MADRID.- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (PP) y una decena de
condenados a más de dos años de cárcel por las tarjetas “black” de Caja
Madrid encaran su último fin de semana en libertad antes de comenzar a
cumplir con sus respectivas penas, un plazo que para la mayoría expira
el próximo 26 de octubre.
A pesar de que el exministro recurrirá ante el Tribunal
Constitucional su condena a cuatro años y medio de prisión antes de
finales de noviembre, el límite para que ingrese de forma voluntaria en
el centro penitenciario que elija se mantiene en el jueves 25, al
adelantarse a su citación y recoger la orden un día antes que el resto
de exconsejeros y exdirectivos de la entidad.
Una maniobra con la que Rato evitó el revuelo mediático, al igual que
el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, que
el pasado miércoles a las seis de la tarde ingresó en la prisión
madrileña de Soto del Real, donde ya ha pasado las revisiones médicas y
psicológicas pertinentes.
Allí cumplirá con los tres años y dos meses de condena impuestos por
la Audiencia Nacional y ratificados por el Tribunal Supremo como usuario
de una tarjeta con la que desembolsó 255.372 euros.
También interno, aunque en la cárcel de Navalcarnero, se encuentra el
exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas, miembro de la comisión de
control de la extinta caja y sobre quien pesan dos años y medio de
prisión por gastos personales que ascendieron a los 191.500 euros.
A pesar del inmediato encarcelamiento de ambos, que apenas han
esperado una semana desde que se les notificó el decreto de ejecución
para personarse en sus respectivos centros, el grueso de condenados aún
dispone de cinco días hábiles para seguir sus pasos.
En esta lista figuran Antonio Romero Lázaro (PSOE) y Jorge Gómez
(PSOE), sobre los que recaen tres años y dos meses de prisión; José
María de la Riva (PSOE), Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual
(UGT) -tres años de cárcel-, así como Francisco José Pérez (PSOE),
Miguel Ángel Abejón (UGT), Rubén Cruz (IU), Javier de Miguel (PP) y
Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) -dos años y medio-.
De los quince cargos con penas superiores a los dos años, sólo el
exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín -cuatro años- y el
exconsejero Francisco Baquero tres años y dos meses- tienen un día
hábil más de plazo, esto es, hasta el 29 de octubre.
En total, entre todos ellos desembolsaron en distintos tipos de
gastos -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de
dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros de los más de 12 millones
que, según ambos tribunales, se sustrajeron del caudal de Caja Madrid
y, más tarde, de la Bankia primigenia.
Un sistema “pervertido desde su origen” que fue mantenido por Rato,
sostienen los jueces, y que facultó a los titulares a utilizar las
tarjetas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían
empleado en gastos indemnizables, hecho que en aquella época estaba
“fuera de la ley”.
De este modo, proseguía el Supremo, actuaron como si fueran “dueños
del dinero”, invirtiendo los importes que creyeron oportunos en cuanto
ellos mismos decidieron.
No obstante, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación
para el cargo, señalaba directamente al ex director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) por usar a favor este método y por
extenderlo, durante su breve presidencia en Bankia, a sus más estrechos
colaboradores.
Rato tratará de revocar dicha versión en los próximos días ante el
Constitucional al sentir vulnerados sus derechos fundamentales en un
recurso que, de admitirse a trámite, podría suponer su excarcelación
hasta disponer de una resolución final al ser un castigo inferior a los
cinco años de prisión.
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