Los Franco piden al Defensor del Pueblo que impugne la exhumación de su abuelo ante el Tribunal Constitucional

MADRID.- Los siete nietos del dictador Francisco Franco han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que le instan a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno que inicia el proceso de exhumación de los restos de su abuelo enterrados en el Valle de los Caídos.

El escrito lo interpone el abogado Felipe Utrera Molina, en representación de los siete nietos: María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu y Jaime.
La familia Franco reitera en el escrito que la exhumación de los restos del dictador es "en contra de la voluntad de sus descendientes".
Rechaza la forma elegida por el Gobierno, un decreto ley, que, asegura "sólo cabe dictar" en los casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
"No se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata", afirma el escrito, que recuerda que Franco está enterrado en el Valle de los Caídos desde hace 43 años.
Se trata, por contra, añade el texto, de "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación".
La familia Franco considera que el real decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que establece que, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes".
"Las excusas -que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata", señalan.
Aluden así los nietos de Franco a la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.
Los nietos agregan en su escrito que la "extralimitación" del Ejecutivo "que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares" de la familia Franco, sino "al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales".

El defensor del Pueblo critica los símbolos ideológicos en espacios públicos

MADRID.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dicho que el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es "incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología".

Lo ha señalado en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la que ha mostrado "su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes".

Además, ha reclamado a los poderes públicos de Cataluña que respeten "el principio de neutralidad ideológica que debe regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante".

Ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos en Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación y ha deseado que la próxima Junta de Seguridad Estado-Generalitat (este jueves) aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.

Un Estado de Derecho está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea "un espacio compartido", según Fernández Marugán, que ha argumentado: "los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente para preservar la seguridad y la convivencia".

Ha recordado que la Institución ya ha comenzado a recibir y tramitar quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos.

El pasado 7 de agosto amparó a un ciudadano que se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

El Defensor escribió a la Consejera de Salud de la Generalitat afirmando que "la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, que no son partidos políticos o entidades de la sociedad civil".

"Los ciudadanos que acuden a ellas (hospitales, instalaciones policiales, delegaciones de Hacienda y un largo etcétera) tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que se trate, que es de todos y para todos", ha enfatizado el Defensor.

El 30 de agosto el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta solicitó la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos".

Girauta hacía referencia -continúa el Defensor- a la ocupación de las sedes físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalitat o del Govern, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas). representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.

Se aportaban fotografías de instalaciones de la Generalitat así como de los Ayuntamientos de Barcelona, Gerona, Reus, Vich y Berga.

Ante estos hechos, el Defensor ha reiterado: "los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista.

"Ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos -máxime teniendo en cuenta que es permanente- de símbolos propios de una ideología, el respeto a la cual debe cohonestarse con el respeto a las demás que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante", ha aclarado.

El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados.

"El Derecho, expresión de una ética pública, compartida y vinculante, debe prevalecer", según Fernández Marugán, que ha deseado que la Junta de Seguridad Estado-Generalitat que se celebrará este jueves en Barcelona aborde la situación "derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos".

Las quejas al defensor del pueblo crecen más de un 50%

MADRID.- Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.

Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).

En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Servicios públicos y derechos sociales

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.

Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.

Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos". De hecho, ha denunciado la "desigualdad" que ha existido y sigue existiendo en España.

"En el contexto de las políticas sociales al uso, se revelaron como poco poderosas, porque no pudieron neutralizar el deterioro en la condición de vida que venían experimentando las personas con mayores dificultades. Dicho en términos escuetos, la crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España", ha denunciado ante los periodistas.

De hecho, ha señalado a los parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, como los colectivos que, tres años después del final se la crisis, siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

"Los ciudadanos han manifestado una actitud crítica, porque entendían que la respuesta dada por las políticas económicas y sociales no eran las más adecuadas", ha señalado el Defensor del Pueblo, para advertir de que, si alguien cree que estas quejas se han producido sólo "en los años duros de la crisis", se equivoca. "Hay un malestar que se nota en la quejas que se han presentado ahora por parte de los ciudadanos", ha apuntado.

Salir de la crisis no reduce la desigualdad

Para Fernández Marugán, el hecho de que "el momento más duro de la crisis se ha superado" y que en los últimos años "ha crecido el PIB y el empleo", debería ser aprovechado para "revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para "mejorarlas", de tal manera que "se incida en el consumo y en la renta de aquellos colectivos que todavía no han cubierto con dignidad su condiciones de necesidad".

En su intervención, Fernández Marugán ha señalado que "es un error creer que cuando se sale de una crisis se reduce por sí sola la desigualdad".

"La desigualdad es una lacra que sólo podrá corregirse si se lleva a cabo una política de redistribución activa y decidida", ha insistido, para señalar que en España hay "una situación que es preciso corregir".

Así, ha llamado a los políticos a eliminar "dos elementos no muy convenientes" y existentes en la política española que son "las actitudes imperativas y las actitudes excesivamente categóricas". A su juicio, la combinación de estas dos actitudes "dificulta mucho el abordaje de cuestione relevantes" porque "la predisposición a admitir las alternativas de los demás no es muy abundante".

"De estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces de huir y adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas, pero, además, deberíamos hacer que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en estas políticas, no sólo el malestar no se reducirá, sino que se incrementará", ha denunciado.

Reformar la financiación de las comunidades

Como solución, Fernández Marugán llama a regresar al diálogo, la negociación y el pacto, unas prácticas que, en su opinión, "contribuirían a resolver mejor la desigualdad y la ausencia de políticas de distribución".

Basándose en los datos, el Defensor del Pueblo detalla que la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos. En su análisis, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5 por ciento del PIB.

El informe señala que este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Por ámbitos, el Defensor del Pueblo destaca en materia de Dependencia que la crisis y las medidas adoptadas han dificultado la implantación de la Ley y ha pedido una mejora del sistema de financiación actual y una garantía de incorporación de las personas en espera.

En cuanto a pensiones, ha exigido la adopción de medidas para una progresiva mejora de las condiciones salariales, "ya que parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos", ha apuntado.

Protección al hipotecado

"Es preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible", ha indicado.

Finalmente, la Institución también se refiere a los desahucios, que califica como uno de los efectos sociales "más nocivos" de la recesión económica. A su juicio, en esta materia "hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España".

Además, el Defensor denuncia las políticas tributarias decididas durante la crisis "han agravado el proceso de regresivización del sistema fiscal y lo han hecho, además, durante un periodo en el que, para la mayoría de la población, la renta ha estado estancada o disminuyendo".