En pocas ocasiones como la presente, salvo en casos de guerra, se
habían producido actuaciones desde el exterior contra los intereses
integrales de España. Y en menos que en la de ahora con la actuación de
propios españoles y por medio de la tercera mano de una institución
internacional de tan relevante peso como el de Naciones Unidas.
Utilizar, tal como se ha hecho, a la propia ONU, para tramar en su seno
una mendaz acusación contra nuestras autoridades, instituciones;
nuestras leyes y el entero conjunto de nuestro Estado de Derecho desde
la conspiración separatista en Cataluña, es cosa de la que no había
precedentes como esto ocurrido ahora.
De ahí el vigor y la determinación de la protesta formulada por el
Estado español, en la que se incluye la recusación de dos miembros del
Grupo de Trabajo “onusino” que considera arbitraria la prisión
preventiva de líderes del “Procés”, al elevar al nivel de las quejas
tres notas verbales por las irregularidades que se observa en el
procedimiento – según Asuntos Exteriores – del Grupo de la ONU, por
filtrar a los letrados de los acusados antes de que lo conociera el
Gobierno español, destinatario del mensaje.
Pide el Gobierno de España, demanda de la atención internacional el
reconocimiento de que es el nuestro un Estado de Derecho, un régimen
democrático, de libertades, de vocación solidaria con los integrados en
la Unión Europea, y solidaria con las compartidas instituciones de ésta.
Pero necesario es también tomar cumplida cuenta de que resta por madurar una conciencia común, compartida, la de que los riesgos son tan
compartidos como los frutos de la solidaridad.
Queda un objetivo por
compartir: el de que lo que hoy afecta a un emblema de Estado Nacional,
en términos de integridad nacional, como ahora con España, puede otro
día ocurrirle al vecino de al lado.
(*) Periodista y abogado
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