Los afectados por las cuotas participativas de la CAM recurren ante la sala penal de la Audiencia Nacional la exculpación de Guindos por Lamela

MADRID.- La Plataforma de Afectados por las Cuotas Participativas de la CAM ha presentado hoy, a través de su abogado defensor, Diego de Ramón, recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra la decisión esta semana de la jueza Carmen Lamela de no reabrir el procedimiento, ya archivado en su día, pese a la documentación que le ha sido presentada como elementos de prueba y que presuntamente incrimina al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, por actuaciones probadas como máximo directivo de Lehman Brothers en España y en su calidad, desde allí, de diseñador y defensor ante responsables de la entidad del supuesto fraude de la CAM a miles de sus clientes. Y todo, sin que la jueza siquiera haya dado traslado de dicha documentación al Ministerio Fiscal.

"El Sr. Luis de Guindos asumira así la vicepresidencia del BCE con una causa penal abierta que le recordara el daño que hizo a 55.000 personas, en su gran mayoria abuelos, que perdieron todos sus ahorros. Esperamos que este señor no siga haciendo daño a los europeos y especialmente a los europeos del sur. Es vergozoso el grado de manipulacion de la Justicia que esta haciendo este Gobierno archivando la causa de 40 paginas a las que respondió con una sola hoja la jueza Lamela. Este Gobierno quiere convertir la Justicia en un burdel donde a los jueces incómodos los retiran de sus causas y a los fiscales fieles los premian con cargos de jueces de enlace", ha dicho tras la presentación del recurso, Carlos Pena, coordinador de la citada plataforma de afectados.

En su recurso de 25 folios, el letrado de la acusación particular, entre otras cosas, dice: No obstante los razonamientos del Juzgador, consideramos los mismos no acertados con el debido respeto y a los efectos de defensa, en cuanto el nuevo material aportado acredita precisamente la existencia de esa trama preconcebida y urdida desde la Dirección de la entidad para la venta masiva de Cuotas Participativas ocultando su verdadera naturaleza y condiciones.

Carmen Lamela fundamentaba su decisión de la siguiente manera para desestimar las pretensiones de los afectados: “.... Sin embargo, ninguna de las manifestaciones que se efectúan por las distintas personas que intervinieron en el citado evento desvirtúa los razonamientos que se expusieron en el auto de fechas 26 de septiembre de 2017, así como en anteriores autos dictados por este Instructora de fechas 10 de abril y 3 de mayo de 2017, a los que expresamente me remito en este punto.

En aquellas resoluciones se explicaba por qué, a la vista de lo declarado por empleados y suscriptores de cuotas, entendía que no puede afirmarse que existiera una trama urdida desde la Dirección de la CAM para provocar un engaño en sus clientes llevándolos a suscribir un producto de riesgo, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, a fin de asegurar que la emisión de cuotas fuera un éxito y una ganancia segura para la Entidad. Y desde luego ello no se deduce del nuevo material aportado por la acusación que es ejercida por D. Diego de Ramón y otros. ......” 

Argumenta el citado letrado en su escrito a la Sala de lo Penal que "En fecha 01/02/2018, esto es, cuando ya era firme el sobreseimiento provisional de la presente pieza de cuotas participativas, el diario El Mundo reveló el contenido del gran acto que se celebró en la Caja Mediterráneo (CAM) el 24/05/2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación por parte de la Directiva de la CAM a sus máximos responsables de toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían en Bolsa, evento al que la prensa no podía asistir habiendo puesto ahora el diario El Mundo a disposición del público los videos del evento y cuyo contenido es absolutamente revelador en el sentido de acreditar la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad. 

Se aportaron al Juzgador las publicaciones del diario El Mundo como documentos UNO y DOS (formato dos DVD), que posteriormente vamos a analizar y que justifican la reapertura de la causa al tratarse de un nuevo elemento probatorio que si bien se remonta al año 2008 ha aparecido con posterioridad a la firmeza de la Sentencia gracias a las revelaciones del periódico El Mundo y que, además, dan nueva dimensión a las pruebas ya practicadas en la fase de instrucción".

 Añade De Ramón en su escrito que "el objeto del evento no es otro y como resume el diario El Mundo en su artículo de prensa “dar moral a la tropa que tiene que colocar 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, unos 292 millones de euros, para que el proyecto no encalle” o dicho de otro modo y como igualmente indica el periódico “convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad.”., a tal objeto se desarrolla este evento y cuyo contenido revela la trama de la Dirección de la entidad para convencer a sus empleados que era lícito vender las cuotas a todo tipo de clientes por ser una oportunidad única, por lo que reforzó sus argumentos con el reclamo del hoy ministro de Economía D. Luis de Guindos, en aquella fecha Director General y Apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa y D. Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) que actuó de asesor financiero en la caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookkrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM".

"Entrando ya en la exposición de las grabaciones del evento y si bien vamos a reproducir gran parte de su contenido, hemos de incidir desde este primer momento que es un evento perfectamente organizado para la convicción de los asistentes al acto, con la finalidad de vender las cuotas participativas a toda costa con indiferencia del perfil del cliente y bajo una serie de incentivos para el personal de la entidad", prosigue De Ramón.

En el segundo video, 2ª parte filmación convención cuotas de 24 de mayo de 2008 (doc. 2), se muestra la intervención en el acto de los expertos financieros D. LUIS DE GUINDOS Y D. EMILIO ONTIVEROS que han de convencer a los empleados futuros vendedores de las Cuotas Participativas de la CAM, siendo precedidos de la intervención de la presentadora Marta Fernández Vázquez que manifiesta:

MIN. 1:21 “¿Por qué estamos convencidos de que se puede hacer todo esto, de que se puede ser pionero e ir hacia delante? Pues porque cuando se cuenta con un equipo, como el equipo que hay aquí, con unos empleados comprometidos, confiados con el éxito colectivo todo es más fácil. Cuando hay unos órganos directivos que saben gestionar todo ese talento, pues se pueden hacer cosas como las que estamos presentado hoy aquí.”

Posteriormente la presentadora, presenta a los expertos que intervienen en el acto como:

MIN. 2:27 “Uno de los dos mejores especialistas de nuestro país de Cuotas Participativas y que además son los directores de esta 1ª emisión de cuotas de Caja Mediterráneo. Don Luis De Guindos Presidente de Lehman Brothers España y Emilio Ontiveros Presidente de Analistas Financieros Internacionales.”

La exposición de los referidos expertos, Directores de la emisión de cuotas participativas, va dirigida en todo momento en la línea de convencer de la bondad de este producto, que finalmente se ha mostrado como el más tóxico de los productos financieros y que ha hecho perder a miles de inversores la totalidad de sus ahorros.

MIN. 4:07 (Habla De Guindos) “Las cuotas participativas no tienen derechos políticos pero en todo lo demás son exactamente lo mismo, es decir son el recurso en estos momentos más valorado por los mercados financieros....”

(Se dirige la presentadora a Emilio Ontiveros y le dice “al no tener derechos políticos se convierte en un rentista de riesgo”)

MIN. 4:35 (Contesta Emilio) “No, no, te conviertes en un partícipe en esos excedentes o resultados que tiene la caja, un rentista es aquel que cobra un cupón, que recorta un cupón, cada trimestre constante y lo que hemos visto aquí es que los rendimientos de esta empresa financiera que es Caja del Mediterráneo son crecientes. Yo diría que es el paso que les faltaba a las Cajas de Ahorros para hablarles de tú a la aristocracia bancaria, el paso que les faltaba a las Cajas de Ahorros para que los que somos clientes no sólo obtengamos la rentabilidad propia de un rentista sino la derivada de participar en una historia de éxito como es la Caja del Mediterráneo.”

MIN.6:02 (Continua Emilio) “El éxito que tienen las cuotas participativas es mirar muy de frente a los clientes, mirar también a los inversores institucionales, mirar desde luego a quienes trabajan en la propia entidad y empezar a rodar lo que es en definitiva la participación en esos buenos resultados en este caso de Caja del Mediterráneo. Sin correr el riesgo por así decirlo, que buenas decisiones de inversión se tomaron a la hora de invertir en participadas acaben diluidas excluyentes, sería un error creer que emitir cuotas participativas en antagónico a dar entrada en el capital por ejemplo de las participadas, pero yo creo que la alternativa socialmente más inteligente y al mismo tiempo más homologable a lo que son las entidades financieras más avanzadas del mundo era la emisión de cuotas participativas.”

MIN. 7:00 (Habla la presentadora) “¿Cómo comparas a la CAM con otras compañías en las que Lehman Brothers ha intervenido en la oferta pública de acciones?

MIN. 7:06 (Habla Luis De Guindos) “Yo creo que las cuotas participativas será algo que cuando le demos un poquito de tiempo, 4, 5 o 6 años esta emisión va a ser estudiada en las Escuelas de Negocio, las mejores Escuelas de Negocio del mundo. Es una operación, es la primera vez que una Caja de Ahorros en España, aquí en España las Cajas de Ahorros son importantes más del 50% del sistema Bancario Español, que es un sistema bancario muy desarrollado, muy eficiente de los mejores del mundo, emite cuotas participativas. Yo creo que eso es importantísimo para Caja de Ahorros del Mediterráneo, yo creo que eso es importantísimo para el conjunto de las Cajas de España, creo que también es importantísimo para el sistema Bancario de nuestro país y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española, por eso yo creo que a todos los que participamos y fundamentalmente los que participan que son los empleados de la Caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, historia económica que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las Escuelas de Negocio, será analizada en las Universidades, porque efectivamente por primera vez se va a dar a terceros la posibilidad de participar y de entrar en una historia que por el momento, desde el punto de
vista de lo que fue la historia de la constitución de las diferentes Cajas de Ahorros no tenían posibilidad de participar que es la historia de éxito de las Cajas de Ahorros y muy especialmente el éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.”

MIN. 8:58 (Habla la presentadora) “¿Cuánto crees que vale CAM Luis?” 

