MADRID.- Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a
los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a Pablo Llarena, según revela hoy Diario 16.
Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron
en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el
Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de
lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los
candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de
Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la
que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había
sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados
por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la
indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del
Presidente Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.
Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román. Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes,
quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas,
ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los
candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.
Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se
equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación
de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del
mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día
por la Comisión Permanente.
Por esa razón, una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes
para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París
para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación
francesa.
Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando
saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no
solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había
incluido a Fernando Román, sino que podía hacer
estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que
se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5
correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de
Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y
Cataluña.
Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.
La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar
en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y
solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la
que se incluyó a Fernando Román.
Pero además, para
evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los
muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la
composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de
Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y
Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo
que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas
duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún
informe, ni debatirlo.
De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que
colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los
días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento
de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
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