MADRID.- El
Ministerio de Hacienda ha firmado hoy un acuerdo a tres años con los
sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) que
incluye un alza salarial que puede llegar al 8,79 % en términos
acumulados, una mejora de las condiciones laborales y la vuelta a la
creación neta de empleo.
El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha calificado el acuerdo para
los empleados públicos de histórico porque se pacta, por primera vez, un
acuerdo salarial ligado a la evolución del producto interior bruto
(PIB) y del déficit público.
"Hay
crecimiento económico y es el momento de que revierta sus beneficios a
quienes están protagonizándolo, que son funcionarios públicos y
trabajadores en la mayoría de las empresas", ha dicho Montoro durante la
rúbrica del acuerdo, donde ha animado al sector privado a que "tome
buena nota" ahora que también negocia su acuerdo salarial marco.
La
parte fija del incremento salarial será del 1,75 % este año, del 2,25 %
en 2019 y del 2 % en 2020, lo que supone una subida nominal del 6 % que
está garantizada.
A
ello se suma la parte variable ligada al PIB, que será de un 0,25 %
adicional para 2019 y del 1 % para 2020 siempre que el crecimiento de la
economía sea igual o superior al 2,5 %.
En caso de que el crecimiento sea menor al 2,5 % el incremento salarial disminuirá proporcionalmente.
En 2020, se añade un 0,55 % adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público.
Asimismo,
dentro de la parte variable el acuerdo prevé fondos adicionales
equivalentes a 800 millones de euros para homologaciones retributivas o
aportaciones a planes de pensiones, que permitirán añadir subidas del
0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,3 % en 2020.
En
el ámbito del empleo, el acuerdo implica eliminar el límite a la tasa
de reposición para las administraciones que hayan cumplido déficit,
deuda y regla de gasto, y que podrán reponer el 100 % del personal en
todos los sectores.
Las
administraciones que no hayan cumplido alguna de las tres condiciones
tendrán una tasa de reposición del 100 % para los sectores prioritarios y
del 75 % para los no prioritarios (hasta ahora era del 50 %), más una
bolsa del 5 % adicional para los sectores que consideren necesario
reforzar.
En
todos los municipios habrá una tasa adicional del 5 % si entre 2013 a
2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de
servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas
circunstancias.
En
el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía
autonómica y policía local la tasa de reposición se eleva al 115 %.
Además,
se amplía el acuerdo de hace un año para la estabilización del empleo
temporal -inicialmente pensado para sanidad, educación y justicia por
tener las mayores tasas de interinidad- a los servicios de
administración, generales y de investigación, así como a otros servicios
públicos.
En
lo que implica a las condiciones laborales se recupera el cobro del 100
% del salario en caso de baja por incapacidad temporal y la capacidad
de negociar las 35 horas semanales en las administraciones que cumplan
déficit, deuda y regla de gasto, siempre que no afecte al objetivo de
temporalidad máxima del 8 %.
Además
se podrá negociar la acumulación de un 5 % de la jornada anual para
tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares, aunque esas
horas deberán recuperarse.
También se posibilita el establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo menores o discapacitados.
El
coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, se ha felicitado
por que el acuerdo devuelve a negociación a los empleados públicos y
abre la puerta a la recuperación salarial.
Para
el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT,
Julio Lacuerda, el acuerdo cumple con las expectativas, porque permite
mantener el poder adquisitivo y casi acaba con las restricciones a la
reposición de personal.
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