MADRID.- El sector de la construcción y la
ingeniería alerta de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público,
que entró en vigor el viernes -9 de marzo-, acarreará una paralización
de la licitación de obras públicas en España como consecuencia del
retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los
pliegos de contratación a la normativa, publica El Economista.
La
preocupación mayor se focaliza en los atrasos que pueden acumular las
corporaciones locales y las diputaciones, que en algunos casos aún no
han comenzado siquiera a abordar esta cuestión, según denuncian fuentes
empresariales conocedoras de la situación.
La nueva Ley de Contratos ha sido
muy bien recibida en el ámbito empresarial, especialmente en el de las
empresas de ingeniería y servicios intelectuales, toda vez que elimina
la posibilidad de adjudicar mediante subasta. Ninguna administración ha
publicado aún sus pliegos, pero se espera que en este segmento la parte
técnica pese alrededor del 70%, mientras que la económica quedaría
limitada al 30%. Una buena noticia para el sector que, sin embargo, está
preocupado por la demora en la redacción de los pliegos, en un contexto
además en que todavía no se han aprobado los Presupuestos.
Desde Fidex, su director general,
Fernando Argüello, incide en que la expectativa es que "hasta el verano
o después no va a haber el ritmo normal de licitaciones". Juan Lema,
presidente de Tecniberia, insta en este sentido a las administraciones
que a que "adapten los pliegos de contratación con diligencia".
El
secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Pedro Fernández, hace hincapié en que "venimos de un periodo
reprimido en un sector que ha superado solo" la crisis y manifiesta su
"preocupación en el caso de que haya una parálisis" de los concursos de
obra pública.
Las empresas esperan que los
pliegos de las corporaciones de los ministerios de Fomento y
Agricultura, que en 2017 licitaron 3.387 millones de euros, estén listos
pronto. Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) llevan tiempo
trabajando en ellos. Más retraso acumulan muchas Comunidades Autónomas,
que sacaron concursos por 3.940 millones el año pasado. En este caso, no
obstante, la ley les da un plazo de seis meses para adaptar sus
pliegos, por lo que pueden licitar con los ya aprobados antes del 9 de
marzo.
Los mayores riesgos se centran en
los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a
5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a
elaborarlos y, además, en el sector se duda de la capacidad de muchas
de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica.
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