconservadora (PP) y la populista de derechas (C's) españolas defienden lo mismo? ¡Claro que sí! “Libres e iguales”, como dirían los intelectuales que en 2014 crearon esa plataforma chetnik en defensa de la españolidad de Catalunya, pero los catalanes, los valencianos, los baleares, los gallegos o los vascos y los navarros tienen que serlo un poco menos. El pueblo homogéneo habla en castellano, tiene un único sistema de gobernanza y una memoria histórica homogénea, basada en la idea de que los vencedores de la Guerra Civil salvaron a España del comunismo.

No idealizo la República, ni los asesinatos perpetrados en el bando republicano —por eso nunca idealicé a Tarradellas, que fue tan inútil como Companys al intentar parar los desmanes—, pero la racionalidad —y la historia— no me permiten exaltar el régimen franquista, que es lo que viene haciendo el PP desde su fundación como Alianza Popular, o C's cuando, junto al PP, abandonó la sesión del 10 de octubre de 2013 del Parlament de Catalunya para no votar la moción presentada por ICV-EUiA que condenaba de manera solemne “toda declaración o actividad que comporte cualquier clase de enaltecimiento, trivialización, exculpación o negación del nazismo, franquismo y el resto de regímenes fascistas”. 

Jordi Cañas, entonces diputado y portavoz de C's, se encargó de dejar claro en que bando se situaba su partido. El ministro franquista les reclama ahora que sean coherentes y se opongan a la iniciativa presentada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica. La tentación autoritaria siempre está al acecho y C's lleva tiempo empleando un lenguaje y contando la historia del contrato social entre ciudadanos “libres e iguales” que nada tiene que envidiar a los discursos de José Antonio.

La mayor preocupación de Suárez González es, sin embargo, que deslegitimar el franquismo pone en riesgo a la Corona. Dejando a un lado la estupidez tautológica que le lleva a afirmar que la “República en España es contra media España. Siempre. La Monarquía no tiene más preocupación que la de ser de todos”, porque también se podría afirmar lo contrario y simplemente sería una repetición inútil y viciosa del mismo tenor, lo dicho por el ministro franquista es una gran verdad: la restauración de la Monarquía fue “una decisión personalísima de Franco, no cabe la menor duda, y hay que ver qué patrimonio tan importante supone para nosotros en la actualidad”. 

Lo primero es cierto históricamente. Lo segundo es un juicio de valor, en especial porque muchos catalanes sabemos que con el discurso del 3-O Felipe VI se apuntó al “a por ellos” fascista que cantaban los manifestantes que despedían en tierras andaluzas a los guardias civiles destinados a Catalunya para reprimir a los demócratas. Si la Monarquía no estuviese protegida por un artículo de la Constitución que introdujeron los socialistas en el Código Penal en 1995, la República podría defenderse en España sin el temor de acabar con los huesos en la cárcel como el joven rapero mallorquín Valtònyc.

En la España actual, desacomplejada y extremista, dominada por el relato posfranquista que difunden políticos, comentaristas y medios de comunicación, se asciende a general a Pérez de los Cobos, un guardia civil que el 23-F se presentó vestido de falangista para apoyar a Tejero y el 1-O reprimió con saña a los que acudían a votar en el referéndum de autodeterminación, mientras el Gobierno legítimo catalán es perseguido y encarcelado por comprar urnas y ponerlas a disposición de los ciudadanos para que expresasen libremente su opinión. 

Cada día está más claro que la independencia de Catalunya es la única vía para evitar el hedor fascistoide que desprenden PP y C's y también para dejar atrás a la Monarquía. La que impuso Franco o cualquier otra.



 (*) Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona



JxCat y ERC pactan "una asamblea y un consejo" que pilote Puigdemont en Bélgica

BARCELONA.- El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República, afirma un documento interno de la CUP.

