MADRID.- Las pesquisas sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno
Rodrigo Rato marcan este nuevo curso judicial, en el que se espera una
acusación definitiva de Hacienda que acote el alcance de los delitos que
se le atribuyen y simplifique una causa que amenaza con estancarse.
Más de cuarenta meses después, la ONIF, Oficina
Antifraude dependiente del fisco, continúa sin remitir su último
informe, el decimocuarto, a la justicia madrileña, que el pasado abril
le requirió "con la máxima urgencia" que concretara las cuotas
supuestamente defraudadas.
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio
Serrano-Arnal, consideraba "pertinente" una nueva liquidación de los
presuntos delitos fiscales, que la ONIF estimó en un primer momento en
6,8 millones, a fin de acabar con tres años de investigación.
Una vez concluido este trabajo, la defensa de Rato solicitará previsiblemente un contraperitaje para tratar de desmontarlo.
Una estrategia que ya empleó en abril de 2016, cuando alegó haber
desembolsado casi 6,23 millones de euros entre 2009 a 2014 en concepto
de IRPF, y aseguró que el fisco conocía el origen de los 7 millones de
euros que movieron sus empresas.
Como en aquella
ocasión, se espera que el ex director gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI) confíe la prueba al inspector de Hacienda en
excedencia Carlos Neira.
Fuentes jurídicas muestran su preocupación por la creciente
complejidad de un caso con múltiples piezas separadas pero con nexos
entre sí.
Desatendiendo a la Fiscalía Anticorrupción,
el juez dio prueba de ello el pasado junio al no sentar "de momento" en
el banquillo a Rato por los 835.000 euros en supuestas comisiones que
habría recibido de las empresas adjudicatarias de la publicidad de
Bankia, dados los vínculos que unen estos hechos con los delitos de
fraude fiscal y blanqueo objetos de otras diligencias.
Esta última, que parte de un informe en el que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó a Westcastle y Red Rose
como sociedades canalizadoras de fondos de las dos principales
mercantiles del exbanquero, Vivaway y Kradonara, desde 2006, es la pieza
más activa de cuantas existen.
Sospechas que negaba
este mismo verano Rato al magistrado, al que un día después de su
declaración reiteraba la falta de indicios de blanqueo y reprochaba el
"uso diabólico" que la fiscal Elena Lorente daba a su capacidad de
proponer pruebas.
En el escrito, solicitaba que se
desatendieran los requerimientos de información sobre la empresa
familiar Aurosur, de la que el exministro "es accionista minoritario y
nunca administrador".
Versión que contrasta con la
del Ministerio Público, que duda de tres transferencias realizadas en
1999, 2000 y 2001 a la sociedad, dedicada al alquiler inmobiliario.
Aurosur ya aparecía en la denuncia de la Fiscalía de Madrid, que
advirtió de que Rato había donado a sus tres hijos en 2013 sus
participaciones en esa y otras cuatro mercantiles por 2,6 millones, que
después recompró mediante ampliaciones de capital usando Kradonara.
Blanqueo aparte, el expresidente de Bankia se enfrenta también a las
presuntas irregularidades en el cobro de trabajos profesionales a través
de sociedades, algo que -asegura- es habitual y que podría acarrear, al
máximo, un expediente administrativo, pero no acciones penales.
Aunque la de las comisiones es, sin duda, el gran desafío de Rato, al
que Anticorrupción propuso enjuiciar de forma inmediata por su trato de
favor a Zenith y Publicis, agencias que habrían ganado el concurso de
publicidad de Bankia previo pago de dos millones de euros al empresario
Alberto Portuondo, a quien habían contratado para identificar nuevos
negocios.
Considerado como uno de los testaferros del
exministro, en una entrevista reciente Portuondo, que aseguró que la
relación entre ambos fue "pequeñísima", admitió que aunque había sido
una práctica "poco ética que jamás volvería a hacer", no sólo no se
causó un "perjuicio" a Bankia, sino que la entidad se procuró un "ahorro
importante".
A expensas de Hacienda, este curso
supondrá un punto de inflexión para Rato, pendiente de que el Tribunal
Supremo se pronuncie sobre la condena de cuatro años y medio de cárcel
por las tarjetas "black" y del juicio por la salida a bolsa de Bankia,
que comenzará en noviembre y en el que la Fiscalía solicita para él
cinco años de prisión por estafa a los inversores.
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