(Contesta Luis:) “El valor es una cuestión fundamental, anteriormente Roberto comentaba como la situación de los mercados esta complicada, desde hace 9 meses con la famosa crisis del SUBPRIME que se inició en EEUU y que se ha ido extendiendo. El valor de la Caja se va a determinar por una serie de parámetros fundamentales que ha sido pues todos los ratios de rentabilidad, de solvencia, de eficiencia y la proyección de estos ratios a futuro. Y yo creo que en los que se van a fijar fundamentalmente los inversores, si queréis mi opinión, es en dos cuestiones, en primer lugar el equipo de gestión es decir la gente que estamos aquí y ese equipo de gestión yo creo que ha demostrado lo que es capaz de hacer, no voy a dar más datos que los que ha dado anteriormente el Director General, que se conoce mucho mejor que yo, y en segundo lugar la historia de futuro, el plan de negocio a futuro y ese plan de negocio yo creo que evidentemente es lo que día a día la Caja va a ir haciendo a futuro y ese día a día de la Caja a futuro lo que denominan los mercados la historia empresarial, yo creo que va a ser el elemento fundamental. Entonces la valoración sin duda va a ser una valoración, yo creo, que atractiva para el inversor y también simultáneamente muy interesante para la propia Caja porque le va a proporcionar resultados y le va a proporcionar también unos recursos de primera calidad.” (Habla hasta el minuto 10:20)

MIN. 11:11 (De Guindos se dirige a todo el equipo de ventas de la Caja Mediterráneo y les dice:) “Tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores, por supuesto, de las Cajas de Ahorros, para consideraros líderes y para consideraros pioneros, por eso yo creo que en estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, como comentaba anteriormente Roberto, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va a poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo vuestros competidores.”

El señor Emilio Ontiveros a preguntas de la periodista sobre la situación de los mercados financieros internacionales comenta:

MIN. 15:51 “Siendo prudente en valorar lo que está ocurriendo en el entorno internacional, lo que no tendría ningún fundamento es alimentar dudas sobre la solvencia en general del sector, las Cajas de Ahorro, y mucho menos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tras los datos que hemos visto.”

MIN. 16:13 (La periodista dice que poniéndose en situación de que las cuotas ya están cotizando en Bolsa ¿la CAM cuidará su cotización, habrá algún mecanismo de control?) 

MIN. 16:22 (Contesta De Guindos) “Lógicamente las cuotas participativas desde el punto de vista de lo que es el mercado en sí mismo, en la Bolsa, va a ser igualmente que el de otra acción de una empresa del IBEX35 que en estos momentos consideremos o cualquier otra acción de una empresa que cotice en el mercado continuo. Desde el punto de vista del control, evidentemente tenemos algo que comentaba anteriormente Roberto, y es que en los mercados como él decía se va a abrir un agujerito adicional en lo que es el vestidor del interior de la Caja y evidentemente los inversores van a estar viendo lo que son la evolución de los diferentes ratios de la Caja, eso yo creo que esa actuación de valoración de la Caja evidentemente lo que hace es que de alguna forma, incentiva, con respecto a lo que son los competidores a que tengas cada vez más aciertos porque si no el mercado te va a valorar, los mercados en los que los inversores tanto particulares como instituciones internacionales, cualificados y no cualificados te van a ir valorando en el día a día. Y yo creo que eses control adicional es muy positivo desde el punto de vista de lo que es la eficiencia futura y los aciertos de la Caja en la historia próxima.”

MIN. 17:41 (Dice la presentadora), “mencionas el IBEX35, ¿formarán parte las cuotas del IBEX35?” 

(Contesta De Guindos) “Por supuesto”.

MIN. 17:52 (Pregunta la periodista) “¿Habrá restricciones para comprar o vender?”

(Contesta De Guindos) “Ninguna, exactamente las mismas, es una emisión que va a ser relativamente para lo que es una salida de Bolsa, lo que se denomina en la terminología de los financieros una “EPIOU” una oferta pública de acciones en este caso de cuotas participativas, relativamente aceptable de un tamaño con el que estamos considerando y va a tener liquidez suficiente y los particulares y las institucionales, teniendo en cuenta que la emisión va a estar muy diversificada con el límite del 5% que comentaba Emilio anteriormente, van a tener bastante liquidez y posibilidad de entrar y salir”.

MIN. 18:30 (Pregunta la periodista) “Como cliente de las cuotas participativas ¿qué atractivos fiscales tienen las cuotas participativas?”

MIN. 18:35 (Contesta De Guindos) “Tienen el mismo tratamiento de una acción, es decir que las ganancias de capital que se produzcan, es decir las plusvalías que se produzcan sujetas al 18% y después los dividendos que se repartan sujetos a tratamiento genérico de dividendos, límite exento de 1.500,00 €”.

MIN. 20:12 (Habla la periodista) “Veo que los dos (refiriéndose a De Guindos y Emilio Ontiveros) lo tenéis clarísimo que hay que participar en esta iniciativa si o si, yo no quiero despediros sin que me deis un mensaje breve que recoja vuestra opinión sobre esta iniciativa de la CAM.”

MIN. 20:24 (Habla Emilio) “Bueno mi mensaje breve yo creo que en estas cosas más que la retórica es dar la orden, ¿no?, yo voy a dar la orden inmediatamente, que se abra el periodo, yo tengo en mi empresa un par de cuentas abiertas en la CAM y en mi familia otras dos o tres y voy a ir al máximo que me dejen ¿no? Yo creo que una inversión de que un ROE del 15% o el 16% no la da nadie actualmente, el único problema es la limitación de ese 5%.”

MIN. 21:02 (Habla De Guindos) “Yo simplemente, por supuesto y también voy a ir y voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos que más seguro que van a ir, porque creo que es una oportunidad única, yo simplemente resaltar y subrayar lo que comentábamos anteriormente, esta es una operación que va a hacer historia, desde el punto de vista de lo que es la CAM, las Cajas de Ahorros en Genéricos y la Economía Española, yo creo que desde ese enfoque y estoy extremadamente orgulloso de haber participado con todos vosotros con el equipo directivo en lo que creo que va a ser como comentaba anteriormente una operación única en la historia del sistema bancario español.”

En conclusión, dice Diego de Ramón, esta nueva prueba acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan. 

Esas diligencias que solicita Diego de Ramón a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, segúna argumenta, son las siguientes:

A la vista de los nuevos elementos probatorios que obran en las grabaciones que se aportan y para el debido esclarecimiento de los hechos esta parte solictió de la Jueza instructora que tras la reapertura de la presente causa se tome declaración a las siguientes personas que intervinieron en el evento de fecha 24/05/2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación por parte de la Directiva de la CAM a sus máximos responsables de toda España de las cuotas participativas:

1.- D. Luis de Guindos y Jurado, presidente en aquella fecha de Lehman Brothers España (actualmente ministro de Economía), y que intervino en el evento de fecha 24/05/2008 como director de la emisión de las Cuotas Participativas de la CAM.

2.- D. Emilio Ontiveros Baeza, presidente en aquella fecha de Analistas Financieros Internacionales, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, que intervino igualmente como director de la emisión de las Cuotas Participativas de la CAM.

3.- D. José Pina Galiana, en su día miembro del Comité de Dirección de la CAM, identificado por D. Roberto López Abad como coordinador de la emisión de las Cuotas Participativas.

4.- La periodista Dña. Marta Fernández Vázquez (en aquel momento presentadora de Cuatro Televisión) y que actuó en el evento como presentadora realizando las preguntas claves que fueron contestando el resto de intervinientes.

La familia Franco pone a la venta el Pazo de Meirás en una inmobiliaria de lujo

SANTANDER.- La inmobiliaria de lujo Mikeli ha anunciado este viernes en su página web la puesta a la venta “en exclusiva” del Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco y ubicado en la localidad coruñesa de Sada, por ocho millones de euros. “El Pazo de Meirás está en venta“, publicita esta empresa inmobiliaria radicada en Cantabria en internet.

En el anuncio, que ya no es accesible en internet, figuran fotografías del exterior del inmueble y un vídeo de la propiedad incluido en el catálogo de la inmobiliaria, que considera “un gran hito profesional” contar en su catálogo con el pazo, que tiene categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2008.

Fuentes de la inmobiliaria consultadas han declinado hacer más comentarios sobre la puesta en venta del inmueble, sobre el que la Xunta tiene derecho de tanteo en el caso de que se produzca una hipotética oferta.

Tras conocerse la publicación de la oferta, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha urgido a la Xunta a iniciar “de manera inmediata” un expediente sancionador a la familia Franco por anunciar la venta del Pazo de Meirás sin transcurrir los dos meses preceptivos para poder ejercer el derecho de tanteo.

La formación política Sadamaioría, por su parte, ha defendido la presentación “inmediata” de una acción de nulidad por la vía judicial civil contra del título de propiedad de los Franco sobre el inmueble, así como la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la propiedad.

El Pazo de Meirás fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y sirvió de residencia de verano durante muchas décadas del dictador Francisco Franco, a quien el pueblo gallego donó el edificio y los terrenos que lo rodean en 1938 tras una cuestación popular.

Asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de La Coruña han exigido en la últimas década la devolución del inmueble a la sociedad por considerar que la familia Franco se hizo con la propiedad de forma ilegítima al tratarse de donaciones obligadas o recaudadas por coacción.

La declaración del pazo como Bien de Interés Cultural obliga a los familiares de Franco a abrirlo al público cuatro días al mes. La familia Franco se opuso a esta decisión de apertura, pero un proceso judicial que culminó en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo ratificó esa decisión del gobierno gallego.

Montoro garantiza la equiparación salarial de policías y guardias civiles en tres años

MADRID.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha garantizado este viernes la equiparación en los salarios de los policías nacionales y guardias civiles con la policía autonómica en tres años a partir de este ejercicio y ha afirmado que así constará en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Montoro ha puntualizado que el Gobierno homologará los salarios de todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las autonómicas para que no haya discriminación en las nóminas. 

