MADRID.- La Comisión del Pacto de Toledo ha cerrado este miércoles un acuerdo mayoritario para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC "real"
y sin supeditar esta subida a ningún otro parámetro, siguiendo así la
recomendación aprobada en 2011, han confirmado hoy fuentes
parlamentarias.
Los portavoces
parlamentarios de la comisión han cerrado este miércoles por fin un
acuerdo en torno a la recomendación segunda para que la actualización de la pensión vuelva a vincularse a la inflación como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.
Tras
casi dos años de negociaciones, los partidos políticos han consensuado
que la recomendación recuerde, tal como contempla la de 2011, que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada
no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la
oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo.
Además, dejan claro que "la comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social",
en referencia al indicador aprobado por el Gobierno del PP que subía
las pensiones el 0,25 % anualmente mientras la Seguridad Social
estuviera en déficit.
"La
comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la
ciudadanía, recuperar el consenso de la Recomendación del Mantenimiento
del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en el año 2011
en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo", puntualiza la
recomendación.
Asimismo considera que el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno del Pacto de Toledo.
La
comisión afirma que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se
financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos
correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a
otros recursos financieros.
Señala que el Pacto de Toledo, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas,
su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas
encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de
pensiones en el futuro.
Esta
recomendación formará parte del conjunto de medidas que el Pacto de
Toledo redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del
Sistema de la Seguridad Social y que deberán ser debatidas y votadas
posteriormente en el Pleno del Congreso.
Una vez que sean aprobadas por la Cámara Baja, el Gobierno es quien tiene que legislar siguiendo previsiblemente las directrices del Pacto de Toledo, que no son vinculantes.
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