MADRID.- La Fiscalía y las asociaciones
feministas Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a Mujeres han pedido ante la Audiencia
Nacional que se anule el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS porque pretende ser una vía para legalizar la prostitución por cuenta ajena.
La
sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles
una vista para analizar si se anulan los estatutos y se expulsa del
registro al citado sindicato, como piden ambas entidades, y tanto las
asociaciones como el Ministerio Público han coincidido en sus
argumentos.
Ambas partes han solicitado la nulidad de los estatutos
y la baja del sindicato del registro porque, han asegurado, el objetivo
de su constitución es legalizar la prostitución por cuenta ajena y
establecer un marco legal para el proxenetismo.
"Se pretende utilizar esta vía para que se legalice la prostitución", ha aseverado el fiscal Benito Ejido.
"La
pretensión real del sindicato es crear un marco para los contratos de
trabajo de prostitución por cuenta ajena y un marco legal al
proxenetismo. (...) Aquí se trata de legalizar un sindicato para dar cobertura legal al proxenetismo, no para defender los derechos de las trabajadoras", ha advertido la abogada de las asociaciones Charo Carracedo.
Las
demandantes han subrayado que los estatutos del sindicato persiguen la
normalización del uso sexual de las personas y colisionan frontalmente
con el ordenamiento jurídico.
La
ley no permite "ofertar a una persona para su uso sexual", ha recalcado
Carracedo, y OTRAS tiene la "pretensión implícita" de "abrir la puerta
al proxenetismo organizado como patronal".
El fiscal ha recordado que el Código Penal sanciona el proxenetismo, prohíbe que alguien saque provecho y beneficio a través de la explotación de una persona, de la prostitución ajena.
Y
ha explicado que el Código Civil establece que la validez de un
contrato laboral requiere que su objeto y su causa no sean ilícitas,
algo que no ocurre en la prostitución por cuenta ajena.
Tanto
la Fiscalía como las demandantes han apuntado que la prostitución no
puede ser objeto de una relación laboral y, por tanto, no puede
constituirse un sindicato para que haya interacción entre trabajadores y
empresarios.
"No tiene cabida un contrato laboral de prostitución aunque medie el consentimiento", ha destacado la abogada de la Plataforma 8M, Sara Vicente.
De
establecerse ese contrato laboral, ha aclarado Carracedo, los
empresarios podrían determinar la selección de la clientela de las
prostitutas, la fijación del precio de los servicios sexuales, las
"modalidades de uso" del cuerpo de la mujer o "el número de invasiones"
que tendría que soportar para fijar su productividad.
"El
cuerpo no puede ser objeto de comercialización", ni fuente de
enriquecimiento de terceros, ha continuado, y menos que eso sea amparado
por el marco normativo.
El
fiscal ha expresado que cualquier actividad laboral que supusiera la
explotación de la mujer sería constitutiva de delito y que el
consentimiento de una relación laboral de prostitución supondría la
cesión del derecho de libertad sexual de manera anticipada.
Por su parte, la abogada de OTRAS, Mariola Felipe, ha defendido que el sindicato no es "exclusivamente de prostitutas", que el trabajo sexual es "mucho más amplio que la prostitución" y que su objetivo es defender los derechos de las mujeres.
"OTRAS
es un sindicato que defiende a las mujeres, en ningún caso a las
empresas ni a los explotadores", ha continuado, para añadir que su
ámbito de actividad tendría que ver con bares de alterne, industria
pornográfica, centros de masaje y espectáculos eróticos.
Asimismo, Felipe ha criticado que la impugnación del sindicato es un "movimiento ideológico", un juicio sobre la prostitución libre: un ejercicio no regulado pero tampoco ilegal, ha dicho.
"Entendemos
que no les guste que haya un sindicato así. A nosotros tampoco nos
gusta que haya uno como Manos Limpias", ha aseverado Felipe.
Antes
de comenzar la vista, el juez ha preguntado a la abogada de OTRAS si
quería excluir de los estatutos del sindicato el ejercicio de la
prostitución, algo que ha rechazado.
"¿Por
qué no se ha excluido expresamente la prostitución? Porque se pretende
utilizar esta vía para que se legalice", ha remarcado el fiscal.
Para
el día de hoy estaba prevista una segunda vista sobre este asunto que
ha sido suspendida a la espera de que el tribunal se pronuncie, ya que
el fondo del asunto es similar.
Se trata de la demanda de la organización L'Escola A.C.,
en este caso contra el Ministerio de Trabajo, al considerar que no
cumplió con su función al permitir el registro del sindicato OTRAS.
Esta vista se reactivará una vez la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre la nulidad o no del sindicato.
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