“Está garantizada que la nómina de un policía nacional o de un guardia civil, dependiendo obviamente de las actividades que desarrolla, estará completamente igualada a la del mosso d’esquadra y para eso hará falta una aportación presupuestaria que habilitaremos en los Presupuestos Generales del Estado”, ha recalcado, pese a que no ha entrado en detallar cifras.

El ministro ha dicho que está seguro de que “llegarán a buen puerto” las negociaciones que está llevando a cabo el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, con los sindicatos y representantes de las fuerzas de seguridad. 

“En tres años la homologación será completa y estaremos con el objetivo conseguido”, ha dicho tras afirmar que habrá capacidad presupuestaria y que la equiparación comenzará en 2018 y terminará en 2020.

Libertad de expresión en España: descanse en paz / Bea Talegón *

Ya en la antigua Grecia existía una palabra, parrhesia para referirse al hecho de “expresarse con libertad”. Era fundamental para los atenienses: desde el ágora hasta los tribunales. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

En este sentido, también se redactó el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque admite que los Estados puedan someter a las empresas de radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. 

Nuestra Constitución ampara el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, estableciendo que:

1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
   b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
   c) A la libertad de cátedra.
   d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
   
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

La libertad de expresión tiene límites, puesto que expresar lo que uno piensa no puede vulnerar los derechos de los demás. Como señalaba Jonh Sturart Mill, se trata, en definitiva, de no dañar a otros. Y en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico establece los límites a la libertad de expresión en el honor, la intimidad y la propia imagen de los demás. 

Ayer hizo público su informe anual Amnistía Internacional, y en él evalúa la situación de los derechos humanos en 159 países durante el pasado 2017. En su análisis, denuncia los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y apunta que este derecho ha sido restringido de manera “desproporcionada”. 

Subrayan que las restricciones (tanto en materia de libertad de expresión como de reunión pacífica) se han producido especialmente debido a la situación política en Catalunya. Y considera, en este sentido, que el uso de la fuerza contra los manifestantes el 1 de octubre fue excesivo por parte de las fuerzas de seguridad. Añade que la prisión preventiva decretada contra los Jordis está siendo excesiva y desproporcionada. 

Respecto a la libertad de expresión en Internet, el informe de Amnistía Internacional es claro: “Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizaras letras de canciones y bromas bajo categorías vagas; siendo llamativa la cantidad de condenas durante los últimos años: durante el año 2011, cuando ETA aún mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo mientras que, desde 2011 hasta 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias”. 

Denuncian, además, que con la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha sancionado a profesionales como Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, con multas de 601 euros por traspasar una línea policial que no estaba señalizada, cuando estaba cubriendo la actualidad sobre el caso Pujol en la Audiencia Nacional. 

Este informe llega en una semana interesante en lo que a libertad de expresión se refiere. Justo un día después de que Ifema censurase una obra en Arco. El artista Santiago Sierra colgó el martes su obra Presos políticos en la España contemporánea, una pieza que consiste en un panel de 24 fotografías, entre las que se encuentran los rostros —pixelados— de los activistas sociales y políticos catalanes que están en prisión provisional desde hace más de cien días. 

La dirección de Ifema (lugar donde se celebra la feria de arte) —Clemente González Soler, presidente del Comité Ejecutivo— pidió a la galería Helga de Alvear que “dejase de exhibir” las fotografías para “evitar polémicas”. Y por si esto fuera poco sorprendente, la Feria de arte hizo caso a esta solicitud, y retiró la pieza. 

Ha sido tal el revuelo que se ha formado, tantas las críticas recibidas por tal decisión, que en la jornada de ayer, jueves, desde la dirección de Ifema se emitió un comunicado pidiendo disculpas. Han quedado en evidencia las formaciones políticas como el PSOE y el Partido Popular, puesto que si bien es cierto que en el último momento se han subido al carro de defender la libertad de expresión, en el primer momento voces como la de Margarita Robles (portavoz en el Congreso del Grupo Socialista) o el propio Partido Popular de la Comunidad de Madrid, celebraron la retirada de la obra. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha declinado acudir a la presentación de la feria como muestra de rechazo de aquella decisión. 

El ridículo ha sido tremendo, además de dejar en evidencia la efectiva censura que se practica en nuestro país, donde según parece, está prohibido decir lo que pensamos, y sobre todo, si decimos que consideramos que hay presos políticos que se encuentran en prisión por defender sus ideas de manera pacífica y democrática. 

Pero no piense el lector que ha sido la única aberración que hemos vivido. Se suceden uno detrás de otro casos como el de César Strawberry (condenado por escribir tuits que a la Fiscalía no le hicieron gracia), como los de Cassandra, los de Boro o el rap de Valtonyc. Estamos hablando de inhabilitaciones, multas y penas de prisión. Simple y llanamente por hacer uso de la libertad de expresión, que si bien puede en algunos casos traspasar los límites del decoro, de lo “moralmente aceptable”, en ningún supuesto debería suponer condenas de esta índole y, en ningún caso, plantear prisión para nadie. Pero en España, está pasando. 

De la censura que aplica Twitter España podremos hablar largo y tendido: pues se están dedicando a eliminar seguidores de cuentas de opinión republicana y sustituirlos por cuentas robotizadas —tras las que no hay personas realmente—. 

Twitter lo niega a través de El País (ese medio que tuvo que comparecer ante una comisión del Parlamento de Reino Unido por publicar información en la que acusaba a Rusia de interferir en la política española, y tuvo que reconocer que no tenía una sola prueba para haberlo publicado), también durante esta semana. Pero no atiende a las quejas recibidas por decenas de usuarios que estamos comprobando que nuestros mensajes son obstaculizados sin saber por qué. 

Hay, además, otras expresiones de censura: también ha sucedido esta misma semana, sí. Hemos estado entretenidos. Y es que una magistrada ha prohibido la impresión y comercialización del libro Fariña, la obra de Nacho Carretero en la que el periodista narra con todo tipo de detalles la historia del narcotráfico gallego. 

La juez Alejandra Pontana ha tomado esta decisión a petición del alcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, que fue quien demandó al autor y a su editorial por vulnerar “presuntamente” su derecho al honor. El secuestro del libro y la prohibición de la venta de ejemplares ha sido determinada como medida cautelar hasta que la sentencia sea dictada. 

Mientras tanto, el libro ha sido éxito de ventas on-line. Y ahora, más que nunca, todos conocemos lo que han dicho documentos judiciales sobre la relación del alcalde con los narcos. Seguro que a partir de hoy entiende mejor este señor de qué va el “efecto Streisand”. 

Entiendo los límites de la libertad de expresión, claro está. Lo que no tengo tan claro es que pueda apelar al honor alguien que, de manera evidente, no lo tiene. Y los jueces parecen no tener esto del todo claro. Desde mi propia experiencia observo como la censura se va implantando en la profesión del “periodismo”. Y no porque vengan “órdenes desde arriba”, que seguramente también; sino porque sucede algo mucho peor y más preocupante: “la autocensura previa” que se aplican de manera automática la mayoría de los “periodistas” de nuestro país. 

Y es que, como señala el analista Germán Gorráiz, “la deriva totalitaria del Estado español estará amparada por la espiral del silencio de los medios de comunicación de masas del establishment”. Recuerda así Gorráiz la teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman en su libro La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. 

 Dicha teoría simboliza “la fórmula de solapamiento cognitiva que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”. O sea: que aquí en España parece que todos están de acuerdo en lo que sucede actualmente, cuando, en realidad, esto es un gran teatro y una gran mentira. Basta con no llamarnos para realizar nuestro trabajo como analistas que no seguimos la “doctrina” del establishment. 

De esta manera se generan muchos efectos: el primero, dar a entender al espectador que la opinión es más o menos uniforme, y que si no está alineado con ella, el que tiene algo “raro” en su cabeza, es él; en segundo lugar, se nos penaliza a los que no seguimos la línea dominante, y se nos deja sin trabajar; y de manera preventiva, a todos los demás: si queréis trabajar, ya sabéis lo que tenéis que decir. 

Es así como el periodismo en España está en coma profundo: no se sabe bien si ha muerto asesinado o por suicidio. Pues si bien es cierto que los poderes fácticos ejercen su poder, también es cierta la cobardía de los periodistas para callar ante el silencio que nos aplican a muchos. 

A esos que callan les recuerdo a Martin Niemöller: “Primero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo no hablé porque no era filoterrorista. Después, vinieron por los separatistas y yo no hablé porque no era separatista. Después, vinieron por los indignados y antisistema y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los demás socialistas y ya para ese momento no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

(*) Política y abogada

https://www.elnacional.cat/es/opinion/beatriz-talegon-libertad-expresion-espana-descanse-paz_241845_102.html

Anna Gabriel, a 'France Presse': "España no garantiza derechos fundamentales"

BARCELONA.- La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha manifestado en una entrevista a la agencia France Presse, que España "no garantiza derechos fundamentales", y ha hecho un llamamiento para que el Estado español "no retroceda en democracia".

Según Gabriel, no es que ella haya huido de la Justicia, sino lo contrario. "Yo lo que quiero es Justicia", ha argumentado, dando a entender que en el Estado español no la tendría garantizada. "No puedo volver libremente a mi casa, también estoy triste, mi situación personal me preocupa, pero también la de Catalunya y la del conjunto del Estado español", ha indicado.

La exdiputada ha explicado que escogió exiliarse a Suiza, porque en este país "se ejerce de forma habitual el derecho de voto sobre muchas materias", y además Ginebra es una ciudad internacional donde se encuentran numerosas personas que trabajan "a favor de los derechos humanos".

Catedrático Pérez Royo: "Vivimos una regresión a una situación predemocrática"

BARCELONA.- El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo ha afirmado en TV3 que España vive "una regresión notabilísima a una situación predemocrática". Royo ha insistido en que ello afecta sobre todo a conceptos como la libertad de expresión, y ha recordado que se recurrió la ley mordaza ante el Tribunal Constitucional pero que este "no se pronuncia".

