Carlos Lesmes, envuelto en medio de la polémica en el tramo final de su mandato

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ve acercarse el final de su mandato envuelto en un aluvión de críticas mientras el PP y el PSOE negocian la renovación del órgano de gobierno de los jueces, intentando alejarse de la polémica.

Aunque puede ampliarse de nuevo, el lunes concluye en el Congreso el plazo para presentar candidatos para renovar el CGPJ y desde hace semanas negocian las listas la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, Rafael Catalá.

Formalmente serán los nuevos veinte vocales del CGPJ los que elijan a su presidente, pero el nombre de esta figura no es ajeno al pacto parlamentario y es ahora uno de los puntos en los que todavía no hay acuerdo entre populares y socialistas.

Fuentes populares apuntaron ayer que su candidato preferido era Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la sala que debe juzgar próximamente el proceso soberanista de Cataluña, pero el responsable del área de Justicia del PP, Rafael Catalá, ha señalado hoy que no es "su candidato", aunque tampoco se descarte ese nombre para el cargo.

Los socialistas apuestan por una mujer para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo y Catalá asegura que su objetivo es encontrar un candidato de consenso.

Lesmes llegó al cargo en 2013 tras una larga carrera como fiscal y juez y también con experiencia en el poder ejecutivo, ya que entre 1996 y 2004, con José María Aznar en La Moncloa, ocupó diversos cargos en el Ministerio de Justicia.

La polémica por la gestión en el Supremo del caso del impuesto de las hipotecas ha sido la última de las controversias que han rodeado su mandato, caracterizado, según sus críticos, por una dirección "presidencialista" y "personalista" del órgano de gobierno de los jueces.

El marco legal para hacerlo se lo dio en parte la reforma del CGPJ impulsada por Alberto Ruiz Gallardón en 2013 y que, con apoyo incluso del PP, está siendo desmontada en estos momentos en el Parlamento.

Frente a las críticas, fuentes del Consejo destacan el elevado nivel de consenso interno con el que se ha trabajado en estos cinco años y, como ejemplo, recuerdan que de los 225 nombramientos realizados, 207 (el 92 %) fueron respaldados por unanimidad o mayoría cualificada de más de tres quintos -lo que implica sumar apoyos de distintas sensibilidades), y sólo 18 fueron aprobados por mayoría simple.

Uno de ellos fue precisamente el del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, el magistrado que hace tres semanas desató la crisis en el alto tribunal al decidir revisar en pleno la sentencia que atribuyó a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

Díez-Picazo sustituyó en 2015 al entonces titular del cargo, José Manuel Sieira, sin que hubiera precedentes de que se cambiara a un presidente tras un mandato.

Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente acusaron a Lesmes de querer "inmiscuirse en las decisiones de los tribunales a través de la política de nombramientos" y vocales críticos con el presidente del CGPJ denunciaron sus presiones para colocar a una persona afín en la sala que examina los recursos contra los decretos del Gobierno.

Ha sido esa persona afín quien ha acabado por amargar el final del mandado de Lesmes, quien pidió públicamente perdón por la "deficiente gestión" de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas.

El próximo 4 de diciembre concluye su mandato y el de los veinte vocales del Consejo que fueron nombrados hace cinco años: diez a propuesta del PP, siete del PSOE y uno cada uno CiU, PNV e IU.

En esta ocasión las riendas de la negociación las han tomado Delgado y Catalá y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado esta semana, en medio de la polémica del Supremo, por cumplir los plazos.

A pesar de sus discrepancias en aspectos claves de la política de Justicia, PP y PSOE defienden el sistema vigente para elegir a los vocales del CGPJ: diez por el Congreso y diez por el Senado y de ellos, doce entre jueces y magistrados y ocho entre "juristas de reconocida competencia".

Frente a Ciudadanos y las asociaciones profesionales, que reclaman que los propios jueces elijan a los doce vocales de extracción judicial, la mayoría de los grupos defienden que esa competencia se mantenga en manos del legislativo, donde reside la soberanía popular.

Pero, con independencia de que finalmente puedan sumarse otros grupos, PP y PSOE tienen escaños suficientes para alcanzar los tres quintos de la Cámara necesarios para renovar el Consejo y, con ello, la Presidencia del Supremo.