BARCELONA.- El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha afirmado hoy que la decisión del
juez Pablo Llarena de denegar el permiso a Jordi Sànchez para asistir al
pleno de su investidura es "un ataque a la libertad y seguridad
personal" del diputado del Parlament, en prisión preventiva por el
proceso independentista.
En una atención a los medios, Ribó ha calificado la situación como
uno de los hechos "más graves" que ha vivido durante su trayectoria
profesional, y ha alertado de que se están vulnerando "los derechos
activos y pasivos del candidato". Ribó ha declarado que "siento cierta
vergüenza al tener que recordar las bases legales, que son firmes, que
mantienen abierta la posibilidad de la candidatura de Sánchez", que
según él están recogidas en la Constitución, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y en el Estatut.
Ribó también ha afirmado que el Síndico luchará por que, de hecho,
sólo el presidente de PArlament, ahora Roger Torrent, puede organizar un
debate de investidura y el poder judicial no puede sustituir esta
función democrática. Para el Síndic, el auto "transgrede" los principios
recogidos en la jurisprudencia europea e incluye aportaciones de
tipo institucional y político que son "rechazables". "Sànchez conserva
plenamente la titularidad de los derechos de participación", ha añadido
Ribó, para quién "los órganos judiciales no pueden modificar la voluntad
popular" y esta decisión "afecta a los derechos de participación
política de toda la ciudadanía de Catalunya".
Por todo eso, el Síndico presentará un recurso a la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo o, caso que persista en desestimar la petición de
Sànchez, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Ribó también informará al Parlament y
entidades de todo el territorio de las iniciativas que está llevando a
cabo en relación con el tema, y ha invitado a la ciudadanía a "presentar
las quejas que consideren oportunas".
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