Royo se ha mostrado también muy crítico con la aplicación del artículo 155, porque ha agravado la situación a cada paso. "España se ha tenido que inventar como se aplica el 155. Es la primera vez que se aplica en Europa, y la disolución del Parlament no estaba contemplada en la Constitución", ha argumentado. Además, ha remarcado que se ha superpuesto a ello "un 155 judicial" que tampoco estaba previsto. "Se ha desnaturalizado la respuesta política. Y ahora nos encontramos con el candidato al exilio", ha indicado.

El catedrático ha negado que se pueda modificar el modelo educativo a partir de la aplicación del 155. En su opinión, como la Constitución y el Estatut siguen en vigor, "el modelo educativo catalán sólo lo puede definir el Parlament de Catalunya, y la competencia es exclusiva de las comunidades".

Posteriormente, Royo ha afirmado que las Constituciones que no se reforman "acaban saltando por el aire", durante una conferencia de la XIII Jornada Ernest Lluch, en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

'Libération' alerta de que el caso catalán va hacia la internacionalización

BARCELONA.- El diario francés Libération considera que con el exilio de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, la crisis catalana "se internacionaliza un poco más". "Después de Bélgica, España ve ahora como la crisis catalana se extiende a Suiza", ha añadido según recoge www.elnacional.cat.

El diario considera que los exiliados son todo un revés para el Gobierno español. "En el caso Anna Gabriel, lo que hace enfadar más a Madrid es que lo que quería evitar a toda costa está a punto de producirse: el hecho de que el desafío de los independentistas catalanes deje de ser una cuestión interna y se convierta en una cuestión internacional", apunta. 

Y recuerda que se suma al precedente del presidente en funciones, Carles Puigdemont, en Bélgica.

Según Libération, el exilio de Anna Gabriel "representa un nuevo episodio que ilustra las inciertas implicaciones judiciales del desafío independentista ante un poder central intransigente".

"Desde el inicio del proceso que nació el año 2012 para dar lugar al nacimiento de una República de Catalunya, la única respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy han sido los tribunales y los magistrados. Desde finales del 2017, una decena de líderes independentistas, políticos o de asociaciones (entre ellos Anna Gabriel) han sido acusados de haber violado la Constitución porque organizaron el referéndum prohibido del 1 de Octubre, que fue finalmente reprimido por la policía", apunta.

El PSOE anima la movilización de los pensionistas y pide una subida del 1,6%

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha animado hoy a los pensionistas a seguir recorriendo el "camino de las movilizaciones" y ha anunciado que su grupo registrará el próximo martes en el Congreso una iniciativa que garantiza una subida de las pensiones para este año del 1,6%.

Lastra, que ha reivindicado el trabajo que llevan desarrollando los socialistas desde enero para colocar las pensiones en el centro de un agenda política, se ha mostrado convencida de que las movilizaciones que se produjeron ayer con miles de pensionistas en las calles de distintas ciudades españolas "son la prueba de que el esfuerzo ha merecido la pena".

"Esperamos que lo de ayer solo sea el inicio de una gran movilización social en defensa del estado del bienestar puesto en riesgo por el PP", ha señalado la 'número dos' del PSOE.

Tras aseverar que "no hay derecho" a la subida del 0,25 % establecida por el Gobierno, Lastra ha recordado que con esa "congelación" de facto el ahorro estimado es de 1.600 millones de euros, justo lo que el PSOE calcula que se podría recaudar con el impuesto a la banca y a las transacciones financieras que defiende.

La proposición de ley que el grupo socialista llevará al Congreso el próximo martes garantiza la revalorización de las pensiones, aunque en principio lo que contempla es una subida del 1,6 %, según Lastra.

Ya en 2016, el PSOE presentó una proposición no de ley, firmada por más grupos y apoyada por sindicatos, para exigir al Gobierno un decreto de revalorización, pero el PP y Cs la "vetaron" en la Mesa.

"Vamos a volver a registrarla el próximo martes, a ver si esta vez conseguimos que no se vete, para que las pensiones puedan subir al menos tanto como el IPC", ha explicado la dirigente socialista, que ha recordado que, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en 2017, su grupo presentó enmiendas para la revalorización de las pensiones, que también fueron rechazadas por el PP, Cs y el PNV.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y varios miembros de la ejecutiva federal llevan más de un mes explicando por España, en más de 500 asambleas abiertas a los ciudadanos, su propuesta para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, a lo que se suman cientos de actos más de las federaciones territoriales.

Una propuesta basada en la dotación de más recursos para mantener y mejorar las prestaciones, sacando gastos del sistema, como las bonificaciones a empresas, y generando más ingresos por la vía de la subida de salarios mediante la derogación la reforma laboral.

Lastra ha contrapuesto el "modelo de la izquierda" con el de la derecha, "que promociona sin pudor los planes privados", que mantiene "bloqueado" el Pacto de Toledo y contra el cual -ha subrayado- se movilizaron ayer los pensionistas.

Cinco diputados del PSOE impiden con su ausencia el desbloqueo de la renta básica

MADRID.- Cinco diputados del PSOE ausentes en el Congreso de los Diputados han impedido este jueves el desbloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para instaurar una renta básica de 426 euros que beneficiaría a más de dos millones de personas sin recursos, a juicio de El Español. 

La iniciativa, que cuenta con 700.000 firmas y el apoyo de los sindicatos, está bloqueada en el Congreso desde que se admitió a trámite hace más de un año. El motivo es que el Partido Popular y Ciudadanos han acordado ampliar hasta en 21 ocasiones el plazo ordinario para formular enmiendas en la comisión de Empleo de la cámara baja. 

Por ese motivo, el PSOE presentó una iniciativa que quitase a la comisión los trabajos y con el objetivo de que fuesen asumidos directamente por el pleno, donde hay una mayoría absoluta a favor de tramitarla. 

Pero este jueves, a la hora de votar, el PSOE perdió incomprensiblemente la votación que había propiciado. Faltaban cinco de sus diputados y un sexto, José Enrique Serrano, considerado uno de los mejores conocedores de los engranajes del Estado, votó en contra. 

Los diputados socialistas ausentes fueron José Luis Ábalos, número tres del partido, que participa en una reunión interparlamentaria en Nueva York, Micaela Navarro y José Ignacio Sánchez Amor, también en una misión parlamentaria, y Pilar Lucio por motivos personales, según explicaron fuentes socialistas.

La diputada Isabel Rodríguez, de baja por maternidad, tampoco participó en la votación, pero en este caso porque el voto telemático no está disponible para asuntos que hayan sufrido modificaciones en el orden del día. Rodríguez sí ejerció su derecho sobre otros textos de este jueves, como una enmienda a la totalidad a la la ley contra la discriminación LGTBI, presentada por el PP. "Aunque quisiera, el sistema no me permitía votar", explica la diputada. 

Resultado: 170 votos en contra de que el pleno tramite de una vez la renta básica (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) y sólo 168 a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, Partido Demócrata, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias).

Todos los diputados de Unidos Podemos y ERC estaban en su sitio a la hora de la votación. Ninguno se equivocó. Del Grupo Mixto faltaron dos: Ignasi Candela (Compromís), que según su grupo está enfermo, y Jordi Xuclà (Partido Demócrata), por motivos desconocidos. El sentido del voto de cada diputado puede consultarse en este enlace.

Aunque Candela y Xuclà hubieran estado, la votación no habría prosperado. Según el reglamento de la cámara baja, cuando hay un empate se vuelve a votar tras un receso. Si persiste, la iniciativa no prospera.

En otras palabras: la explicación hay que buscarla en el PSOE. Si José Enrique Serrano no se hubiera equivocado, la votación habría resultado en un empate. Hubiera bastado con uno de los cinco ausentes socialistas para ganarla. 

Los demás ausentes fueron todos del PP: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, José Ignacio Echániz, Beatriz Escudero y Rosa María Romero.

A la salida del pleno y, mientras no se sabía muy bien qué había pasado, la portavoz del PSOE en el Congreso trató de endosar al PP y a Ciudadanos toda la responsabilidad.

"Queremos poner de relieve lo que ha ocurrido en el Congreso: nuevamente y una vez más, el PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo. Lo que han hecho es intentar evitar, y han evitado, que algo tan importante como la ILP propuesta por los sindicatos y por 700.000 ciudadanos pueda debatirse en pleno", dijo Margarita Robles. 

"De esta manera, sustraen a la totalidad del Parlamento el debate en una ley de tanta importancia como esta. Pese a las escenificaciones que cada día están haciendo PP y Cs, están trabajando conjuntamente para que todas aquellas propuestas de contenido social no salgan adelante o, si lo hacen, sea con todo tipo de trabas", según ella. 

La votación de este jueves no decidía si aprobar o no la renta básica sino sólo su tramitación en el pleno, pero los grupos a favor de esa iniciativa disponen, sin contar los ausentes y el error, de 176 diputados, la mayoría absoluta de la cámara. 

La ILP fue presentada en mayo de 2016 en el Congreso por los líderes de UGT y CCOO y recoge la idea de PSOE y Unidos Podemos de facilitar una prestación a los más desfavorecidos. La propuesta presentada tendría hasta 2,1 millones de potenciales beneficiarios, correspondientes con las familias que no tienen ningún ingreso o se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. La cuantía propuesta es de 426 euros al mes. 

A diferencia de otras muchas propuestas, el Gobierno no ejerció su facultad de vetarla por su impacto presupuestario, según algunas fuentes por dudas sobre si se podía impedir una iniciativa popular y, según otras, por una mera cuestión de imagen ante un respaldo popular tan contundente. 

En septiembre del año pasado, durante el debate de totalidad, el PP, Ciudadanos y el PNV trataron de tumbar la iniciativa, pero entonces fueron ellos los que perdieron la votación. En aquella ocasión, de los socialistas sólo se ausentó una diputada y la oposición tuvo 177 votos para mantener viva la renta básica que ahora podría volver al cajón.

Pedro Sánchez controla menos de la mitad del poder provincial del PSOE

MADRID.- Pedro Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE con un amplio apoyo de la militancia en mayo de 2017. Ese éxito no se ha vuelto a repetir en las siguientes convocatorias del partido. En los congresos autonómicos que se han organizado después de aquella fecha, los militantes han optado por dirigentes no alineados con Sánchez. Los afiliados parecen haber optado conscientemente por repartir el poder dentro del partido en lugar de concentrarlo en unas solas manos, según estima hoy El País.