Según ha publicado el diario Ara, es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría a un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.
El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo --las fechas no están cerradas--.
Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse un Parlament, un presidente y un Govern en el exilio, y que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.
Bajo la etiqueta Espai Lliure de Brussel·les, se prevé que los tres órganos actúen para defender la república, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa "legalidad autonómica, obediencia republicana", constata el documento.
Según la propuesta, la Assamblea de Representants de la República estaría formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil, y sus funciones serían elegir a la Presidència del Consell de la República, definir la metodología de un proceso constituyente y "debatir y promover las actuaciones para avanzar hacia el restablecimiento de la República" y su internacionalización.
En segundo lugar, Puigdemont asumiría la Presidència del Consell de la República y como funciones tendría asumir la representación internacional, convocar la Assamblea e "impulsar políticas concretas y los consensos necesarios para materializar la República".
En tercer lugar, el Consell per la República estaría nombrado por Puigdemont atendiendo a criterios de excelencia y reconocimiento profesional, y, aparte del presidente, estaría formado por tres miembros propuestos por JxCat, tres por ERC y uno por la CUP: sus funciones serían "impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar acciones para avanzar hacia la República".
 
El Espai Lliure de Brussel·les arrancaría --si el acuerdo se cierra-- de "forma solemne con un acto celebrado en Bruselas donde participarían los grupos parlamentarios republicanos" e invitados del mundo local, de la sociedad civil, eurodiputados y expresidentes de la Generalitat.
El acto sería el lunes 5 de marzo y, a la práctica, también serviría para visualizar que JxCat renuncia a investir a Puigdemont en el pleno del Parlament; luego, el 6 ó 7 de marzo, se investiría a Jordi Sànchez (JxCat) en la Cámara catalana --si obtiene permiso del juez para salir de la cárcel--.
 
En paralelo a estos tres órganos, en Cataluña se formaría un Govern que trabaje para "la restauración democrática, la internacionalización, un frente común contra la represión, políticas de prosperidad y políticas para contrarrestar el intento de fractura social".
Los 'cupaires' explican que ERC y JxCat negocian por su cuenta el reparto de áreas del futuro Govern, y lamenta que no les han hecho llegar "concreciones" del plan de gobierno.
La CUP recoge en el documento el mecanismo interno para decidir si apoya el pacto de investidura de JxCat y ERC, y establece tres posibles escenarios: apoyar la propuesta aunque no haya acuerdo programático sobre las políticas del futuro Govern; o apoyar el pacto siempre que haya acuerdo sobre el programa; o rechazar la oferta de ERC y JxCat.
La CUP tiene cuatro diputados en el Parlament y plantea varias posibilidades: dar sus cuatro votos e investir en primera vuelta al candidato de JxCat; o dar cuatro abstenciones --eso obligaría a investir al candidato en segunda vuelta--; o dar cuatro votos negativos.
En este último escenario, la legislatura no se desencallaría y obligaría a JxCat y a ERC a mover ficha: o hacer nuevas ofertas a la CUP para llegar a un acuerdo, o renunciar a seguir negociando y conducir a Cataluña a unas nuevas elecciones en primavera.

Pedro Sánchez pide a Rajoy que «apruebe ya los presupuestos o convoque a las urnas»

SEVILLA/BARCELONA.- El líder del PSOE Pedro Sánchez ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pasar ya a la acción y salir del "letargo y parálisis" en la que se encuentra, instándole a "presentar los presupuestos generales ya o convocar elecciones para buscar una nueva mayoría alternativa" que permita sacar adelante una respuesta a los problemas que arrastra el país. 

