MADRID.- La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, reprocha a la Fiscalía
del Tribunal Supremo que a raíz de su informe, contrario a investigar a
Pablo Casado, sea cada vez más difícil abrir una instrucción ante la
exigencia de que haya "indicios incontestables de la existencia de
responsabilidad penal".
En el auto en el que archiva gran parte del caso Máster, la titular
del juzgado de instrucción número 51 de Madrid dedica un apartado entero
a examinar las consecuencias del informe del teniente fiscal del
Supremo, Luis Navajas, a la hora de abrir una investigación.
Navajas aludía en su informe a la falta de “indicios incontestables”
que llevasen a concluir que el líder del PP, Pablo Casado, podría haber
incurrido en un delito de prevaricación a la hora de obtener su máster
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Y destacaba que la apertura de un procedimiento penal “requiere un sustrato necesario, sólido fácticamente”.
Pues bien, la jueza cree que “con esta doctrina del informe” del
fiscal, se está “elevando notablemente el estándar de indicios” para
abrir una investigación.
Sobre todo cuando, a juicio de Rodríguez-Medel, “la exigencia de
indicio incontestable de responsabilidad penal parece más propio de una
sentencia condenatoria” y no de “la mera apertura de una investigación”.
Al respecto, la jueza reprocha que “aplicar este nuevo parámetro
conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo
ordinaria que pesa sobre los juzgados de instrucción”.
“Resulta imprescindible puntualizar que, al modesto entender de esta
instructora, se está elevando notablemente las exigencias habituales de
la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier
persona a declarar como investigado”, añade la magistrada.
Estos “indicios consistentes”, prosigue el auto de Rodríguez-Medel,
“no suelen aparecer en el momento de abrir una investigación” salvo en
casos puntuales, sino que es a lo largo de la misma donde se van
obteniendo”.
Es más, para la jueza, “difícilmente un indicio puede calificarse de
incontestable” porque en la fase de instrucción el investigado puede
“contestar a los indicios que se aprecien frente a él” mediante su
declaración judicial, algo que, tal y como recuerda varias veces la
magistrada, no ha ocurrido en el caso de Casado, a quien el Supremo
rechazó investigar.
Aún así, Rodríguez-Medel acata “como no puede ser de otro modo, que
se eleve el estándar de indicios para investigar” y sirviéndose de los
argumentos de la Fiscalía y del alto tribunal, archiva gran parte del
caso, a excepción del delito de falsedad documental que imputa a la
expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a quien seguirá investigando.
Junto a ella, continúan investigados por el mismo delito el
exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez
Conde, dos profesoras de Cifuentes y la exasesora de la Comunidad de
Madrid María Teresa Feito.
En su auto, la jueza recuerda que la causa ya está en una fase
procesal “más avanzada”, próxima al auto de procedimiento abreviado
(equivalente al procesamiento).
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