Pedro Sánchez tiene a favor 16 provincias, fundamentalmente del norte de España y las islas. Las otras 26 representan mayoritariamente los lugares donde gobiernan los líderes regionales socialistas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia. En Asturias, el sector sanchista, liderado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha logrado imponerse al del actual presidente del Principado y exlíder de la gestora socialista, Javier Fernández. 

La presidenta balear, Francina Armengol, se mostró partidaria de Sánchez durante las primarias. Las únicas dos comunidades realmente divididas son Castilla y León y Galicia. Por otro lado, las tres provincias del País Vasco son un caso especial porque optaron en las primarias por el tercer candidato en disputa, el exlehendakari Patxi López, que hoy está integrado en la ejecutiva de Sánchez. En Cataluña el PSC tiene su propio reglamento y hace sus listas.

El poder provincial no es una ciencia exacta. El criterio para escoger la tendencia de cada provincia es doble: con quién se alinearon en las primarias y si desde la victoria de Pedro Sánchez optaron en su región por el candidato afín al secretario general. En la mayoría de casos, la opción es diáfana. Pero también hay provincias con una división aceptada.

Ha habido por ejemplo pactos donde se ha dejado el liderazgo a una tendencia a cambio de una secretaría de Organización de otra o hay ejecutivas provinciales con el poder repartido. Pero la aproximación que refleja el mapa adjunto es un retrato exacto del poder local en el PSOE, tras la información recogida de cada una de las federaciones.

Esta distinción entre afines y no afines no significa que el PSOE esté a la gresca cada día. Todos tienen hoy un objetivo común: conseguir en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 tantos gobiernos como sea posible. Un éxito municipal y regional sería una magnífica señal para las aspiraciones de Pedro Sánchez de llegar a La Moncloa. Pero ese espíritu de unidad puede resquebrajarse cuando se presente una cuestión fundamental: la elaboración de las listas.

Sánchez quiso mandar en la mayoría de federaciones con candidatos propios. Su éxito fue relativo. El nuevo reglamento aprobado el pasado sábado en el comité federal sería una alternativa a esa falta de poder. “Se han reservado un elemento de presión para obligarnos a negociar las listas con ellos”, dice un secretario de Organización autonómico.

El PSOE presume de que es el partido de la militancia. Es cierto que el voto de afiliados está más reglado y que es vinculante para pactos de gobierno. Pero las listas no se tocan. La última palabra sigue en manos de la dirección del partido a través de la comisión federal de listas, “igual que hace 140 años”, dicen fuentes de la dirección. 

Según el reglamento del partido, “cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exija”, la dirección socialista podrá “suspender la celebración de primarias (incluso si ya estuvieran convocadas) en determinados ámbitos territoriales y acordar la designación directa, sin procedimiento de primarias, de una persona”. 

También el resto de listas está en manos del secretario general: “La aprobación definitiva de las candidaturas del PSOE y de su composición será competencia exclusiva del comité federal", dicen las ordenanzas del partido.

Elecciones europeas

El reglamento es la plasmación de las conclusiones del 39º congreso del PSOE. En aquella cita se defendió una enmienda por la que la dirección del partido podía reemplazar a candidatos elegidos por la militancia. Pero también se decía que el cabeza de lista de las elecciones europeas iba a ser escogido por primarias. Aquella decisión se ha revocado. 

Según el reglamento del PSOE, en las europeas decidirá la dirección y no habrá primarias: “Teniendo en cuenta las propuestas de la militancia y afiliación directa en las asambleas locales y de distrito, la comisión ejecutiva federal propondrá un nombre para encabezar la lista europea, exponiendo las razones que justifican su decisión”.

Desde la dirección dan dos motivos particulares para que ahora el candidato a las europeas no sea por primarias. Primero, porque es “circunscripción única y habría gente que no lo conocería”. Segundo, porque la misión del grupo del PSOE en Estrasburgo es integrarse en un grupo mayor, el de los socialdemócratas. “No tienes autonomía y no puedes exponer un programa de principios, de pseudogobierno, de militancia o de oposición”, dicen fuentes de la dirección.

¿Significa esto que Ferraz rechazará decisiones de la militancia? Aunque puede hacerlo, es improbable. Tampoco todas las federaciones son iguales. Los presidentes autonómicos tienen más capacidad de definir sus preferencias, pero la hipotética amenaza de Ferraz puede servir para pactar nombres en algunos casos, sobre todo para las listas más sensibles: las generales de 2020.

En el último ciclo de elecciones generales en 2015 y 2016, la ejecutiva de Pedro Sánchez cambió a los cabezas de lista por Ourense, Laura Seara, y Palencia, Julio Villarrubias. En aquella ocasión, las agrupaciones locales ya se habían reunido para proponer candidatos. Gracias al nuevo reglamento, en las próximas generales la participación de afiliados estará más reglada. Una revocación de los deseos de los militantes de este calibre sería difícil de explicar.

El dilema de Castilla y León

El secretario autonómico de Castilla y León, Luis Tudanca, es afín a Pedro Sánchez. De las nueve provincias de su comunidad autonóma, hay seis no afines a Sánchez. ¿Cómo se elaborarán las listas en esas provincias? Si Tudanca no tiene rival en las primarias, será el candidato a presidente. Cada provincia escogerá entonces sus listas para procurador, tal como se llaman allí los diputados autonómicos. Es muy probable que varios de ellos sean críticos con Tudanca, lo que obviamente no le va a gustar. Antes de este reglamento, las listas se pactaban en despachos.

Ahora probablemente también sea así, pero las agrupaciones locales deben antes proponer nombres, según dice el nuevo reglamento. Si se hacen públicas esas preferencias, será más difícil llegar a acuerdos que no coincidan con el deseo de los militantes. Si es así, igual emerge un escándalo que ayudará poco a las opciones socialistas en una comunidad donde el presidente es del PP, Juan Vicente Herrera, y se retira.

Miles de jubilados de toda España claman contra la subida del 0,25% y sus ‘pensiones de miseria’

MADRID.- Ciudades de toda España han vivido este jueves movilizaciones sin precedentes. Miles de jubilados se han lanzado a la calle para proclamar su indignación por las “pensiones de miseria” que les condenan a subsistir a duras penas. 

La de Bilbao, con 35.000 manifestantes, ha sido la más multitudinaria. La de Madrid, con 3.000, ha tenido una dimensión especial porque los pensionistas han hecho lo que no logró ni siquiera el 15-M: cortar el acceso al Congreso de los Diputados. Se han lanzado contra las vallas y no han llegado a las manos con los policías desplegados a lo largo de la Carrera de San Jerónimo de milagro.

La concentración ha sido organizada por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones, después de dos años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. El índice de revalorización del 0,25% aprobado por el Gobierno del PP les impide compensar la subida de los precios. En 2016 el IPC o inflación cerró el año en un 1,6% y en 2017 ha quedado en el 1,2%. Claro que si se observa la evolución a lo largo de los doce meses, la inflación media durante el pasado año fue del 2%. Sin embargo, la ministra de Empleo y Seguridad Social lo niega. 

Fátima Báñez asegura que “en los últimos cuatro años, los pensionistas sólo han perdido una décima de poder adquisitivo”. “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más han estado protegidos durante la crisis”, ha dicho la ministra en Antena 3 citando un informe de la OCDE y se ha convertido en destinataria de las diatribas de los jubilados que se han manifestado este jueves.

“¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones y también la dependencia!”, han coreado recriminándole a la ministra la carta en la que se les comunicaba la subida del 0,25%, “una subida de mierda”, según denunciaban varias pancartas. De hecho, tras la lectura del manifiesto a los pies de uno de los leones de la escalinata del Congreso, los organizadores de la manifestación han llamado a los asistentes a romper y lanzar “al cielo de Madrid” la carta de la ministra Báñez.

A Rajoy le han retratado directamente con una foto junto a dictador Francisco Franco y este texto: “No sé de qué os sorprendéis. Ya os dije que iba a ser Franco con vosotros”. Del presidente fueron muy comentadas unas recientes declaraciones suyas en el Foro ABC en las que tras afirmar que “ahora que las cosas van bien es el momento de ser previsores”, recomendaba a los ciudadanos ahorrar en planes de pensiones y con vistas a la educación de los hijos sin incluir en su optimista ecuación la precariedad del empleo y los bajos salarios, que distan mucho de acompasar el supuesto crecimiento económico del que alardea el Gobierno.

Y a Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, le han pedido que deje de echarse la siesta y de jugar al Candy Crush. Lo cierto es que cuando lo ha hecho y se ha ocupado de las pensiones, ha sido para peor. Es lo que ocurrió hace un mes, en ‘Los Desayunos de TVE’, cuando dijo que “hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando”, y encima explicó que esto se debe a que “gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor”. Ella, además, se aventuró a afirmar que podría trabajar hasta los 80 años, proponiendo que la gente aumente su edad de jubilación.

Todas estas declaraciones no han contribuido a calmar los ánimos de los pensionistas sino toto lo contrario. Por eso, han avanzado al grito de “robo”, “ladrones”, “dimisión” y “Rajoy y Cospedal, a Soto del Real”, en alusión a los escándalos de corrupción que salpican al PP. Una delegación de las entidades organizadoras de la concentración, entre los que se encontraban los sindicatos CCOO y UGT, ha registrado en el Congreso un escrito en el que demandan “romper el bloqueo político de PP y Ciudadanos” para cambiar la actual legislación de pensiones. Eso supone cubrir el incremento de los precios y, además, que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social.