Acompañado de varios miembros de la dirección federal, Sánchez aprovechó su asistencia a los actos institucionales del Día de Andalucía para lanzar su reto al jefe del ejecutivo central, justificando su petición en que el actual Gobierno del PP sólo está "prolongando y postergando muchos de los problemas" que sufre la sociedad española, entre los que citó "la precariedad, la desigualdad y la necesidad de regenerar la vida democrática del país".
Por ello, el secretario general de los socialistas recordó a Rajoy que "ya estuvo un año en funciones, y no puede aspirar a estar cuatro años más". 
"España tiene muchos problemas", insistió, subrayando que "gobernar no es conservar el poder a cualquier precio". Y como ya hiciera en el último comité federal de los socialistas, justificó esa inacción en la "guerra fría" que mantienen las formaciones de la derecha, PP y Ciudadanos, cuya preocupación en sus intereses electorales no hace sino "detener España".
"Le exijo que presente los Presupuestos ya, y si no puede contar con una mayoría parlamentaria suficiente, debería convocar a las urnas", lanzó Sánchez, para permitir que haya una "mayoría distinta que pueda sacar adelante una respuesta a muchos de los problemas que tiene nuestro país y que no son atendidos por el gobierno de España". 
No obstante, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro anunció hace unos días que están ya ultimando el anteproyecto de ley y que en breve presentarán las nuevas cuentas generales para 2018.
Por otra parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado a Sánchez a no repetir el error que ya le costó la cabeza en su partido y cumplir su promesa de echar del Gobierno a Mariano Rajoy con una moción de censura que, según ha dicho, tendría el apoyo de ERC y del PDeCAT "a cambio de nada".
Iglesias, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en que la única salida para "sacar a los corruptos del Gobierno" es una moción de censura que evitaría además que el Ejecutivo mantenga "secuestrado al Parlamento" y vetando iniciativas de la oposición. 
Según ha asegurado, se intercambia regularmente mensajes con Sánchez y le gustaría que el PSOE fuera "más coherente" y cumpliera sus promesas electorales, como "echar a Rajoy".
Asimismo, ha confiado en poder alcanzar acuerdos con los socialistas en materia de pensiones y espera convencer al PSOE y a los sindicatos de la necesidad de revalorizar esas prestaciones conforme al IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que liga las pensiones a la esperanza de vida.
Iglesias ha insistido a los socialistas en que están ante la oportunidad de cambiar las cosas, "escuchar lo que está diciendo la calle" e incluso preguntar a sus bases "si quieren echar a Rajoy". 
"Nos gustaría que el PSOE rectifique en esto y nos pongamos de acuerdo. Esto no va de ponerse medallas: los únicos que merecen una medalla son los miles de pensionistas que salieron a la calle", ha dicho.

España, entre los países de UE con menor disparidad entre CCAA ricas y pobres

LUXEMBURGO.- España fue uno de los países de la Unión Europea que menor diferencia registró en 2016 entre el PIB de su región más rica (Comunidad de Madrid) y la más pobre (Extremadura) frente a la media europea, una distancia de 62 puntos porcentuales que es inferior a la registrada en Francia, Italia o Alemania.

Así se desprende de una serie de datos publicados hoy por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en los que se recogen los niveles de PIB per cápita de todas las regiones de la Unión Europea y se comparan frente al PIB medio de la UE.
En España, el PIB de cuatro comunidades autónomas se situó por encima de la media europea: Madrid (125% de la media), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).
Las más pobres fueron Extremadura (63%), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla-La Mancha (72%) y Ceuta (73%).
Así, la diferencia entre el 125% de la media europea que registra la Comunidad de Madrid y el 63% de Extremadura, de 62 puntos porcentuales, fue una de las más reducidas de la UE y la más baja entre las principales economías del bloque comunitario.
La mayor diferencia entre zonas en un mismo país se dio en 2016 en el Reino Unido, donde Inner London (centro de Londres) tiene un PIB equivalente al 611 % de la media regional europea, y la más pobre, East Wales & The Valleys, se queda en un 68%.
También Francia cuenta con una de las regiones más ricas de la UE, Île-de-France (en la que se encuentra París), donde el PIB fue del 175% de la media de los Estados comunitarios, y a la vez una de las más pobres, la ultraperiférica Mayotte, que con un PIB equivalente al 33% del promedio europeo es el segundo territorio con menos riqueza de la UE, tras la búlgara Severozapaden (29%).
Otros Estados miembros con disparidades regionales superiores a la española fueron Alemania, con 116 puntos porcentuales de diferencia entre Hamburgo (200%) y Mecklenburg-Vorpommern (84%), o Bélgica, con 125 puntos entre Bruselas (200%) y la región valona de Luxemburgo (75%).
En el extremo contrario, entre los Estados miembros con menores diferencias de PIB entre sus regiones se encontraban países como Portugal, con 37 puntos porcentuales de diferencia entre el área metropolitana de Lisboa (102%) y la región norte (65%), o Grecia, con 46 puntos entre Attiki, donde está Atenas, (92%) y Anatoliki Makedonia (46%).
Algunos países, como Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo o Malta son considerados regiones únicas a efectos de este tipo de estadísticas.

Tampoco hubo malversación / José Antich *

Un reciente informe enviado por el gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha habido malversación de dinero público en la organización y celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. 

