La Comisión Permanente del CGPJ adoptó esa decisión el
pasado 19 de julio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) abriera juicio contra Alba por cinco posibles delitos:
prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas a funcionarios.
La Fiscalía pide diez años de cárcel en ese proceso para
Salvador Alba, al que acusa de haber manipulado una instrucción
judicial y orientado la declaración de un imputado con la intención de
perjudicar a la juez de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell,
cuando esta era diputada por Podemos en el Congreso.
Cuando el órgano de gobierno de los jueces decidió suspender a Alba,
este se encontraba de baja laboral, de viaje en las Islas Maldivas y sin
haber dictado la sentencia de un importante caso de corrupción municipal
cuyo juicio había terminado en marzo, el llamado caso Faycán.
Este verano, el TSJC dio instrucciones a sus dos compañeros de sala en
la sección sexta de la Audiencia Provincial para que fallaran sin él ese
procedimiento penal, a lo que Salvador Alba respondió remitiendo al
tribunal su propia propuesta a modo de voto particular, que finalmente
se incorporó a la sentencia.
En un comunicado, el
TSJC precisa hoy que la resolución que le suspende de forma cautelar de
sus funciones como juez le ha sido comunicada formalmente a Alba esta
semana.
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