Los sindicatos mayoritarios han hecho llamamientos para apoyar las movilizaciones que está previsto que se celebren cada quince días. Las dos próximas serán el 1 y el 15 de marzo. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, ha avanzado que “si el Gobierno no retira la reforma de las pensiones de 2013 llegaremos a donde tengamos que llegar y probablemente si se dan las circunstancias a la máxima movilización”. El plan incluye “acciones de todo tipo en el Parlamento y de índole jurídica si procede” contra lo que considera una “malísima y dañina reforma de las pensiones”. “La indignación de los pensionistas está creciendo, ayer mismo el presidente decía que él se dedicaba a gobernar y que subir pensiones era solo un buen propósito cuando hay cinco millones pensionistas en el umbral de la pobreza”, ha denunciado.

En Madrid, a medida que los manifestantes se iban acercando al Congreso, han incorporado otras consignas como “a la hora de votar, nos tenemos que acordar” y “Mariano Corleone nos roba las pensiones”. Pero el grito más repetido ha sido el de “¡Ladrones, ladrones!” mientras los manifestantes bajaban por la calle con las manos en alto. Los jubilados han respondido a los intentos de la Policía por contener su avance coreando “Somos pensionistas, no terroristas”.

A la protesta se han unido algunos diputados para mostrar su apoyo a las demandas de los pensionistas, entre ellos Íñigo Errejón de Podemos, con quien los jubilados han coreado gritos de “Sí se puede”. 

“Cuando los pensionistas están reclamando pensiones dignas, no defienden sólo lo suyo, defienden las pensiones que van a quedar a nuestra generación”, ha dicho Errejón que ha defendido que para rescatar las pensiones de los abuelos hay que proteger los salarios y contratos de los nietos. También se han sumado a la protesta el diputado del PSOE Rafael Simancas y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, entre otros.

Simancas ha sido increpado por varios manifestantes. Y es que en varios momentos se ha coreado un lema clásico en las protestas ‘indignadas’: “!PSOE, PP, la misma mierda es!”, aunque con una nueva coletilla dedicada a Ciudadanos. Preguntada por la concentración, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha recordado a los periodistas que su grupo ha hecho “bandera” de la lucha por las pensiones esta legislatura, pero ha lamentado que la “entente” entre PP y Cs esté frenando cualquier avance.

Algunos diputados han expresado su sorpresa por el alcance de la marcha, recordando que ni en las manifestaciones del 15-M ni en las de la Marcha de la dignidad habían podido superar el control policial y alcanzar los aledaños del Congreso.

“Muchos tenemos que tomar nota. Nuestros abuelos nos están enseñando lo que hay que hacer”, ha dicho Errejón, criticando que “el problema fundamental de las pensiones no es que haya mucha gente mayor, es que las condiciones de trabajo de los que trabajamos hoy no ayudan a sostenerlas”.

Los pensionistas también han tomado las calles de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Palma de Gran Canaria. Especialmente numerosa ha sido la manifestación de Bilbao, donde fuentes municipales han hablado de 35.000 participantes. La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Pensiones públicas dignas. No al 0,25%’ y muchos pensionistas han acudido con las cartas que les ha remitido el Gobierno para comunicarles la subida con la intención de realizar un acto de devolución simbólica. En el comunicado que se ha leído en la plaza Moyúa, se han declarado “hartos de que nos tomen el pelo, de que nos suban la mísera cantidad del 0,25% desde hace unos años, y de que esta situación se repita hasta el año 2022”, lo que supondrá una pérdida “no inferior al 10%, más lo que nos han robado ya”.

En otras ciudades de Euskadi también se han producido movilizaciones.

En Barcelona, los manifestantes se han concentrado en Plaza Catalunya. El portavoz de Marea de Pensionistas, Prudenci Vidal, ha defendido que la subida aprobada para este año “no es solo una mierda, sino que es una ilegalidad” porque el Gobierno se había comprometido a incrementarlas según el IPC cuando la economía española registrara cifras positivas, como ha sostenido que se está produciendo desde hace tres años. Por su parte, el representante de Yayoflautas (o Iaioflautas, según la denominación en catalán), Juan García, ha recalcado que, mientras las pensiones suben el 0,25%, el precio de servicios básicos como la luz, el gas o el agua crecen en cantidades mayores, lo que implica que los pensionistas van perdiendo poder adquisitivo desde hace años: “Es una vergüenza absoluta”, ha subrayado.

Amnistía Internacional denuncia la restricción "desproporcionada" de la libertad de expresión en España

MADRID.- Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma "desproporcionada" en 2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.

"Este ha sido un mal año para la libertad de expresión", ha resumido Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del documento.

La restricción al derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección "adecuada" a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.

La ONG alerta de que en 2017  se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del referéndum: "En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum".

Además de las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el "uso excesivo de la fuerza" contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo", recuerda la ONG.

Asimismo, AI tacha de "excesiva y desproporcionada" la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas, acusados de sedición, un delito, a su juicio, "definido de forma muy general".

Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y 20 fueron declaradas culpables por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en las redes sociales en 2017, de acuerdo con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco. 

"Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas", ha criticado Beltrán. "En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias", apunta.

Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial "no señalizada" cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional. "Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos", sostiene Beltrán.

Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.

Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. "Desde la sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas", ha apuntado el director de AI.

"Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo", ha explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado "el trabajo colectivo" en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.

"El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de acatar la sentencia, salvo que le obliguen", asevera Elbal.

Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017 se siguieron cometiendo violaciones "flagrantes" de derechos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o "las restricciones a la libertad de movimiento" de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.

El informe recuerda otro de los "fracasos" de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017, llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.

A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el Gobierno, "el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España", ha insistido Beltrán. 

Un año más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda alternativa.

La escasez de viviendas sociales asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. "Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", recalcan.

Además, la entidad denuncia que "se siguieron sin adoptar medidas" para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones "sin apoyo del Estado" en las exhumaciones.

En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una "bebé robada" en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina.

El BCE afirma no tener «capacidad de investigación» sobre el blanqueo

FRÁNCFORT.- El supervisor bancario en la zona euro, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), recordó el jueves que "no tiene capacidad de investigación" en materia de blanqueo, nueve días después de las acusaciones estadounidenses contra un banco letón, bajo vigilancia.

"Las violaciones en materia de blanqueo de dinero pueden ser sintomáticas de deficiencias más profundas del funcionamiento en un banco, pero el BCE no dispone de capacidad de investigación para detectar estas deficiencias", declaró Danièle Nouy, presidenta del supervisor único (MUS), dentro del Banco Central Europeo, en un comunicado. 

"Es el trabajo de las autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero", agregó la dirigente francesa.

El comunicado de MUS no menciona las acusaciones recientes de blanqueo contra el tercer banco letón, el ABLV. Últimamente la prensa hizo hincapié en los límites del BCE en materia de supervisión de los grandes bancos, una función que le atañe desde finales de 2014.

Un informe señala que las tres universidades de la Región de Murcia (UMU, UPCT y UCAM) son las peores de España

MADRID.- Las universidades murcianas (UMU, UPCT y UCAM), analizadas en conjunto, tienen el peor nivel de España y estaban en el paro en 2016 el 10,8% de sus graduados superiores -cifra por debajo de la media nacional, del 11,7%-, cuya ganancia media anual cayó un 16% entre 2010 y 2014, el tercer mayor porcentaje del país por regiones.

El informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2017', publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Botín, establece un 'ranking' de comunidades españolas en función de sus universidades.

Andalucía y Canarias son las que tienen menos empleo para los graduados superiores, ya que la tasa de paro de sus universitarios supera el 17 por ciento, lo que supone que casi uno de cada cinco se encuentra en situación de desempleo.

En el lado opuesto están Navarra y Baleares, las comunidades con más tasa de empleo y menos tasa de paro para sus graduados superiores, en torno al 7 por ciento.

La clasificación contempla variables como la enseñanza y aprendizaje en estos centros, así como investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional.

En primer lugar se sitúa Cataluña, seguida de Navarra, en segundo lugar, y Madrid, en tercero. La lista continúa con País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Galicia y Cantabria, por este orden, hasta completar los diez primeros puestos.

Después están Castilla y León y Castilla-La Mancha, equiparadas entre los puestos 11 y 12, dependiendo del indicador; Canarias, La Rioja, Extremadura, Andalucía y, por último, Murcia.

El informe muestra que el sistema universitario español está muy concentrado en las autonomías de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, que en el curso 2015-2016 aglutinaban al 56,5 por ciento de los matriculados, tanto en estudios de grado, como máster oficial y doctorado.

En las universidades de estas comunidades se concentra además el 61 por ciento de los titulados o egresados y el 63 por ciento del profesorado total de las universidades españolas.

Por lo que respecta a la universidad y el mercado de trabajo, en los tres primeros años de recuperación económica, de 2014 a 2016, Baleares fue la comunidad que combinaba la mayor bajada porcentual de parados con graduación superior con el segundo mayor incremento de ocupados con dicha titulación, por detrás de Canarias.

Sin embargo, en 2014, Canarias y Extremadura eran las comunidades con mayor prima salarial por tener el máximo nivel educativo. Los licenciados, doctores y similares de estas dos autonomías tenían unas ganancias medias anuales más de un 70 por ciento superior al nivel promedio autonómico.

Por el contrario, con un porcentaje inferior al 45 por ciento, se hallaban Navarra y País Vasco, precisamente las comunidades que, junto a Madrid, tienen un mayor porcentaje de población de 16 y más años con un nivel superior de estudios, entre un 34 y un 38 por ciento.

En general, los licenciados universitarios, doctores y similar han padecido una devaluación salarial como consecuencia de la crisis, con un recorte del 10 por ciento en su nivel de ganancias.

Pero han sido los castellanoleoneses y los asturianos los que más han sufrido este recorte, con una bajada del 18 por ciento entre 2010 y 2014, casi el doble que la media estatal.

En lo que respecta a la financiación publica de las universidades, la mayor inversión se registra en Cantabria, Asturias y La Rioja, y en el lado opuesto se sitúan Baleares, Cataluña y Madrid.

En cuanto al coste a nivel privado, a través de las aportaciones de las familias para las matrículas universitarias, los primeros puestos corresponden a Comunidad Valenciana, Cantabria y Cataluña y los últimos a La Rioja, Baleares y País Vasco.