 La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos van cayendo. 

Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final, sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de "consultas electorales" había sido destinada por parte de la Generalitat a organizar el 1-O. 

Los altos cargos del Govern lo habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.

De los otros cuatro presuntos delitos, diferentes juristas han venido sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos, personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Mena y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un punto de vista concluyente desde una mirada muy distante ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.

Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo, fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán que juzgar también este caso.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Duelos y quebrantos de lujo / Ramón Cotarelo *

En días pasados Palinuro advertía de que los Borbones, generalmente poco leídos y este en concreto, que aun parece serlo menos, no conocen los Espejos de príncipes. Tampoco parecen conocer otras fuentes de información, como los periódicos, las televisiones o las redes y dan la impresión de contar con gabinetes de información y asesoría poblados por pollinos.
 ¿A quién se le ocurrió la idea de enviar al rey a Barcelona estando los ánimos como están? ¿Qué se pretendía? ¿Humillar, provocar más a los catalanes en medio de una revolución? Menuda metedura de pata por la que, como siempre, no dimitirá nadie (ni falta ya que hace) porque para gente tan obtusa la rebelión ciudadana de Barcelona contra el rey no ha existido. 
Como no existieron la consulta del 9N, el referéndum del 1-O, la declaración de independencia ni la reforma protestante. Además, si leen sus pasquines, miran sus televisiones o escuchan sus radios, sabrán que la inauguración del Mobile ha sido un éxito punteado por muestras populares de adhesión a la Corona y hasta una manifestación de españoles monárquicos que convocó una decena de personas.

Para el resto del planeta, la visita del Borbón ha sido un sondeo demográfico sobre el cerrado rechazo que la Monarquía despierta en Cataluña y que ahora, gracias a los corresponsales extranjeros, ya conoce todo el mundo.

La huida del Borbón a la noche en un lamentable pies para qué os quiero, dejó flotando en el aire barcelonés el himno de Riego y en las calles la realidad de una república imparable.

Aquí la versión castellana, que trata de eso:

El amargo día del Borbón

La visita de Felipe VI a Barcelona para la inauguración del Congreso de Móviles fue un visto y no visto. Pero sí muy oído. Durante todo el accidentado recorrido del Rey, la ciudad vivió en un tumulto de segundo plano, continuo, a veces visible, a veces invisible.  Nadie salió a recibirlo con vítores y palmas.
 Los recorridos reales transcurrieron por plazas y calles vacías, cortadas y desalojadas por la policía y los mossos d’esquadra que se emplearon a fondo en varia ocasiones, cargando contra la gente que estaba haciendo lo que suele hacer la gente: estorbar a los poderosos que quieren pasear por donde no los quieren. El centro de Barcelona parecía en estado de sitio.

Los efectos sonoros fueron constantes. Si no de vista, los barceloneses obligaron al Borbón a tragarse su presencia auditiva. Durante toda la jornada repiquetearon las cazuelas y sartenes, los pitos y matracas, se oyeron gritos contrarios a la Monarquía y favorables a la República, un sordo y encrespado rumor que llegaba hasta los salones y comedores en que trascurrieron los desagradables actos de la inauguración, como si fuera un cuadro de Umberto Boccioni, Llegan los ruidos de la ciudad
 De una ciudad, de un país republicanos que quisieron hacer patente este sentimiento al rey de España, de visita ingrata al territorio en el que sus fuerzas del orden, habían dejado más de mil heridos unos meses antes por querer vivir en democracia. En una sola jornada, se ha visto que el Borbón es tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén, título que también ostenta con la misma eficacia aproximadamente.

El valor simbólico de este acto de desacato y rechazo masivo, generalizado, es inmenso. Es como un anuncio de un nuevo Delenda est Monarchia! orteguiano. El Rey se volvió por donde había venido, dejando tras de sí una docena más de heridos (tradición borbónica de entrar a saco en tierras catalanas) y un desprecio y rechazo colectivos en el que se aunaban las manifestaciones callejeras más ruidosas con los desplantes más gallardos de las autoridades barcelonesas y catalanas que se negaron a rendirle pleitesía. Nadie de relieve fue a besarle la mano excepto alguna alcaldesa socialista reciclada en cortesana periférica.

