MADRID.- El Senado ha dado este jueves los primeros pasos para poner en marcha la
maquinaria parlamentaria, incluida la celebración de varios plenos, si
bien mantendrá su criterio de no someter a control al Gobierno en
funciones, al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al
respecto.
Frente a los problemas que en el Congreso generó la distribución de
escaños en el hemiciclo por discrepancias entre los grupos
parlamentarios, la Mesa del Senado ha llegado este jueves a un rápido acuerdo para redistribuir los puestos en el Salón de Plenos, que sigue en general las mismas pautas de la anterior legislatura.
Básicamente, los senadores del PP se sentarán al
lado derecho del hemiciclo, al izquierdo los socialistas, y los de
Unidos Podemos ocuparán una cuña central, entre ambos, en el centro del
arco.
Los nacionalistas del PNV se situarán a un costado de los de Podemos, en la cuarta y quinta fila, los de Esquerra Republicana al lado derecho del grupo socialista, repartidos entre las filas tercera, cuarta y quinta, y los del Grupo Mixto en las dos últimas filas, entre socialistas, republicanos catalanes, Podemos y PNV.
Más allá de la organización interna, la Cámara Alta trabaja ya con fechas para celebrar varios plenos,
el primero posiblemente será el próximo 13 de septiembre, según ha
avanzado el vicepresidente de la institución, Pedro Sanz, al término de
la reunión de la Mesa.
Será en las reuniones que Mesa y Portavoces celebren el próximo
martes cuando se cerrará la convocatoria de este primer pleno, al que
podrían seguir otros el 27 de septiembre y el 20 de octubre.
Además, el 13 podría ser el día señalado para constituir las
comisiones no legislativas de la Cámara, ha explicado también el senador
Sanz, quien ha remarcado: “No estamos parados y tenemos claro qué es lo que hay que hacer. La maquinaria está en marcha”.
En cuanto a la constitución de las comisiones legislativas ha
admitido que todavía “está en estudio”, puesto que su denominación y
funciones debería ser acorde con la composición de un Gobierno que
todavía no se ha formado, tras el fracaso ayer de la investidura de
Mariano Rajoy en la primera votación del Congreso.
El vicepresidente ha reiterado que el Senado no puede ejercer control al Gobierno
porque sigue en funciones, una cuestión sobre la que según ha recordado
el Constitucional tiene que pronunciarse después de que en la anterior
legislatura el Congreso acudiese a esta instancia por la negativa del
Ejecutivo de Rajoy a someterse a control parlamentario.
En similares términos, el portavoz del grupo popular, Manuel Barreiro,
se ha mostrado partidario de que la Cámara funcione “con absoluta
normalidad”, incluida la celebración de plenos, pero sin la función de
control porque “no es aplicable a un Gobierno en funciones”, a expensas
de lo que diga el Tribunal Constitucional.
Según ha señalado, en la reunión de la Junta de Portavoces no se ha
hablado de la constitución de la Diputación Permanente, aunque ha dado
por hecho que tendrá lugar en su momento, y no ha aclarado si la
senadora Rita Barberá formará parte o no de este órgano porque el grupo
aún no ha abordado quiénes serán sus representantes.
Ha rechazado “focalizar” la cuestión en este caso y ha recordado que
“de momento” Barberá no está investigada por ningún juzgado o tribunal,
algo que de cualquier modo “no prejuzga nada ni predetermina nada
respecto a su presencia o no en la Diputación Permanente”.
Tras la Junta han comparecido también el portavoz del PNV Jokin
Bildarratz, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Maribel Mora,
partidarios en su caso de que el Senado trabaje a pleno rendimiento y
con todas sus funciones, con comisiones legislativas y no legislativas.
Bildarratz ha lamentado que el Gobierno siga negándose a ser
controlado por el Parlamento, algo que ocurre desde octubre del año
pasado, y pese a que el Ejecutivo sí que sigue tomando “decisiones”.
Maribel Mora ha advertido por su parte que las comisiones deben
constituirse y llevar a cabo su “actividad normal de trabajo” y ha
alertado contra la situación de muchas iniciativas parlamentarias que se
encuentran en un “limbo” al no debatirse.
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