El Congreso apoya dejar de llamarse 'de los diputados' para evitar un lenguaje sexista

MADRID.- La Comisión de Igualdad del Congreso ha apoyado este jueves, a pesar del voto en contra de PP y Ciudadanos, una iniciativa de Compromís en la que se promueve un cambio de denominación del 'Congreso de los Diputados' por sólo 'Congreso', con el objetivo de lograr un lenguaje más inclusivo en la Cámara.

La propuesta fue debatida hace dos meses pero, precisamente PP y Ciudadanos, pararon su votación en el último momento al considerar que la comisión se estaba excediendo de sus competencias. Ambas formaciones trasladaron esta situación a la Mesa del Congreso que, finalmente ha dado luz verde a la votación.

La defensora de esta propuesta, la portavoz de Igualdad de la formación valenciana, Marta Sorlí, señaló durante el debate, que tuvo lugar en diciembre, que este cambio no sería una novedad, ya que es así cómo se conoce al Senado o a los ayuntamientos que "no son de los senadores ni de los concejales".

Sorlí también reconoció en su intervención que esta modificación supone una "economía lingüística, ya que el término Congreso "es más corto y más cómodo", mientras que la actual denominación es, en su opinión, "reiterativa y cargante".

La diputada llegó hace dos meses a un acuerdo con PSOE y Unidos Podemos para incluir en su texto varias propuestas, por la que se solicitaba la formación del personal funcionarial del Congreso, así como de los servicios de traducción y jurídicos. Además se puso plazo, todo 2018, para aplicar el uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en el trabajo parlamentario. Ambas medidas también han contado con mayoría de apoyo ahora.

En la misma situación se encontraba una iniciativa socialista por la que se instaba a la propia Cámara Baja a cumplir con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus órganos, y que ahora también ha sido votada y apoyada por la mayoría. En concreto, por todos los grupos a excepción de PP y Ciudadanos, que se han abstenido.

En la iniciativa, los socialistas proponen que la representación de un género en estos órganos de la Cámara no sean nunca superior al 60% y, por tanto, el otro quede relegado a una cifra inferior al 40%.

Las pinturas rupestres más antiguas son neandertales y están en España

MADRID.- Un nuevo análisis de tres cuevas en España revela la primera evidencia importante de que los neandertales, en lugar de los humanos modernos, crearon las pinturas rupestres más antiguas del mundo.

El estudio, dirigido por la Universidad de Southampton, en Reino Unido, y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, muestra que las pinturas en tres cuevas en España se crearon hace más de 64.000 años, 20.000 años antes de que los humanos modernos llegaran a Europa.
Esto significa que el arte rupestre del Paleolítico (Edad de Hielo) --incluyendo imágenes de animales, puntos y signos geométricos-- debe haber sido hecho por los neandertales, una especie 'hermana' del 'Homo sapiens', y los únicos habitantes humanos de Europa en ese momento. También indica que pensaron simbólicamente como los humanos modernos.
Publicado este jueves en la revista 'Science', el estudio revela cómo un equipo internacional de científicos utilizó una técnica de vanguardia llamada uranio-torio que data de hace más de 64.000 años para determinar la edad de las pinturas.
Hasta ahora, el arte rupestre se ha atribuido por completo a los humanos modernos, ya que los planteamientos de un posible origen neandertal se han visto obstaculizados por técnicas de datación imprecisas.
Sin embargo, la datación de uranio-torio proporciona resultados mucho más fiables que los métodos como la datación por radiocarbono, que puede dar estimaciones de edad falsas. El método del uranio-torio implica fechar pequeños depósitos de carbonato que se han acumulado en la parte superior de las pinturas rupestres, los cuales contienen rastros de los elementos radiactivos uranio y torio, que indican cuándo se formaron los depósitos y, por lo tanto, dan una edad mínima para lo que se encuentra debajo.El autor principal del trabajo, el doctor Chris Standish, arqueólogo de la Universidad de Southampton, explica que este descubrimiento es "increíblemente emocionante" y sugiere que los neandertales eran mucho más sofisticados de lo que se cree popularmente. "Nuestros resultados muestran que las pinturas que datamos son, con mucho, las más antiguas conocidas en el mundo, y fueron creadas al menos 20.000 años antes de que los humanos modernos llegaran a Europa desde África, por lo tanto, deben haber sido pintadas por neandertales".
Un equipo de investigadores del Reino Unido, Alemania, España y Francia analizó más de 60 muestras de carbonato de tres sitios de cuevas en España: La Pasiega (en Puente Viesgo, Cantabria), Maltravieso (en Cáceres) y Ardales (en Ardales, Málaga). Las tres cuevas contienen pinturas rojas (ocre) o negras de grupos de animales, puntos y signos geométricos, así como estarcidos, huellas de manos y grabados.
Según los científicos, la creación del arte debe haber involucrado un comportamiento tan sofisticado como la elección de un lugar, la planificación de la fuente de luz y la mezcla de pigmentos.
"Poco después del descubrimiento del primero de sus fósiles en el siglo XIX, los neandertales fueron retratados como brutales e incultos, incapaces de hacer arte y tener comportamiento simbólico, y algunos de estos puntos de vista persisten hoy --explica el codirector del estudio, Alistair Pike, profesor de Ciencias Arqueológicas en la Universidad de Southampton--.
El tema de cómo se comportaron los neandertales humanos es un tema muy debatido. Nuestros hallazgos contribuirán de manera significativa a ese debate".
El autor principal, Dirk Hoffmann, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, añade que la cultura material simbólica, una colección de logros culturales e intelectuales transmitidos de generación en generación, hasta ahora, solo se ha atribuido a la especie 'Homo sapiens'.
"El surgimiento de la cultura material simbólica representa un umbral fundamental en la evolución de la Humanidad. Es uno de los principales pilares de lo que nos hace humanos. Los artefactos cuyo valor funcional radica no tanto en su uso práctico sino más bien en su uso simbólico son representantes de los aspectos fundamentales de la cognición humana tal como la conocemos", indica.
Los primeros artefactos simbólicos, que datan de hace 70.000 años, se han encontrado en África, pero están asociados con los humanos modernos. También se han hallado otros artefactos, como arte rupestre, figuras esculpidas, herramientas de hueso decoradas y joyas en Europa, que datan de hace 40.000 años. Pero los investigadores han concluido que estos artefactos deben haber sido creados por humanos modernos que se estaban extendiendo por toda Europa después de su llegada de África.
Existe evidencia de que los neandertales en Europa usaron ornamentación corporal hace unos 40.000 a 45.000 años, pero muchos investigadores han sugerido que esto fue inspirado por los humanos modernos que en ese momento acababan de llegar a Europa.
"Los neandertales crearon símbolos significativos en lugares significativos. El arte no es un accidente aislado. Tenemos ejemplos en tres cuevas separadas por 700 kilómetros y evidencia de que fue una tradición longeva. Es muy posible que el arte rupestre similar en otras cuevas en Europa occidental también sea de origen neandertal", concluye el coautor del estudio Paul Pettitt, de la Universidad de Durham, Reino Unido.

Fundación IDIS alerta de una España a dos velocidades en asistencia sanitaria

MADRID.- La sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones que afectan a los españoles, según revelan los últimos datos del Barómetro del CIS del pasado mes de enero (ocupa la 6ª posición, con un 9.9%). España cuenta con un sistema sanitario de titularidad pública sólido y solvente, pero carente de la flexibilidad necesaria y de la capacidad de adaptación a la nueva realidad socio-demográfica a la que nos enfrentamos; esta situación está ocasionando una España de dos velocidades en lo concerniente a accesibilidad a los centros y servicios sanitarios.

La titularidad del centro no es una preocupación evidente para los ciudadanos, tal y como se ha podido comprobar en tantas ocasiones. Sin embargo, una atención pronta, ágil, eficaz y con los mejores resultados de salud posibles sí que es una prioridad, como lo demuestran las diferentes encuestas realizadas tanto en España como en la Unión Europea. 

Estas necesidades y derechos quedan contemplados en la propia Ley General de Sanidad y las normas que la acompañan, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la de Autonomía del Paciente. 

En este contexto las listas de espera de la sanidad de titularidad pública, tanto para diagnóstico como para consulta al especialista o para intervenciones quirúrgicas, constituyen uno de los principales problemas que sufre nuestra sociedad y suponen el mayor déficit de calidad de nuestro sistema.

A pesar de las medidas interpuestas por las diferentes comunidades autónomas para tratar de controlar las listas de espera, los resultados siguen siendo pobres y la brecha en los tiempos de espera entre el entorno sanitario público y el privado sigue creciendo tal y como reflejan los informes SISLE – SNS del Ministerio de Sanidad y RESA de la Fundación IDIS fundamentalmente.
La lista de espera quirúrgica estructural en la sanidad de titularidad pública, a fecha de junio de 2017 (últimos datos publicados) afecta a 604.103 pacientes (lejos de los 511.000 que estaban en esta situación a finales de 2014 y los 569.097 de junio de 2016) y cuenta con un tiempo medio de espera de 104 días (83 en 2016). Por el contrario, en la sanidad privada tiene un tiempo medio de espera 28,2 días.
En cuanto a la lista de espera de acceso a consulta de especialista, la cifra alcanza 1.863.270 pacientes con un tiempo medio de espera de 58 días. Por el contrario, en la sanidad privada, el promedio para la atención de las consultas es de 2 semanas.

Por especialidades médicas:

• Dermatología: 18,11 días de espera media en la sanidad privada frente a 56 días en la sanidad pública (266.840 pacientes en lista de espera).
• Oftalmología: 14,88 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (332.063 pacientes en lista de espera).
• Traumatología: 12,99 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (324.359 pacientes en lista de espera).
• Ginecología: 14,81 días de espera media en sanidad privada frente a 49 días en sanidad pública (100.558 pacientes en lista de espera).

La calidad de los centros, el alto grado de especialización y complejidad asumida, así como la innovación instaurada están generando un incremento en el número de asegurados en el sector de titularidad privada. 

