MADRID.- España prevé abandonar este año el
procedimiento de déficit excesivo (PDE) y así poner fin a una década de
control de Bruselas, si bien las cuentas públicas continuarán vigiladas y
sujetas a una serie de normas para evitar la vuelta al desequilibrio.
Este año será probablemente el último en que España se encuentre bajo
el procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea, en el que
está desde 2009, cuando su déficit público superó el 3 % del PIB, y que
implica un control estrecho de las cuentas públicas con el objetivo de
reconducirlas hacia la estabilidad.
España será así el último país en abandonar el
procedimiento después de la crisis, una vez que se confirmen los datos
de déficit de este año -que según el Gobierno será un 2,7 % del PIB- y
se logre el visto bueno de las instituciones europeas, probablemente en
los meses de junio o julio del próximo ejercicio.
A
partir de ese momento, España entrará en el brazo preventivo, en el que
operan una serie de reglas para garantizar que se sigue avanzando hacia
la estabilidad presupuestaria sin volver a caer en los desequilibrios
del pasado, sobre todo no rebasar de nuevo un déficit del 3 % del PIB.
En primer lugar, Bruselas vigila los objetivos presupuestarios a medio
plazo (MTOs, por sus siglas en inglés) o desequilibrio estructural -es
decir, una vez descontado el efecto del ciclo económico-, una meta que
España fija en cero.
Para asegurar el avance hacia
ese objetivo, la Comisión Europea establece el ajuste que tiene que
hacerse cada año, que se formula a mediados del año anterior.
En el caso de España, el ajuste estructural que tiene que realizar en
2019 -cuando ya habrá abandonado el PDE- es del 0,65 % del PIB, una
cifra más estricta que el 0,5 % que la Comisión establece de manera
genérica para todos los países.
En el plan
presupuestario remitido a Bruselas, el Gobierno ha comunicado que el
próximo año realizará un ajuste estructural del 0,4 % del PIB, un
esfuerzo que está por debajo del apuntado por la Comisión pero dentro de
los márgenes de desvío permitidos, que son del 0,5 % en un año o del
0,25 % en dos.
En segundo lugar, la Comisión
establece una regla de gasto o tasa máxima de crecimiento del gasto
computable, por la que el gasto público -sin tener en cuenta los
intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo ni las inversiones
cofinanciadas con fondos europeos- no puede aumentar por encima de una
determinada referencia.
El borrador de plan
presupuestario explica que el gasto nominal neto computable crecerá en
2019 en un 1,7 %, una cifra que está por debajo del crecimiento
potencial de la economía española a medio plazo, que es del 3 %.
Esta regla de gasto europea no coincide exactamente con la regla de
gasto española, que se aplica a cada administración en cada periodo,
sino que afecta al conjunto de las administraciones públicas y pretende
evitar que se aumente el gasto por encima del crecimiento de la economía
del país.
En cuanto a la deuda, existe una regla de
deuda europea para que esta converja al 60 % del PIB -la española se
encuentra en estos momentos por encima del 97 % del PIB- aunque España
disfrutará durante tres años de un régimen transitorio, en el que se le
exigirá reducir el ratio de endeudamiento aunque de forma más flexible.
En cualquier caso, la prioridad de la Comisión es garantizar que el
déficit no vuelve a superar el 3 % del PIB, lo que conduciría a España
de vuelta al procedimiento de déficit excesivo.
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