MADRID.- No habrá presencia militar en Cataluña seis meses después de la formación del nuevo 'Govern'. Así se recoge en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y JxCat en el que se dibuja la 'construcción de la nueva república catalana'.
Más de cuarenta folios de leyes, disposiciones, pretensiones y
ambiciones en las que se dibujan los 'criterios esenciales de la
legislatura'. Entre ellos, la desaparición de las Fuerzas Armadas de la
región. Se hará en seis meses, según vozpópuli.
No se habla en el texto explícitamente de 'expulsión',
sino de 'desmilitarizar Cataluña'. Nada de desfiles, ni de maniobras, ni
presencia de uniformes en actos públicos, ni en las calles, ni
asistencia a ferias, procesiones, actos religiosos, centros educativos,
locales deportivos y otras manifestaciones ciudadanas. También se
impulsará la recuperación de todo el patrimonio militar de tipo
inmobiliario. Es decir, expropiación y defenestración.
Primer
paso, en seis meses, reclusión en los cuarteles, sin apenas capacidad
para salir de ellos. Segundo paso, erradicación de las Fuerzas Armadas
del territorio, tal y como plantea exigentemente la CUP. Como
'precalentamiento', la Feria de Gerona ha expulsado a las Fuerzas
Armadas de su Salón de la Juventud durante los próximos tres años. La
misma medida que adoptó Ada Colau en la
Feria de Barcelona. La "desmilitarización" ya ha empezado. Ahora se
consagra en las líneas del acuerdo para la nueva Cataluña.
Restablecer la honorabilidad de los Mossos d'Esquadra,
institución cuya imagen resultó severamente damnificada por los
episodios del referéndum del 1-O y sus derivados hasta el intento de
golpe de Estado. Josep Lluís Trapero, anterior jefe operativo del
cuerpo, así como sus responsables políticos, están actualmente imputados
o en prisión. El documento para la investidura plantea la creación de
una 'policía integral', en la que se
incluirán los Mossos y los cuerpos de seguridad municipales, una
cuestión que se ha planteado en ocasiones precedentes.
La construcción de la república
Las dos fuerzas mayoritarias del secesionismo consagran también el 'espacio libre en el exilio', es decir, la mansión de Waterloo donde reside Carles Puigdemont,
como escenario desde el que se dirigirá la construcción de la
república. Allí se asentarán tanto el 'consejo de la República' como la
'asamblea de representantes' y la propia presidencia. Dos veces al año
peregrinarán hacia Bruselas los miembros de esa Asamblea para decidir
cuestiones sobre la gestión política de Cataluña. Es decir, para recibir
las órdenes del expresident.
Elaborar una nueva Constitución, en base a aportaciones emanadas de un 'gran pacto ciudadano', para someterla luego a una 'multiconsulta', son las bases fundamentales de esta nueva etapa, bautizada ya en medios del independentismo como 'el Procés 2'.
El documento incurre en excesos e ilegalidades de similar calado que
los que condujeron a los episodios del 27 de octubre. No se menciona la
palabra 'independencia' para evitar problemas con la Justicia. Pero se
recogen todo tipo de excesos.
La cuestión es lograr
el respaldo de la CUP. El independentismo necesita sus cuatro escaños
para proceder a la investidura de Sánchez. No parece que tal
circunstancia se concrete, bien por el rechazo de los antisistema o
porque el Supremo no permitirá al aspirante
que salga de la cárcel para su investidura. De momento, los partidos de
Puigdemont y de Junqueras han elaborado un papel para salir del paso.
Incluído un nuevo referéndum. Ahí empezó todo.
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