Junto a estos aspectos que son clave, el incremento continuado en los tiempos de espera de la sanidad pública, tanto en el acceso a consultas con especialistas como a la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ha impulsado más aún si cabe dicho crecimiento continuado; actualmente el 21,3% de la población dispone de cobertura sanitaria privada. 

Desde enero a septiembre de 2017, el número de personas con un seguro privado ha aumentado un 6% (medio millón de asegurados más).
La sanidad privada cuenta ya con 8,2 millones de asegurados, a los que hay que sumar los cerca de 2 millones de funcionarios de la administración central que eligen el sistema de provisión privada; es decir, más de 10 millones de personas que en nuestro país están contribuyendo de manera significativa a la descarga financiera y asistencial del sistema público de salud.
En términos de descarga de presión financiera, se estima que el ahorro generado en 2016 por el seguro privado se situaría alrededor de los 4.470 millones de euros (si el ciudadano realiza un uso mixto de la sanidad, consumiendo recursos públicos y privados) y 8.847 millones de euros (si usa exclusivamente el sistema privado).
Este ahorro redunda en beneficio de los propios pacientes del sistema sanitario público y supone una mejora de la equidad, la cohesión, la incorporación de la innovación y el acceso al sistema sanitario, contribuyendo de esta forma a no aumentar unas listas de espera calificadas como inaceptables, unas listas que el sistema público no es capaz de absorber y que generan tanta incertidumbre e inquietud en la población.
Al igual que en otros países de la Unión Europea la sanidad de titularidad privada complementa al sistema público de salud y sin su contribución, en el más amplio sentido de la palabra, el acceso, la equidad, e incluso el propio catálogo de prestaciones y servicios se verían ampliamente comprometidos poniendo en serio riesgo la viabilidad de este.
En contraposición con lo que ocurre en otros países de la UE, en España la situación de plétora de las listas de espera en el sistema sanitario de titularidad pública es insostenible, como afirman analistas y expertos, y, lejos de resolverse, se acentúa año tras año una vez que las medidas adoptadas no están ofreciendo los resultados apetecidos.
En palabras de Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS, "la Constitución española y la Ley General de Sanidad garantizan no solo el derecho a la salud a todos los españoles, sino la posibilidad de que los diferentes operadores sanitarios de titularidad privada participen activamente y de forma sinérgica en su cuidado, protección, prevención y gestión".
En este sentido, Manuel Vilches afirma que "sanidad pública y privada no son dos entornos enfrentables entre sí, han de entenderse y cooperar por el bien de nuestra sociedad y de la supervivencia del propio sistema.
En este sentido la Fundación IDIS aboga por que ambos ámbitos asistenciales colaboren y trabajen de la mano con el objetivo común de prestar la atención sanitaria que nuestros ciudadanos se merecen, con los mejores medios y los mejores resultados, dando respuesta a las necesidades y prioridades del paciente. 

Las dos titularidades están obligadas a entenderse y trabajar conjuntamente por el bien del paciente, por la solvencia y viabilidad del sistema; en definitiva, por el futuro de nuestra sanidad en su conjunto".

La gripe se ha cobrado en España un 50% más de fallecidos que en 2017

MADRID.- La mortalidad de la gripe en España sigue creciendo y en la última semana se han notificado 93 nuevos fallecimientos de casos graves hospitalizados con el virus que elevan a 636 el número total de muertes, un 50 por ciento más que las registradas durante toda la temporada pasada. La actividad gripal, en cambio, continúa en descenso.

Así se desprende del último informe publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, relativo a la semana del 12 al 18 de febrero, que no obstante aclara que las nuevas defunciones no se han producido todas en este periodo, sino que se distribuyen entre las semanas previas.
El informe sigue registrando un "exceso de mortalidad" desde la última semana de diciembre, que se concentra fundamentalmente en los mayores de 64 años y ha coincidido tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal como con la ola de frío registrada en España en las últimas semanas.
De hecho, y pese a que todavía quedan unos meses para que concluya la temporada gripal 2017-2018, hace unas semanas el número de fallecimientos superó ya las 421 muertes registradas durante toda la temporada anterior, convirtiéndose en la epidemia más letal de los últimos años, por delante incluso de la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, que causó 472 muertes.
La mortalidad esta temporada es algo mayor en hombres (52% de los fallecidos), en el 70 por ciento de casos está asociada al virus B y el grupo más afectado eran los mayores de 64 años, ya que el 85 por ciento de los fallecidos tenían más de esa edad, con una mediana de 82 años.
Además, el 98 por ciento presentaban factores de riesgo, el 52 por ciento desarrolló una neumonía y de los 547 casos pertenecientes a grupos en los que la vacunación estaba recomendada, el 49 por ciento no lo había hecho.
Junto a los fallecimientos, en la última semana también ha crecido el número de hospitalizaciones de casos graves confirmados por gripe en el laboratorio, con 436 nuevos ingresos que elevan a 3.988 el número total de casos graves. Y de los que eran considerados grupo de riesgo, el 54 por ciento no estaban vacunados.Pese a estos incrementos, el informe de la última semana recoge un nuevo descenso de la tasa global de incidencia de gripe hasta los 128 casos por 100.000 habitantes, un 15 por ciento menos que la semana anterior.
De hecho, aunque la difusión de la enfermedad sigue siendo epidémica en la mayor parte de redes centinela, en Cantabria es local y en Asturias, Extremadura y Canarias es ya esporádica.
En la última semana la región más afectada es La Rioja, con 269,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de Ceuta (232,6), País Vasco (223,1), Melilla (211,6), Castilla y León (182,4), Cataluña (158,8) y Aragón (156,2).
Ya por debajo de la media nacional estarían Comunidad Valenciana (126,9), Castilla-La Mancha (126,2), Baleares (112,8), Madrid (97), Andalucía (94,8), Cantabria (85,3), Navarra (73,9), Canarias (67,6), Asturias (46,9) y Extremadura (45,2), mientras que de Galicia y Murcia no se especifican datos.
El informe muestra esta semana un descenso de las tasas de gripe en los grupos mayores de 5 años, siendo significativo en el de 5 - 14 años.

España obtiene su peor resultado histórico en Percepción de la Corrupción

MADRID.- España obtuvo en 2017 el peor resultado de su serie histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora Transparencia Internacional desde 2009, con una puntuación de 57 sobre 100 que le sitúa entre el 42 y el 45 puesto de un total de 180 países evaluados.

El presidente de Transparencia Internacional España (TI-España), Jesús Lizcano, ha presentado el Índice de 2017 en la sede madrileña de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón y, aunque ha admitido que España no está "muy mal" en posiciones globales, ha señalado que registra tanto su peor calificación desde que se mide la percepción de la corrupción como su peor puesto.
En 2016, España tenía una calificación de 58 sobre 100 y ocupaba el 41 lugar de la clasificación por países. Su mejor resultado --con un sistema de calificación diferente al del actual índice-- lo obtuvo en 2004 con 71 puntos sobre 100 que le auparon al 22 mejor resultado.
Según ha explicado Lizcano, el resultado de 2017 consolida el descenso de los últimos años y bate "un récord negativo". Así, ha destacado que España está entre el 18-20 puesto entre los países de la Unión Europea, que tienen una calificación media de 65, y entre el 27 y 28 de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
España empata en calificación en 2017 con países como Chipre, Dominica o República Checa y es, además, el Estado que más empeora respecto a 2016 junto a Hungría y Chipre. "Tendríamos que tener una media de 70", ha manifestado Lizcano, quien ha culpado de la percepción de la corrupción española a "quienes dirigen el país: por una parte el Gobierno y por otra los parlamentarios".
"Nos vienen ninguneando a los ciudadanos desde hace mucho tiempo", ha señalado el presidente de esta ONG, y ha recordado que los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados se comprometieron a alcanzar un pacto de Estado para combatir la corrupción.
Por su parte, el secretario general de TI-España, Jesús Sánchez Lambas, ha aseverado que la situación de la corrupción en España es "verdaderamente seria" y ha asegurado que su percepción "se dispara" mientras la lucha contra este fenómeno "se desploma".
Sánchez Lambas ha subrayado que España tiene "la mayor población reclusa de la Unión Europea" por delitos económicos con las penas "más duras" y, sin embargo, se encuentra "en la cola" de la percepción de la corrupción en los países de la Unión.
"Transparencia Internacional denuncia un hecho muy importante: la percepción de la corrupción se incrementa en los países donde la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad civil son perseguidas o no existen", ha sentenciado el secretario general de TI-España.
Ante esto, el también miembro del Comité Ejecutivo de TI-España Beltrán Gambier, abogado especializado en derecho a la información, ha denunciado el "ataque a la libertad de expresión" que, según él, ha cometido el director de Ifema, Eduardo López-Puertas, al ordenar la retirada de la feria Arco de la obra 'Presos políticos', en la que se incluían fotografías de los presos soberanistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
"Por primera vez en la historia de Arco viene el director de Ifema y pide quitar una obra", ha dicho Gambier, quien ha lamentado la "poca capacidad de respuesta" de la sociedad civil.
TI-España ha presentado una serie de medidas "urgentes" para prevenir la corrupción en España, entre las que destacan algunas encaminadas a "aumentar la independencia y la transparencia" de la Fiscalía General del Estado, tales como establecer un código ético, acabar con la "dependencia financiera" de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y terminar con "la lentitud de la Justicia".A nivel global, los países mejor clasificados son Nueva Zelanda (89 puntos) y Dinamarca (88), y empatadas en tercer lugar Finlandia, Noruega y Suiza (todas con 85).
Los Estados con mayor percepción de corrupción son Somalia (con una nota de 9 sobre 100), Sudán del Sur (12) y Siria (14). Hay un total de 124 países suspensos --lo que supone casi el 70 por ciento-- y 51 que están por debajo de los 30 puntos.
Por último, Lizcano ha anunciado la elaboración de dos nuevos índices: el de Transparencia de las Federaciones Deportivas y el de Transparencia de las Empresas Públicas; y Gambier ha invitado a participar en un taller que organizará TI-España el próximo 21 de marzo sobre el derecho a la información.