MADRID.- El inspector del Banco de España José Antonio Casaus cuestionó la
viabilidad de la entidad nacionalizada por sus “muy graves y crecientes
problemas de rentabilidad” en abril y mayo de 2011, es decir, antes de
su salida a Bolsa que se produjo en julio de ese mismo año.
Casaus
advirtió además sobre las consecuencias que tendría dicha salida a
Bolsa, un “quebranto para el contribuyente”, según sus previsiones. La
gran pregunta es ¿quién ocultó bajo la alfombra esas advertencias? Si el
Banco de España las conocía y no hizo nada por evitar el desastre que
tantos millones han costado a los ciudadanos, alguien tendrá que asumir
responsabilidades.
Las notificaciones de Casaus a su superior, el director general
adjunto de supervisión del Banco de España, Pedro Comín, se produjeron a
través de cuatro correos electrónicos fechados el 8 y 14 de abril y el
10 y 16 de mayo que, inexplicablemente, habían permanecido ocultos hasta
el momento. Ahora, han sido incorporados a la causa que instruye el
titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Fernando Andreu, a petición
de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la
acusación en la causa que instruye la Audiencia desde 2012.
La entidad, según Casaus, mostraba una débil capacidad de generar
recursos, y su viabilidad era cuestionable por los “graves y crecientes
problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia”, además de por un
gobierno interno “mejorable con unos gestores desalineados entre sí y
desacreditados ante el mercado, por su marcado perfil político”. En
concreto, menciona la “cuestionable honradez de los gestores, que en
2009 se llevaron un bonus suoerior al que les correspondía”, así como
“la falta de sintonía entre el presidente y el vicepresidente” y la
“debilísima y decreciente capacidad para generar resultados de forma
recurrente”.
Casaus era partidario de sacar a Bolsa el Grupo BFA-Bakia como una
sola entidad, por el riesgo de pérdidas para contribuyentes y
accionistas, por delante de la opción que se impuso que fue la del banco
doble, lo que en opinión del inspector era “el primer paso para la
nacionalización de las pérdidas, algo injusto”.
Separar a Bankia de su
matriz BFA se veía como una “bombona de oxígeno” pero, a juicio de
Casaus, la OPS (Oferta Pública de Suscripción) “solo es una bombona de
oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de
solvencia, pero que no logrará transformar la estructura de Bankia”.
“Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco
cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado
nacionalizando BFA supondrá un quebranto para los contribuyentes”,
añade.
El inspector plasma sus conclusiones en un informe de seis páginas en
el que enjuicia duramente al gobierno interino del Grupo BFA-Bankia
pero, además advierte de que la liquidez es la “principal amenaza” y que
la solvencia es “insuficiente con la nueva normativa” (Basilea III).
Casaus apunta que el “tratamiento para el enfermo” pasa por un cambio de
control que integrara a la entidad nacionalizada en un grupo “con
suficiente fortaleza financiera”, siempre haciendo hincapié en que la
solución tenía que ser “exógena” y “estructural”.
Es decir, la opción más recomendable era la toma de control por parte
de una banco, “preferiblemente extranjero, que pueda convencer al
mercado de que puede afrontar 120.000 milones de euros de financiación
mayorista”.
De ese modo, prosigue el informe, no perdería nadie, “ni el
contribuyente ni el accionista”, pero en caso contrario, de no ser
posible encontrar una entidad financiera que se hiciese con el grupo, la
recomendación era la salida a Bolsa pero como un banco único, y no con
la estructura de doble banco.
Estos correos vienen a corroborar lo expuesto por Casaus en su
declaración en calidad de testigo ante el magistrado Andreu el pasado 5
de septiembre en la que incidió que no era aconsejable la entrada de
Bankia en el mercado bursátil. Pese a ello, el debut de la misma se
produjo en julio de 2011 y un año después se inyectaron más de 17.000
millones en el grupo BFA-Bankia para evitar su quiebra.
Fue esa
declaración ante el juez que se produjo en septiembre lo que alertó a
las acusaciones que están personadas en la causa y lo que ha permitido
que los correos que el Banco de España había ocultado hasta ahora hayan
salido a la luz.
Casaus, que en su escrito remitido al magistrado el pasado 11 de
octubre aclara que se refiere en todo momento al Grupo BFA-Bankia,
vaticinó que al final el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) tendría que convertir su deuda en acciones del BFA y responder
frente a los tenedores de subordinadas y preferentistas.
El informe precisa además que la cuenta de resultados incluye 385
millones de euros de dotaciones por deterioro de activos financieros,
pese a que alega que hay fondos genéricos y fondos específicos sin
asignar por más de 3.000 millones de euros.
Por ello aconsejó la toma de
control del grupo, un menor coste de financiación y recorte de sueldos
de entre el 10 y el 15 por ciento, para hacer viable un grupo que no lo
era, según dijo, por su “menguante margen de intereses y elevado coste
de estructura”.
“Estoy siendo muy pesado con el tema pero creo que la
trascendencia del asunto es tal que merece la pena pasar por pesado”,
sentenció el inspector en uno de los correos que vienen a poner en
entredicho la versión de que la entidad era solvente en su debut
bursátil.
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