Los rostros, los gestos, las miradas que echaban fuego constituyeron la mímica, bastante ridícula a ratos, de este acto protocolario y provocador que solo pretendía aplastar la naciente República Catalana con la presencia de un monarca nada bienquisto. ¿Qué cómo se sabe? Porque el CIS ha dejado de preguntar por la valoración ciudadana de la Corona  en sus sondeos y barómetros. Al Borbón no lo quiere casi nadie en España y, menos aun en Cataluña. Es el último representante de una dinastía de trayectoria tan triste como ridícula, reestablecida por un dictador genocida y del que toda la sociedad espera que sea eso, el último y, a ser posible, breve.

Ahora que la familia del dictador anda de mudanza, tratando de colocar en el mercado el Pazo de Meirás, una de las propiedades que pillaron en el pasado, sería bueno que metiera en el lote la corona, el trono y el armiño de un rey que no tiene ni idea del país que pisa, empezando por ignorar que no es uno, sino dos. Una monarquía que hiede a franquismo, como recuerda uno de esos exministros semizombies del dictador cuando dice con perfecta sinceridad y exactitud que si se deslegitima el franquismo, se deslegitima la Monarquía. Pura lógica cartesiana, dado que el monarca español lleva el estigma del terror y la barbarie franquistas hasta en la Corona.

Por algo ni él, ni su padre (que se educó como edecán de Franco), ni el gobierno de turno, ni su partido (que es también y sin disimulo el partido del rey) han condenado jamás el franquismo. Sería como condenarse a sí mismos, que son hechura del dictador delincuente. Ni lo harán. Desaparecerán irredentos por el escotillón de la historia  a partir de la ya imparable revolución catalana. Si no en el Estado español, en el que los republicanos siguen refugiados en los cenáculos literarios, sí en Catalunya, cuyo espíritu y condición republicanas quedaron bien claros en la infausta jornada barcelonesa del Borbón humillado.

Cada vez más clara la distancia, la cesura, la separación, el cleavage entre la España monárquica y la Cataluña republicana. Suele decirse que a la República Catalana le pasa lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes excepto la de la existencia. Con mayor razón del Rey de España que no es que vaya desnudo por Cataluña sino que, simplemente, no va o, si va, ha de volverse con el rabo o la corona entre piernas.

A monarquía vacante, República triunfante. A Rey ausente, República presente. El monarca y sus cortesanos del 155 (PP, PSOE, C’s y, en menor medida pero pujando, Podemos) harán los planes que quieran para sus dominios, reformas constitucionales, reformas electorales, apaños aquí o allá, remiendos y zurcidos en el andrajo español para ver si tira hasta las próximas elecciones y se puede seguir engañando a la gente, haciendo pasar una dictadura personal de un personaje inepto por un Estado de derecho . 
En Catalunya se ha abierto una era que los franquistas en el gobierno y en la oposición en España son incapaces no ya de detener sino simplemente de entender. Igual que la virreina catalana y su cipayo delegado no entendían nada de lo que pasó en Cataluña en un eco lamentable de la “noche triste” de Cortés, cuando los españoles se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El Tribunal Supremo avala que los bancos carguen al cliente los impuestos de constitución de las hipotecas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha dictaminado este miércoles que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que da la razón a los bancos.

En concreto, la sentencia del Supremo sólo estima en parte los dos recursos presentados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
De esta forma, el Tribunal falla a favor de las entidades bancarias, dado que suele ser práctica habitual que los hipotecados paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de un préstamo hipotecario.
Sin embargo, en su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí dictaminó la "abusividad" de una cláusula que, "sin negociación y de manera indiscriminada", atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco.
En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular.
Por eso, la sentencia de este miércoles del alto tribunal se refería únicamente a quién debía pagar el ITP y AJD, y ha estimado sólo parcialmente los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados, dado que ha determinado que el grueso de estos impuestos, relativo a la constitución del préstamo, debe pagarlo el cliente.
De esta forma, a los bancos sólo les corresponde pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y las copias, a quien las solicite. El Supremo indica que el fallo ya ha sido comunicado a los procuradores de las partes y que el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.
El ITP y AJD es un impuesto autonómico, que varía en función de cada comunidad autónoma, y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Según los datos aportados por varios despachos de abogados, el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.