La Vicepresidenta Calvo (una lumbrera) agobiada por tanto acoso
mediático a la caza y captura de pecados o pecadillos, o apariencia de
ellos, de los miembros del gobierno, ha advertido que la “libertad de
expresión” tiene límites. ¡Vaya descubrimiento!, desde luego que les
tiene, en las leyes y en la jurisprudencia del Supremo, del
Constitucional y de tribunales supranacionales.
En el caso español, con
el artículo 20 de la Constitución como sillar central, hay legislación
suficiente y clara sobre los límites a las libertades de expresión y de
información tanto en el ámbito civil como en el penal; y además otras
leyes como la del derecho de rectificación que el gobierno ha utilizado
recientemente.
La tentación de una legislación adicional sobre “libelo” forma parte
de la historia de la libertad; pocos gobiernos se resisten a intentar
una ley restrictiva que les proteja cuando se ven asediados, a veces con
exceso e incluso con injusticia. Hay casos conocidos en Inglaterra
(Blair acabó su mandato bramando contra los medios, especialmente la
BBC), en los Estados Unidos… también en España.
Felipe González tuvo
preparada una norma que decayó antes de llegar a término; y parece que
la vicepresidenta rumia algo parecido. La propia ley actual de Seguridad
(apellidada como “mordaza”) tiene sesgos en ese sentido.
Que haya legislación no quiere decir necesariamente que sea eficaz,
los jueces aplican la ley y también la interpretan con consecuencias. Y
hay casos de aplicación muy benévola y todo lo contrario. El delito de
palabra es complicado de establecer, precisa intencionalidad e incluso
efectos, cuestiones todas ellas opinables y complicadas de apreciar.
Otra cosa es la vía civil y la estimación de daños (honor, intimidad…)
donde la aplicación discurre por la sanción económica o moral.
En esa
materia los jueces son prudentes, incluso pacatos, a la hora de poner
precio a la reputación, a la mentira o a la intimidad. Un buen criterio
sería sancionar con el lucro obtenido por el infractor (que en algunos
casos es mucho) que sería un factor disuasorio, además del escarmiento.
Por ese camino se podría avanzar para sanear nuestra convivencia
civilizada, que ahora anda bastante averiada.
Pero al margen de las consideraciones anteriores lo evidente estos
días es que se ha abierto una cacería de ministros sometidos a
investigación de su vida anterior con criterios más propios de
Torquemada. Si una persona sana es que no ha sido suficientemente
explorada, algo semejante sirve para el expediente de respetabilidad,
especialmente cuando con criterios de hoy se revisan actuaciones de años
antes.
Convertir en pieza de cargo conversaciones privadas,
probablemente descontextualizadas, incluso manipuladas, en argumento de
destitución, merece una reflexión previa, máxime cuando no se profundiza
en el origen, el procedimiento, el interés…
El caso del ministro
astronauta y la forma de gestionar sus viviendas también tiene su
música. Crear una sociedad patrimonial no es delito, ni siquiera
irregular. Es cierto que el ministro se ha explicado con dificultad, con
asombro y resistencia, pero el caso cursa con asombro, con preguntas
improcedentes hechas por manifiestos ignorantes.
Los políticos no ayudan con sus explicaciones; tampoco con sus
insinuaciones y acusaciones. Pero se están metiendo en un jardín de
acusaciones y denuncias que tendrá penosas consecuencias. Por ejemplo en
este clima Torquemada será difícil que un profesional con trayectoria
acepte servir al Estado en algún cargo con responsabilidad. El resultado
final va a ser un empobrecimiento moral y real de la función pública.
Las sociedades mercantiles no son malas en sí mismas, depende de su
uso. Las sociedades no sirven necesariamente para ocultar o evadir;
incluso todo lo contrario; son trasparentes, públicas y están sometidas a
controles. Las televisiones están dando voz a acusaciones con muy poco
fundamento, sobradas de ignorancia y con rotundo desprecio a la
presunción de inocencia y a la investigación diligente. Torquemada
revive, y la historia dice que de ese modelo no sale nada bueno.
(*) Periodista y politólogo
No hay comentarios:
Publicar un comentario