MADRID.- El sector industrial afronta un
otoño caliente en España tras los anuncios de cierre de plantas que se
han ido sucediendo durante las últimas semanas y que han puesto en jaque
a centenares de empleos.
El cierre de la planta del
fabricante de aerogeneradores danés Vestas en Villadangos del Páramo
(León) o el de las fábricas del productor americano de aluminio Alcoa en
La Coruña y Avilés, así como los despidos colectivos anunciados en el
astillero La Naval de Sestao o en el grupo cementero mexicano Cemex,
como parte de la reorganización de su negocio en España, han dado la voz
de alarma.
Los elevados costes fijos, el encarecimiento de la
factura eléctrica, los problemas estructurales, tanto productivos como
tecnológicos, o la falta de competitividad han sido algunos de los
factores que han esgrimido las empresas para justificar sus decisiones.
Ante la preocupación que han supuesto estos anuncios, las empresas han
pedido esta semana al Gobierno una política industrial a largo plazo,
que se base en los tres aspectos fundamentales que inciden directamente
en la productividad del sector: innovación, digitalización y formación.
De hecho, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha
pedido apoyo para favorecer el crecimiento de las empresas del sector
industrial con el objetivo de que éste sea más potente y tenga mayor
peso en el PIB y en el empleo. Y es que, el empleo generado por la
industria concentra el 12,5 % del total de ocupados en España.
Aunque el Ejecutivo ha desvinculado los cierres de las fábricas Alcoa,
que emplean a 686 trabajadores, al coste eléctrico, bien es cierto que
su encarecimiento ha sido una de las críticas constantes que ha vertido
la industria y a la que se ha unido esta semana la asociación nacional
de grandes empresas de distribución.
En este
contexto, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)
calcula que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista
estará este año un 14,1 % por encima del de 2017 y, de confirmarse,
sería el segundo más caro desde 1998.
Este
encarecimiento se traduce en una pérdida de competitividad industrial
que "amenaza" el futuro y hace necesario un cambio de modelo que iguale
las condiciones a nuestros principales competidores europeos, denuncia
AEGE, que agrupa a las principales empresas siderúrgicas, metalúrgicas y
químicas en España.
También se ha pronunciado al
respecto el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que cree que se debe
ajustar lo máximo posible el gasto eléctrico para que la industria
española no pierda competitividad.
Por poner un
ejemplo, la patronal cementera denuncia que el precio de la electricidad
para un consumidor industrial español es uno de los más elevados de
Europa y que la subasta de interrumpibilidad eléctrica y el alto precio
de los derechos de CO2 ponen en riesgo la producción de cemento en
España.
En esta línea se ha pronunciado la patronal
siderúrgica Unesid, que cree que en España hay un problema estructural
con la energía eléctrica y que con los actuales precios producir acero
aquí es un 30 % más caro que hacerlo en Francia o un 50 % más que en
Alemania.
Desde la asociación de fabricantes de papel
Aspapel también se suman a las críticas de la última subasta de
interrumpibilidad, un mecanismo que permite compensar a la industria
electrointensiva que esté dispuesta a ser desconectada en caso de que
sea necesario para mantener la seguridad del suministro.
Pese a todo ello, se ha conocido que Alcoa obtuvo 1.000 millones de
euros en las subastas de interrumpibilidad celebradas en España en la
última década, llevándose el 30 %.
Por este motivo,
la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la
puerta a repensar la convocatoria para no producir distorsiones.
A estas reclamaciones se ha sumado la patronal Anged, que engloba a
grupos de distribución como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, y que
señala que la alza de la factura eléctrica, cuyo coste podría
incrementarse más de un 10 %, tensiona los márgenes y absorbe ya la
mitad del beneficio.
En todo este contexto, las
partes implicadas buscan una solución a todos estos cierres anunciados
con el foco puesto en el mantenimiento de la capacidad productiva y el
empleo o en la búsqueda de otros inversores interesados.
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